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El Govern devalúa el referéndum

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 27/09/2017 Camilo S. Baquero, Pere Ríos
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El portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, y el 'president' Carles Puigdemont, ayer, en Palau © JOSEP LAGO (AFP) El portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, y el 'president' Carles Puigdemont, ayer, en Palau

A cinco días del referéndum en Cataluña, la logística y las garantías de la votación son una incógnita. El Govern insiste en que habrá urnas, pero es hermético en los detalles. Si el vicepresidente Oriol Junqueras ya admitió la semana pasada que la operación policial contra los organizadores del referéndum había dejado “tocada” la votación, este martes el portavoz del Govern, Jordi Turull, admitió que el Gobierno ha “triturado” las garantías de la votación. El consejero eludió explicar, por ejemplo, quién hará el recuento de los votos tras la disolución forzada de la sindicatura electoral. Turull cree que, pese a la falta de garantías, se podrá votar. “Todo el mundo habrá visto que hay cosas que no se han podido hacer por el estado de excepción en Cataluña”, intentó justificar Turull.

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Hace 21 días el president Carles Puigdemont convocó el referéndum —también suspendido por el Constitucional— y ya todos los preparativos para la votación han sido neutralizados en diferente medida por parte del Gobierno. El último se produjo ayer, cuando la Fiscalía catalana ordenó a los Mossos el precinto de las escuelas y locales designados como puestos de votación. La Guardia Civil intervino hace una semana 9,8 millones de papeletas y las citaciones que debían recibir los miembros de las más de 3.000 mesas electorales. Además, el Tribunal Constitucional multó a los cinco miembros de la sindicatura electoral con 12.000 euros diarios, lo que forzó su disolución.

“Ante cada problema, una solución”, dijo ayer Turull en la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo catalán. Es el mantra con el que el Govern intenta transmitir tranquilidad a sus bases sobre la celebración del referéndum y cuyos detalles dice no revelar aún para “proteger” a los ciudadanos. Turull mostró cierta impotencia ante un Gobierno central del que dijo, “tritura todas las garantías” y ante una Fiscalía que tiene “barra libre”.

El portavoz ni siquiera quiso confirmar las declaraciones de la número dos de ERC, Marta Rovira, que horas antes había dicho en una entrevista a Flaixbac que se están enviando las cartas a los miembros de las mesas. La sindicatura había fijado que los miembros de las mesas debían ser notificados hasta “el cuarto día hábil antes del referéndum”. Es decir, ayer. Anoche no había trascendido ninguna notificación.

Sin sindicatura

“El Govern está concentrado para que se vote con normalidad”, aseguró Turull. En el aire también está quién asume otras tareas que la ley atribuye a la sindicatura, como el escrutinio. La Generalitat no revela quiénes serán los académicos internacionales que certificarán los resultados y solo pudo insistir en que el recuento se hará “de la forma más ágil y rápida posible”.

La Generalitat se salta así lo que establece la ley que la mayoría independentista aprobó en el Parlament. Una situación que Turull insiste en que no impide que se haga el referéndum y una anomalía dentro del marco conceptual independentista que cree que la ciudadanía entenderá dado el “estado de excepción” que se vive en Cataluña.

“El 1 de octubre no es un simple trámite, el ciudadano sabe perfectamente las consecuencias de su voto”, advirtió Turull. El portavoz recordó que es el Parlament el encargado de gestionar el resultado de las urnas. En el caso de un triunfo del sí, añadió, la ley de transitoriedad da un margen de 48 horas para declarar la independencia en un pleno ordinario del Parlament. Turull desmarcó la posición del Govern de la de otros líderes del PDeCAT, como el diputado Carles Campuzano, que ayer descartó una declaración unilateral de independencia y pidió “un proceso de negociación con el Estado” al margen del resultado del referéndum. Desde la CUP, la también diputada Ana Gabriel recordó que la declaración de independencia figura en la llamada ley de desconexión.

Estas son algunos de los reveses que ha sufrido la logística del referéndum hasta ahora.

Legislación electoral.La ley del referéndum y el decreto de normas complementarias que aprobó el Parlament los días 6 y 7 de septiembre fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional en los días siguientes. Eso supuso en la práctica la suspensión del decreto de convocatoria que firmó Puigdemont y todo su Gobierno, contra los que la Fiscalía se querelló por prevaricación, desobediencia y malversación.

Papeletas.La Guardia Civil se incautó el pasado día 20 de casi diez millones de papeletas para el referéndum en un registro en una nave industrial de Bigues i Riells (Barcelona). Los agentes intervinieron también actas de sesión de escrutinio, de constitución de mesa electoral y otro tipo de formularios.

Sindicatura electoral. El órgano que había de actuar como junta electoral central se disolvió hace cinco días, después de que el Tribunal Constitucional impusiera a sus cinco miembros, dos suplentes y a los 15 de las juntas territoriales multas diarias de entre 12.000 y 6.000 euros. Esas personas, designadas por el Parlament, tenían encomendadas, entre otras labores, el escrutinio del referéndum, por lo que a partir de su disolución las garantías de imparcialidad en el recuento aún mermaron más.

Mesas electorales. Correos envió una circular a todas sus oficinas para que vetasen el envío de las notificaciones a las 55.000 personas que han de conformar las mesas electorales como presidentes, vocales o suplentes. Esquerra dice que se enviaron ayer. En el documento se advierte a las personas que supuestamente han sido elegidas por sorteo de que tienen tres días para recurrir. No ante la disuelta junta electoral, sino en una web que está clausurada por la Guardia Civil.

Urnas. Es el secreto que parece guardar con mayor recelo la Generalitat. El Gobierno cree que están fuera de Cataluña, porque si no ya las habría encontrado la Guardia Civil. Un dirigente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) aseguró hace unos días al diario francés Le Monde que se encontraban en el consulado de Barcelona de un país amigo.

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