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El mercado negro de la boticaria

EL PAÍS EL PAÍS 23/05/2014 Jaime Prats
El mercado negro de la boticaria © MARCELLO MENCARINI -LEEMAGE- El mercado negro de la boticaria

En Palomar de Arroyos (Teruel, 184 habitantes) hay un bar y un modesto supermercado que abre hasta mediodía -“el pueblo no da para más”, comenta Pilar Juárez, la dueña del establecimiento-. También había una farmacia, que atendía a otros tres municipios de la comarca, pero el juez la ha clausurado por tráfico ilegal de medicamentos. Los vecinos de la localidad aún no se han repuesto de la sorpresa al enterarse de que su pequeña botica era la base de operaciones de un negocio fraudulento dirigido por Amparo, la farmacéutica, ahora en prisión.

“Nos parecía una buena persona, pero claro, no sabemos lo que habrá hecho”, comenta Gerónimo Muñoz, de 82 años, de paseo junto a su mujer, Silvia Andrés, de 74. “Con nosotros siempre era muy amable”, añade. La Guardia Civil precintó el establecimiento el viernes de la semana pasada y, desde entonces, no hay más tema de conversación en la localidad. “Nos quedamos todos a cuadros, anonadados”, señala Pilar en el supermercado, “ha sido una sorpresa”. “Nunca vimos nada raro”, interviene Teresa Puerto, una vecina que se ha acercado a comprar el pan. “El trato con ella era muy bueno, pero claro, estamos indignados; encima de la que ha montado, nos deja sin farmacia”, añade la tendera.

Las investigaciones del equipo de Delincuencia Organizada de la Guardia Civil en Teruel apuntan a que la detenida pedía fármacos a nombre de sus clientes sin su conocimiento, los facturaba al Servicio Aragonés de Salud y, posteriormente, los revendía en el mercado negro en una parafarmacia de Enguera (Valencia) de la que era copropietaria. En el momento de su detención, los agentes se incautaron de un millar de fármacos destinados a la venta fraudulenta.

Unos 500 habitantes de la zona se han quedado sin farmacia. De Palomar, pero también de Castel de Cabra, Torre de las Arcas y Cañizar del Olivar, donde la farmacéutica, de 46 años, se desplazaba para atender sus recetas. “Me han fastidiado bien”, comenta Julio, de 80 años, de camino a su pequeña huerta a las afueras de Palomar de Arroyos. En una mano lleva una pequeña azada, en la otra, una voluminosa regadera de plástico. “Me tomo al día 10 pastillas, tengo todas las enfermedades que hay en el mundo”, comenta sin entrar en detalles sobre sus dolencias, “¿y ahora qué hago?”.

“Es una situación muy lamentable, la mayoría de los vecinos son mayores y el cierre les obliga a desplazarse para retirar la medicación, la farmacia más cercana está a ocho kilómetros, en Escucha”, explica Ernestina Juárez, de 44 años, la alcaldesa de la localidad (PSOE). “Estamos en negociaciones con el departamento de salud de Aragón para que abran un botiquín en el pueblo y los pacientes vuelvan a tener un acceso fácil a medicamentos”.

Las investigaciones arrancaron hace tres meses. Fue a partir de las denuncias presentadas ante el departamento de Salud de Aragón por pacientes que al acudir a su farmacia a retirar medicación les indicaban que los medicamentos ya se habían dispensado en Palomar de Arroyos, donde pasaban las vacaciones.

Por entonces, las autoridades sanitarias ya estaban tras la pista, como relatan fuentes del departamento de salud. Los técnicos del Gobierno de Aragón habían observado que el volumen de ventas y de resguardos de medicamentos –el código de cartón que recorta el boticario- que enviaban desde la botica para su reembolso por parte de la sanidad pública aragonesa eran demasiado elevados para tratarse den una pequeña farmacia rural. “Se activó el protocolo ante la sospecha de un fraude a la Seguridad Social y se dio parte a la Guardia Civil, que comenzó a investigar el caso”, añaden.

El fraude consistía en solicitar medicamentos a nombre de pacientes registrados en la farmacia. Tras recortar el código de barras, los cupones se remitían a la sanidad aragonesa para cobrar por ellos. Y los medicamentos, sin su identificación, se desviaban al mercado negro, para venderlos en la parafarmacia de Enguera, de forma que cobraban dos veces (a la Administración y al cliente que los adquiría sin receta) por el mismo fármaco.

Tras pasar a disposición del Juzgado número 3 de Teruel, a la farmacéutica se le acusa de un delito contra la salud pública, falsificación de documento público (las recetas) y estafa al Servicio Aragonés de Salud. Quedó en libertad el lunes tras pagar 40.000 euros. Pero por poco tiempo. Volvió a entrar en la farmacia para retirar medicamentos pese al precinto, según fuentes judiciales, por lo que el miércoles, el juez la mandó a prisión acusada de dos delitos más: quebrantamiento de medidas cautelares y obstrucción a la justicia. Su socio en Enguera y dos empleados están en libertad bajo fianza.

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