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El Gobierno May, dividido por su estrategia europea

Logotipo de La Vanguardia La Vanguardia 29/09/2017
La premier Theresa May, junto al gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney , ayer en Londres © Image LaVanguardia.com La premier Theresa May, junto al gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney , ayer en Londres

El pueblo británico está dividido entre quienes apoyan el Brexit con entusiasmo y quienes lo aceptan con resignación, con esa frase tan contemporánea y fatalista de que “es lo que hay”. La oposición laborista tira balones fuera. Y el Gobierno conservador se encuentra más fragmentado que nunca sobre los términos del divorcio, lo que significa y sus probables consecuencias.

Con ese panorama, no es de extrañar la creciente irritación de la Unión Europea por la falta de definición de sus interlocutores en las negociaciones para cerrar la relación actual y abrir otra nueva. No es sólo que la primera ministra, Theresa May, se resista a mostrar sus cartas, es que en cuanto lo hiciera se le echarían encima los partidarios más fanáticos de una ruptura incondicional, encabezados por el oportunista ministro de Exteriores, Boris Johnson, y el exlíder del UKIP Nigel Farage, con el apoyo de la prensa nacionalista.

El discurso conciliador de May la semana pasada en Florencia no ha tenido el efecto balsámico que esperaba la primera ministra. Bruselas sigue exigiendo una mayor definición sobre cuánto dinero está dispuesto a pagar el Reino Unido como factura de salida, la manera de preservar los derechos de los tres millones de ciudadanos europeos en el Reino Unido y de impedir la creación de una “frontera dura” entre el Ulster y la República de Irlanda. Pero lo más grave para la premier es que su ministro Johnson ha tomado una posición de abierta rebeldía como abanderado del Brexit más duro, como si quisiera provocar su cese. Fuentes oficiales aseguran que ha estado varias veces en un tris de dimitir, y cuestionan cuánto tiempo más puede durar en el cargo.

Los ‘tories’ no han dudado en tirar por tierra su reputación como guardianes de la prudencia económica

Johnson –quien hasta la víspera misma del referéndum no decidió si estaba a favor o en contra del Brexit– presume ante periodistas afines de haber cambiado el mensaje de May en Florencia, haber vetado la posibilidad de adoptar una fórmula como la de Noruega (que permitiría seguir en la unión aduanera y tener máximo acceso al mercado único) y haberla “obligado” a poner un tope de dos años al periodo de transición. Aunque Downing Street no se ha pronunciado al respecto, el ministro de Exteriores afirma que durante esa fase de implementación Londres no asumiría nuevas directivas de la Comisión o los tribunales europeos, limitándose a aceptar las ya existentes.

Por otro lado, de la cuerda tira con mayor sutileza y la misma fuerza el ministro de Economía, Philip Hammond, escéptico del Brexit y apoyado por la City y la patronal para diluir y retrasar lo más posible sus consecuencias. Pero muestra de la complejidad de equilibrios en el seno del Gabinete es la revelación de que, tras el fracaso de May en las elecciones del pasado junio y la pérdida de la mayoría absoluta, le ofreció su apoyo a Johnson en caso de que quisiera dar un golpe e intentar hacerse con las riendas de Downing Street. Algo que el exalcalde de Londres no se ha atrevido hasta ahora a hacer, pero no lo descarta.

“Es difícil que haya progreso significativo en las negociaciones con Bruselas cuando el Gobierno británico se halla paralizado, como un ciervo deslumbrado en la carretera por las luces de un coche que se dispone a atropellarlo –señala el analista Steve Monaghan–. Lo que no puede pasar no está pasando, por mucho que se reitere el mantra de que el Brexit es la voluntad del pueblo. La mitad del país está subida al tren, empujando hacia delante y preguntándose cuál será el destino final. Mientras la otra mitad contempla pasiva desde la estación un convoy que no tiene máquina, ni conductor, ni ruedas. Y que por el momento no va a ninguna parte”.

La gran mayoría de europeos residentes en Gran Bretaña (y también muchos de los que no lo son) ven el Brexit como un ejercicio de nacionalismo arrogante, egoísta, aislacionista e incluso dudosamente democrático (por las mentiras que plagaron la campaña de los partidarios de la ruptura). Pero el Gobierno de Theresa May lo defiende como un ejercicio de soberanía y el derecho a decidir, esencialmente pragmático, impulsado por los cambios sociales que han desatado la inmigración y la globalización. Como viejo imperio mercantil, para el Reino Unido el motor de todo ha sido siempre el comercio. Y sigue aferrándose a la noción optimista de que, cuando llegue la hora de la verdad, Alemania dará prioridad a seguir exportando sus Porsches, Mercedes y Audis, Francia a seguir vendiendo sus quesos y vinos, y Bruselas a que no haya agujeros en su presupuesto. Y, a cambio de dinero, accederán a dar a Londres un trato especial hecho a su medida, distinto del de Noruega, Suiza o cualquier otro país, que le permita estar a las maduras pero no a las duras, y seguir disfrutando desde fuera la gran mayoría de privilegios del mercado único, un objetivo puesto en duda por la realpolitik de la diplomacia y las finanzas. En su fantasía revolucionaria, los tories han arrojado de sus alforjas la reputación de guardianes de la prudencia económica que ha hecho de ellos el partido natural del poder.

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