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El Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional acuerdan un alto el fuego

Logotipo de El Mundo El Mundo 30/09/2017 SALUD HERNÁNDEZ-MORA
© Proporcionado por elmundo.es

El Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron el viernes un alto el fuego que entrará en vigor el domingo. Es una tregua temporal y limitada a cuatro acciones criminales. Pero nunca antes

el ELN (Ejército de Liberación Nacional)

había firmado un pacto con un Ejecutivo para bajar la intensidad de su terrorismo.

Su compromiso se circunscribe a tres meses -desde el 1 de octubre hasta el enero próximo-, y a cuatro tipos de atentados. En primer lugar, no atacará la infraestructura, en especial los oleoductos que causan graves daños económicos al país y generan desastres naturales en las regiones donde el petróleo es derramado. El accidente de esta semana en el departamento Norte de Santander anegó los sembradíos de casi un centenar de campesinos pobres.

En cuanto a las minas antipersona, una de las armas favoritas de la que ha sido siempre la segunda guerrilla en importancia en el país -pese a que la mayoría de las víctimas son labriegos de lugares remotos, olvidados por los gobiernos- el ELN "avanzará en el programa piloto de desminado humanitario".

Respecto al reclutamiento de menores de edad, aceptan no seguir llevándose a sus filas niños por debajo de 15 años. Si bien en Colombia la mayoría de edad empieza a los 18, el ELN baja el listón hasta la edad reseñada.

Por último, afirman que no volverán a "privar de la libertad", como llama el grupo al secuestro, a ciudadanos nacionales ni extranjeros. Tendrán que liberar a los cuatro cautivos que mantenían en su poder para exigirles una cantidad económica. Por regla general, el ELN cobra el rescate bajo la mesa antes de liberarlos. En el acuerdo presentado el viernes públicamente, no hablan del impuesto revolucionario que tiene agobiados a pueblos enteros, ni del narcotráfico, su principal fuente de financiación, ni de la minería ilegal de oro, otro ingreso multimillonario y una actividad que causa estragos en la naturaleza.

A cambio,

Juan Manuel Santos

firmó un decreto que "ordena al Ministro de Defensa, a las Fuerzas Militares y a la Policía un cese al fuego con el ELN a partir de las cero horas del domingo primero de octubre". El presidente, en el comunicado enviado por su oficina de comunicaciones, indica que la guerrilla, "debe cesar toda acción ofensiva contra nuestras Fuerzas Armadas y Policía", algo que no incluía el documento del pacto. Pero alias 'Gabino', máximo jefe de la organización terrorista, envió un vídeo en el que instaba a todos sus subalternos a no realizar ningún ataque. Eso sí, Santos dijo que las Fuerzas Armadas y la Policía combatirán cualquier delito que el ELN cometa durante la tregua.

Además de lo dicho por Santos, el Gobierno acepta unas peticiones que el ELN lleva tiempo haciendo. Una es "fortalecer los sistemas de alertas tempranas para proteger a los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos". Se refiere a proteger a esos líderes puesto que ya van más de 100 asesinados. Lo que callan es que muchos de ellos los mata el propio ELN, según ha indicado la Fiscalía General.

Así mismo, "mejorará las condiciones de los presos", que, al igual que el resto de internos, sufre una condiciones infrahumanas en numerosos penales por el hacinamiento. Y, por último, "aplicará normas relacionadas con la despenalización de la protesta social", algo que no se entiende muy bien en qué consiste. En Colombia están permitidas y son frecuentes los paros y las manifestaciones, que cortan con frecuencia carreteras nacionales, invaden fincas particulares y causan desórdenes graves, además de que atacan a los antidisturbios con explosivos y armas artesanales. En esos casos, detienen a algunos de los que protestan usando la violencia.

Las dudas que surgen son relativas a cómo las Fuerzas Armadas y la Policía actuarán en las regiones donde el ELN no está solo sino que también existen otras bandas criminales.

El alto el fuego, dijo Santos, tiene "un propósito humanitario para proteger principalmente a la población civil, para defender sus derechos y libertades".

Será una comisión integrada por la ONU, la Iglesia Católica, el Gobierno y el ELN, la responsable de supervisar el cumplimiento de lo acordado.

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