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El impulso de nuevos vientos económicos

EL PAÍS EL PAÍS 17/06/2014 Miguel Ángel García Vega
Playa frente al hotel Ritz Carlton en Isla Verde, al noreste de Puerto Rico. © Franz Marc Frei Playa frente al hotel Ritz Carlton en Isla Verde, al noreste de Puerto Rico.

Es casi imposible encontrar abrigo de los vientos económicos en una isla. ¿Cómo levantar un espigón contra el paro, una deuda asfixiante o la diáspora a Estados Unidos de una generación de profesionales en busca de una vida mejor? Puerto Rico afronta estos problemas. El déficit público es de 72.000 millones de dólares (52.800 millones de euros), la participación laboral anda en el 40% (la mitad de la población que puede trabajar no lo hace) y ya viven más puertorriqueños fuera (cuatro millones) que dentro de su tierra (3,6 millones). Nada le ha resguardado. Ni siquiera su condición, desde 1952, de Estado Libre Asociado (ELA) de Estados Unidos, que le garantiza 17.000 millones de dólares (12.400 millones de euros) al año del Gobierno federal.

Sin embargo, mantiene intacto su deseo de construir una Arcadia en el Caribe y dejar atrás ocho años de crisis que han reducido su economía un 15%. Por eso, el gobernador Alejandro García Padilla, de 42 años, elegido en enero de 2013, ha puesto sobre la mesa un ambicioso plan que es una hoja de ruta hacia una nueva prosperidad. Esta esperanza la sintetiza Jaime Tamallo, responsable de la aseguradora Mapfre en Norteamérica: “Vemos con preocupación la situación económica de la isla, pero las medidas de la actual Administración van por el buen camino”.

Las iniciativas del Gobierno para levantar la economía deben servir también para realizar autocrítica interna: algo falla cuando la tasa de participación laboral es solo del 40%

El documento busca una economía diversificada, atraer inversiones extranjeras, potenciar el turismo (supone el 7% del PIB y casi el 90% procede de Estados Unidos), rebajar la factura energética de las empresas, reimpulsar la agricultura, crear más infraestructuras con la ayuda del mundo privado, reorganizar la educación y reducir el enorme déficit público sin que sufran los más vulnerables. “El plan es un ambicioso catálogo de proyectos que de manera individual son positivos”, reconoce José Joaquín Villamil, presidente de la consultora Estudios Técnicos. De hecho, el Gobierno ha sido prudente en la proyección del crecimiento del ELA. Hasta 2018 no se alcanzará el 2%. Es una forma de admitir, apunta Villamil, que la contracción tan prolongada y profunda de Puerto Rico es muy compleja y requiere cambios radicales en las estructuras económicas.

El problema del territorio viene de lejos. El economista y fundador de la consultora Inteligencia Económica, Gustavo Vélez, lo traza en la memoria y sitúa en 2005 el comienzo de la crisis. Ese año se dejan de aplicar los beneficios de la ley federal Sección 936. “Esta norma proveía lucrativas ayudas fiscales por parte de Estados Unidos a las empresas industriales que se instalaran en la isla. De esta manera, el ELA se convirtió en un centro mundial de producción y exportación de medicamentos, artículos electrónicos y productos químicos”, dice Vélez. Pero al perder los incentivos, también perdió su capacidad de retener y atraer a la industria.

Ocho años después, la actual Administración admite que “enfrenta el escenario económico más retador de los últimos tiempos”. En febrero pasado, las firmas de calificación de riesgos Standard & Poor’s (S&P) y Fitch degradaron la deuda de la isla a la categoría de bono basura y le recordaron a Puerto Rico dos palabras urbi et orbi: “recortes” y “austeridad”. Tanto la deuda pública como el déficit fiscal (1.200 millones de dólares) son muy altos. Y eso genera intranquilidad. “Será difícil solucionar el elevado déficit público a menos que el crecimiento económico sea más fuerte”, advierte desde Dallas (Estados Unidos) Horacio Aldrete-Sánchez, experto de Standard & Poor’s. Un análisis que comparte, y matiza, Guillermo Gómez, country officer en Puerto Rico de Citi. “Es difícil rebajar la deuda a corto plazo, pero lo bueno es que está bien estructurada y no tiene vencimientos elevados próximos”.

A esa puerta medio entornada se asoma García Padilla, quien sabe bien lo que le piden con esas frases las calificadoras y los mercados financieros. “Con el fin de enfrentar esta situación, hemos impulsado medidas para promover la recuperación económica y lograr un estándar de vida digno para la población”, relatan fuentes gubernamentales. ¿Las recetas? “Reducir de una manera sensible los gastos [la calificadora Moody’s habla de recortar 1.360 millones de dólares] para mantener los servicios a los ciudadanos, conservar los puestos de trabajo vigentes, bajar la nómina a través de la jubilación, congelar las plazas [públicas] vacantes, fusionar agencias, disminuir la contratación de servicios profesionales y reorganizar el departamento de educación”.

