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El fraude político de los aforados

EL PAÍS EL PAÍS 03/05/2014 Ignacio Zafra

La dimisión de Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, como diputada de las Cortes Valencianas, tendrá un efecto paralizador sobre el caso Brugal. Y dificultará la investigación de la pieza separada de esa macrocausa en la que está imputada la regidora por haber amañado supuestamente el plan urbanístico del municipio a favor de un promotor. El caso permanecía en el Tribunal Superior de Justicia valenciano por la condición de parlamentaria, y por ello aforada, de Castedo. Su renuncia, que devolverá las pesquisas a la Audiencia Provincial de Alicante, se enmarca en una epidemia de dimisiones que se produce a pocas semanas de las elecciones europeas del 25 de mayo.

Castedo, el anterior alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y las exconsejeras Angélica Such y Milagrosa Martínez han renunciado a sus escaños en el Parlamento autonómico generando terremotos procesales en las dos grandes causas de corrupción valencianas de los últimos años: los casos Gürtel y Brugal. Castedo anunció hace dos años que ya tenía tomada la decisión de renunciar al escaño y desde entonces ha reconocido que solo esperaba el momento que más le conviniese para hacerlo.

Antes de dimitir, tanto ella como los otros tres diputados dimitidos han exprimido sus opciones para salir bien librados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a base de reclamar reiteradamente su desimputación o el archivo del procedimiento. “Es una utilización política evidente de la figura. Cuando sus gestiones no dan frutos ante el tribunal de aforamiento, dimiten para ir a otro”, afirma Ricard Cabedo, que hasta hace poco fue fiscal superior de la Comunidad Valenciana.

“El modelo da una respuesta manifiestamente insatisfactoria”, sigue el juez de la Audiencia de Valencia José Manuel Ortega, “y es lógico que genere entre los ciudadanos la percepción de que puede manejarse el procedimiento al gusto de algunos imputados; afecta a la confianza en la respuesta penal”. Ortega expresa una opinión extendida en la magistratura, y que los jueces decanos trasladaron al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en una reunión en marzo.

El debate sobre el aforamiento es antiguo. Pero el Grupo Popular en las Cortes Valencianas ha puesto a prueba la figura en esta legislatura como nunca antes en España. Hasta 13 de sus diputados han estado imputados desde los comicios de mayo de 2011: Jorge Bellver, Francisco Camps, Ricardo Costa, Pedro Ángel Hernández Mateo, Rafael Blasco, Angélica Such, Milagrosa Martínez, Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda García y Alicia de Miguel.

Alguno, como Hernández Mateo, ha sido condenado a prisión mientras conservaba el acta de diputado. Otros, como Costa y Alperi, han sido imputados por hechos nuevos cuando ya estaban inmersos en otros procedimientos judiciales por corrupción.

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, con el presidente valenciano, Alberto Fabra, en las Cortes al principio de la legisltaura © carles francesc La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, con el presidente valenciano, Alberto Fabra, en las Cortes al principio de la legisltaura

Las dimisiones de Martínez (La Perla para la trama Gürtel) y Such se produjeron con la investigación cerrada y las fechas del juicio señaladas. La remisión del caso a la Audiencia de Valencia ha sido rechazada por la fiscalía, que quería mantenerlo en el TSJ, y será el Supremo el que decida dónde debe juzgarse. La dilación será aproximadamente de un año. En el caso Brugal, que aún está en fase de instrucción, las consecuencias pueden ser peores. “En fase de investigación el problema es grave. En causas complejas y muy voluminosas, el nuevo juez va a tener que ponerse al día del procedimiento rápidamente y empezar a tomar decisiones”, señala Ortega.

El aforamiento nació para proteger a los representantes políticos de interferencias espúreas de la justicia y para reforzar la independencia de los magistrados en los casos que afectasen a poderosos, reservando tales casos para órganos superiores. “Pero hoy día no tiene razón de ser, más allá de la desconfianza que pueda existir hacia el juez de instrucción”, opina el catedrático de Derecho Penal Juan Carlos Carbonell.

La investigación de las causas con aforados, generalmente complejas añade Carbonell, recae en órganos que no están pensados para ello, que carecen de medios y cuyos magistrados, en ocasiones, nunca han instruido un procedimiento. Ante las disfunciones, los expertos consultados reclaman cambios. El catedrático propone la supresión del aforamiento. El juez Ortega, que al menos quede fijado por ley un momento a partir del cual la competencia del órgano judicial no puede modificarse a voluntad de un imputado. Y el exfiscal superior Cabedo, que los jueces ordinarios instruyan y el aforamiento quede reservado, “si se quiere”, para el tribunal de enjuiciamiento.

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