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El "doble timo" del canon digital

El Confidencial El Confidencial 10/06/2016 Manuel Ángel Méndez
José Ignacio Wert, ex ministro de Cultura que impulsó la reforma del canon digital que hoy ha tumbado el Tribunal de Justicia europeo. (Foto: Reuters) © Proporcionado por El Confidencial José Ignacio Wert, ex ministro de Cultura que impulsó la reforma del canon digital que hoy ha tumbado el Tribunal de Justicia europeo. (Foto: Reuters)

Vuelta al punto de partida. Al bucle infinito. Es la situación en la que el Tribunal de Justicia europeo ha dejado a España tras tumbar ayer el canon digital aprobado en el 2012 por el Partido Popular. Según Luxemburgo, financiar el canon digital con cargo a los Presupuestos Generales en lugar de cobrando a los usuarios de las copias privadas es un disparate que no se ajusta al derecho comunitario. El fallo abre de nuevo la caja de Pandora. ¿Cómo financiar entonces el canon digital? Al ser ilegal hacerlo vía fondos públicos resucita el viejo debate: ¿y si cobramos una tasa a las operadoras, tecnológicas o firmas de internet?

"El sistema de financiación de la compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado no puede garantizar que el coste [del canon] sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas", dijo ayer en su fallo el Tribunal de Justicia europeo. Traducido: el cobro del canon digital en nuestro país se está haciendo desde 2012 de forma indiscriminada, es decir, no lo están pagando solo quienes se benefician de la copia privada, lo hemos estado pagando todos con cargo a los fondos públicos, tanto particulares (personas físicas) como empresas (personas privadas).

"Es como si tienes un accidente de tráfico y pides al Estado que te pague la reparación del coche. No tiene sentido. La tendrá que pagar quien haya tenido la culpa del choque. Desde el 2011, cuando se conoció la sentencia del caso Padaguan, quedó claro: el canon no debe aplicarse a soportes para empresas. Se ha seguido haciendo porque las empresas no tienen forma de quedar exentas del pago en su impuesto de sociedades", explica a Teknautas David Maeztu, abogado especializado en internet.

Para el abogado Carlos Sánchez-Almeida, lo que se ha producido desde el 2008, año en el que se aprobó el canon bajo el gobierno del PSOE, es un "doble timo". "El primero, por el dinero que se ha estado cobrando a empresas que no tenían que haber pagado, algo ratificado ayer justo por el Tribunal europeo. Y el segundo, porque las entidades de gestión aseguran haber tenido un perjuicio económico de 400 millones de euros en los últimos cuatro años. Y eso lo va a tener que acabar pagando el Estado, es decir, todos nosotros. Es un doble timo como una casa".

¿Nuevo intento de 'tasa Google'?

Tras el fallo del Tribunal europeo, llega la gran pregunta: ¿y ahora qué? Y es una pregunta que puede llegar a afectar, o no, a muchas empresas del sector de la tecnología y las telecomunicaciones. Desde luego ese es el objetivo de las entidades de gestión de derechos, como AISGE, AEGEDI, AIE, SGAE o CEDRO, entre otras: volver a un modelo en el que sean los fabricantes de dispositivos para copias privadas (CDs, DVDs, discos duros, MP3s, e incluso móviles), los que pasen por caja para sufragar los más de 100 millones de euros anuales de los que disfrutaban en concepto de canon antes del 2012. Dicho de otra forma: quieren volver al pasado. 

"No entendemos por qué se les ha hecho un favor a los fabricantes de tecnología. No han bajado los precios de sus productos desde 2012 y a nosotros se nos ha bajado de 100 millones a 5 la compensación por copia privada. Muchas personas siguen grabando programas de televisión, haciendo copias de CDs originales o haciendo fotocopias de libros. Eso requiere una compensación de los derechos por parte de los particulares. ¿Por qué cuesta tanto hacerlo en España cuando se hace en Francia, Alemania, Portugal o Italia?", señala Rafael Sánchez Jiménez, director de copia privada y portavoz de EGEDA.

"Pero, ¿en qué mundo viven las entidades de gestión? Siguen con la ficción de que los equipos informáticos y aparatos se utilizan de forma masiva para copias privadas. Estamos en 2016, todo el mundo utiliza Google Drive y servicios similares para almacenamiento, 'streaming' para consumo de contenidos, P2P... Ya no necesitas copia privada si tienes Spotify. Lo lógico es hacer un análisis exhaustivo de quién se beneficia ahora de la copia privada, y no somos los consumidores, son las operadoras, Google y otras firmas de internet", explica Javier de la Cueva, abogado especializado en propiedad intelectual e internet. 

Para de la Cueva, intentar cobrar a las operadoras, o incluso a Google o Microsoft, sería el sistema menos perjudicial (que no el mejor) para arreglar el entuerto del canon digital. "Lo malo es que las entidades de gestión no van por ahí, nunca han demostrado inteligencia para entender cómo ha cambiado el escenario tecnológico y adaptarse, están anclados en los dispositivos, en los CDs y los DVDs, y quieren seguir por ahí".

Una solución "imposible"

Juristas como Maeztu son pesimistas sobre la posibilidad de llegar a una solución que contente a todas las partes y, encima, se ajuste a derecho europeo. "Lo interesante de todo este debate es determinar cuántas copias privadas se hacen en España. Y el problema es que nadie lo sabe, es imposible llegar a un dato fiable. Con la definición tan reducida que tenemos ahora mismo de copia privada, según el artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual, los 5 millones que se pagaban a las entidades me parecen una barbaridad. ¿Quién hace copias privadas ahora mismo? ¿Quién se compra un CD o un DVD para hacer una copia de uso propio? Yo no conozco a nadie".

La opción de cobrar a una operadora una tasa por cada conexión a internet, o a Google, Microsoft y decenas de servicios de almacenamiento, se antoja también impracticable. "¿Cómo saben lo que yo me descargo para decidir si es copia privada o no? Tendrían que monitorizarnos a todos. No tiene sentido. Y al final, por supuesto acabaría repercutiendo al alza en el precio final de los servicios", señala Maeztu.

Para las entidades de gestión, la solución es sencilla. Aplicar el mismo modelo que utilizan varios países en Europa, es decir, hacer pasar por caja a los fabricantes de equipos y soportes electrónicos. "Francia recuada de esta forma más de 218 millones de euros al año, Alemania 180 millones, Italia 80 millones... ¿Por qué no podemos hacer lo mismo aquí".

Según Javier de la Cueva, la respuesta está en la propia definición de copia privada. "La ley en España plantea una definición reducidísima de copia privada. En Europa es mucho más amplia. No es lo mismo pagar un canon por hacer lo que quieras con un conenido, sea en un CD, en YouTube, en Google Drive o en iTunes, que pagarlo solo por hacer una copia de uso privado de un CD original. El problema en España son las entidades de gestión, son piratas de lo público, juegan a ver cómo pueden sacar más y más dinero. Antes de pedir 100 millones anuales, deberían devolver a todos los ciudadanos lo que cobraron indebidamente". 

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