Uno de los grandes retos es lograr que retornen los nativos de Puerto Rico. Ya viven más fuera (cuatro millones de personas) que dentro de la isla, que tiene 3,6 millones de habitantes

Iniciativas que tienen que servir también para la autocrítica de los puertorriqueños. Algo falla cuando la tasa de participación laboral es solo del 40%. “Hay que revisar los salarios, pues por la manera en que están configuradas las ayudas sociales resulta más atractivo no participar en el mercado laboral”, observa Rosario Rivera, presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR). De hecho, “la isla está obligada a aplicar el salario mínimo estadounidense, lo que hace que producir sea caro”, precisa Robert Tornabell, profesor de Esade. Aun así, la desigualdad con Estados Unidos resulta enorme. El ingreso medio en la isla es de 1.300 dólares al mes, mientras que en su socio norteño es de 4.000 dólares.

Precisamente es allí, en el Norte, donde se halla uno de los problemas que frenan a la isla. Hasta que no se resuelva el estatus político de Puerto Rico parece difícil crear un programa de concertación nacional que conduzca a una estrategia económica común a largo plazo. Y en este tema las posturas van desde la integración hasta la independencia. “La situación resulta insostenible y su solución requiere que Puerto Rico se integre permanentemente en el sistema político y económico de Estados Unidos, y que su Gobierno tenga la mayor disciplina fiscal”, reflexiona Pedro Pierluisi, comisionado residente en Washington y rival político de García Padilla. A medio camino, Gustavo Vélez propone “convencer a Estados Unidos para maximizar los poderes autonómicos del ELA, sobre todo en comercio internacional”.

Porque buena parte del futuro de la isla se dirime en su capacidad para atraer inversiones extranjeras sin el reclamo de las ayudas fiscales. Este año ya han llegado Lufthansa (56 millones de dólares), Infosys y Honeywell Aerospace (35 millones). Más que el tamaño de esos números, lo valioso es que marcan el camino. “Puerto Rico necesita reinventarse y convertirse en una economía de servicios. Hay muchas actividades que crecen y que tienen buenas perspectivas: aeronáutica, tecnologías de la información, biotecnología, investigación”, desgrana Andrés Salinero, consejero económico en San Juan de Puerto Rico del Icex. Se puede, por tanto, captar ese dinero sin convertir al territorio es una nueva Irlanda fiscal. “Es posible atraer capital exterior reduciendo los costes de hacer negocios. Por ejemplo, flexibilizando leyes y reglamentos laborales”, propone Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía.

REVERTIR LA EMIGRACIÓN

En el fondo, el gobernador Alejandro García Padilla plantea un profundo programa de reformas, que algunos economistas, como Villamil, creen que debería pasar por reducir el elevado coste del kilovatio hora que pagan las industrias (aumentó de 18 centavos de dólar en 2001 a 29 durante 2013), atraer una inversión recurrente anual de 4.000 millones de dólares (con lo que el PIB crecería un 3%) y frenar la sangría de 10.000 millones que se pierden por el sumidero de la economía sumergida.

Si todas estas reformas tuvieran éxito, resolverían el problema social más grave de la isla: la diáspora de nacionales fuera del territorio. La crisis económica ha provocado que mucha población joven y preparada emigre a Miami, Nueva York o Washington. Viven más puertorriqueños fuera del ELA que dentro. Sin embargo, este lastre “podría también ser un activo para el desarrollo del territorio si logramos hacer regresar ese acervo de conocimientos y capital que han desarrollado fuera”, sostiene Sergio Marxuach. Es factible. China, India e Israel consiguieron revertir sus diásporas nacionales.

Y en esa fuerza de atracción hacia la isla, el programa de visas (otorga a los ciudadanos foráneos la residencia en Estados Unidos si invierten un millón de dólares que cree 10 empleos directos) es un gran aliado. La iniciativa (empezó en 1990) tiene dos grandes virtudes: ha mejorado la maltratada imagen de Puerto Rico en Norteamérica y ha impulsado el mercado inmobiliario.

Sobre estos cambiantes vientos se mueve el Estado Libre Asociado. Es consciente de que tiene que aumentar su inversión en I+D, relanzar el sector manufacturero y conseguir la necesaria disciplina fiscal para que solo se emita deuda si impulsa la actividad productiva. Pero también, si queremos entender de verdad la economía de esta tierra, hay que escuchar a Juan Ramón Jiménez, quien construyó una profunda relación con la isla. En ella se exilió, supo de su Nobel de Literatura y murió en 1958. “Yo pasé la vida cayéndome y levantándome”, escribió el poeta. Como Puerto Rico.

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