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El Gobierno de Obama apoya a Argentina en el Tribunal Supremo de EE UU

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 22/04/2014 Alejandro Rebossio

El Gobierno de Barack Obama alterna los acercamientos y los distanciamientos respecto al de Cristina Fernández de Kirchner, según lo que ella vaya haciendo. Esta vez, el Ejecutivo norteamericano la apoyó. Fue en un juicio en el Tribunal Supremo de EE UU por una demanda del grupo minoritario de acreedores que litiga contra el país sudamericano para develar dónde tiene este activos embargables. Un representante del Gobierno de Obama respaldó la posición de Argentina, que defendía que no corresponde dar esa información porque se trata de bienes protegidos por la inmunidad soberana y que, además, muchos de ellos se encuentran fuera del territorio estadounidense.

La historia comienza con la mayor suspensión de pagos de un país en la historia - en 2001 - cuando Argentina dejó de abonar en plena crisis una deuda superior a los 80.000 millones de dólares. En 2002, diversos propietarios de títulos públicos argentinos comenzaron a litigar en EE UU y otros países donde se habían emitido. En 2005 y 2010, el 93% de los acreedores aceptó canjear la deuda por bonos que supusieron una quita respecto de la original. Pero el 7% restante sigue litigando, mientras que el Gobierno de Fernández aún no ha puesto en práctica la ley ya votada para la apertura del canje por tercera vez.

La campaña judicial está encabezada por los llamados fondos buitre. Estos se encargan de comprar en rebajas bonos de países y empresas que están cerca de la bancarrota para después rechazar las reestructuraciones e intentar el cobro del 100% de lo adeudado en los tribunales o en acuerdos extrajudiciales.

Este lunes, los nueve magistrados del Tribunal Supremo de EE UU escucharon en una sesión al abogado representante del fondo buitre NML, que pide al Bank of America y al estatal Banco de la Nación Argentina que desvelen dónde hay activos embargables del país sudamericano en todo el mundo. Un fallo de primera instancia y otro de segunda en EE UU ordenaron a Buenos Aires que cumpliera con la petición del acreedor. El Tribunal Supremo norteamericano aceptó discutir la cuestión, lo que fue celebrado por Argentina, dado que la mayoría de los casos no suele llegar a debatirse en la máxima instancia de la justicia de la superpotencia. El Gobierno de Fernández sostiene que sus activos se encuentran protegidos por la inmunidad soberana. Algunos de los magistrados del Tribunal Supremo de EE UU reconocieron este lunes que los bienes militares y diplomáticos debían mantenerse protegidos, mientras que otros admitieron que no se podía disponer sobre activos fuera del país. Pero la resolución del tribunal solo se conocerá en unos meses.

En esta ocasión, la noticia estuvo en el apoyo del Gobierno de Obama a la tesis de Argentina. En los juicios de los fondos buitres contra el país sudamericano en EE UU, la administración demócrata había sostenido ya alguna vez la posición argentina, no por apoyar a Fernández sino para evitar que se sentara un precedente en contra de futuras reestructuraciones de deuda de otros países. Es decir, para impedir que los fondos buitres hicieran caer canjes de títulos públicos.

Pero el año pasado, el Gobierno de Obama cambió el apoyo por el silencio, como modo de presionar a Argentina para que comenzase a pagar sus deudas a empresas norteamericanas que habían ganado en juicios internacionales. Buenos Aires reaccionó, acordó esos pagos y, en 2014, inició un giro económico que ha merecido el elogio de funcionarios del Gobierno de EE UU. Quizás en ese contexto se pueda entender lo que sucedió este lunes en el Tribunal Supremo norteamericano.

Cristina Fernández, durante un acto en La Plata. Cristina Fernández, durante un acto en La Plata.

El representante del Ejecutivo de EE UU en el juicio, Edwin Kneedler, defendió a Argentina al sostener que la petición de información de NML a los bancos violaba la ley de inmunidades extranjeras. Reconoció “preocupación” por los fallos a favor del fondo buitre por el impacto que podrían tener en “otras áreas”, sin especificar cuáles.

El juicio de este lunes es uno complementario de otra causa más importante por la que NML y otros acreedores demandan a Argentina por el pago de 1.300 millones de dólares. Este caso ya recibió dos fallos favorables a los demandantes y puede obligar a Argentina a caer en suspensión de pagos. No es que el país sudamericano carezca de ese dinero sino que un juez y un tribunal de apelaciones de EE UU han determinado que no podrá seguir pagando sus deudas a los acreedores que canjearon sus tenencias en 2005 y 2010 hasta que no se abonen esos 1.300 millones.

Argentina se niega a privilegiar a los litigantes pagándoles el 100% de lo demandado cuando la inmensa mayoría de los bonistas aceptó quitas de hasta la mitad del valor de la deuda original. Por eso es que caería en suspensión de pagos de la deuda regularizada, a menos que cambie de posición. Pero antes de que eso suceda, el Gobierno de Fernández ha apelado también en este juicio al Tribunal Supremo de EE UU, que aún no ha determinado si lo analizará.

Francia, México y Brasil se han presentado en esta causa como amigos de Argentina porque consideran que también puede sentar un mal precedente para otras reestructuraciones de deuda. El Gobierno de EE UU aún no lo ha hecho.

Si el Tribunal Supremo norteamericano rechaza adentrarse en esta otra discusión, entonces quedarán ratificados los fallos que obligan a Argentina a pagarles primero a los litigantes y después a los que aceptaron los canjes. Entonces, Buenos Aires se enfrentará al dilema de ceder ante los fondos buitres o declararse en suspensión de pagos.

Pero si el máximo tribunal de EE UU acepta el caso, Argentina ganará más tiempo. Después, sobrevendría el fallo definitivo a favor de los fondos buitres o de Buenos Aires, que sostiene que la cláusula de igualdad de trato a los acreedores - que estaba presente en los títulos originales - implica que todos reciban el mismo dinero en caso de una reestructuración aceptada por la inmensa mayoría de ellos.

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