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El Mir de la abogacía ya está aquí

La Vanguardia La Vanguardia 18/06/2014 null

Barcelona. (Redacción).- Siete años, siete meses y 29 días después de aprobar la ley que regula el acceso a la abogacía, el primer examen para cumplir con este trámite ha llegado. La prueba -a la que se someterán aproximadamente 300 aspirantes- se celebrará el próximo 28 de junio en sede única: la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

Desde luego, el proceso para equiparar el sistema de acceso con la mayoría de países de nuestro entorno ha sido de todo menos ágil. En primer lugar, estamos ante la mayor vacatio legis (el periodo entre la publicación de la norma y su entrada en vigor) de nuestra historia legislativa: cinco años. Cuando se aprobó la ley, Zapatero era inquilino de la Moncloa, López Aguilar era el titular de la cartera de Justicia y en Catalunya José Montilla estaba a punto de convertirse en president de la Generalitat. Ha llovido desde entonces.

Las diferencias entre un sistema y otro son abrumadoras: del esquema inicial, en el que un licenciado en Derecho sólo debía pagar la cuota correspondiente para colegiarse y poder ejercer así la profesión, se ha pasado a un modelo de exigencia triple: el grado en Derecho, el máster en abogacía y el examen estatal son requisitos obligatorios para quien pretenda ganarse la vida como letrado.

El formato del examen

Tras varias idas y venidas, la prueba de acceso finalmente constará de 75 preguntas de tipo test, que supondrán el 70% de la nota. El 30% restante se corresponde con la calificación obtenida en el Máster. Esta ponderación puede introducir un factor de desequilibrio entre las escuelas que imparten esta formación, según explica Ramón Ragués, el director académico del Máster en Abogacía del UPF-IDEC: "supone que aquellas escuelas que son más serias y estrictas con la evaluación, estarán perjudicando a sus alumnos frente a los centros que sean más benevolentes y eso, puede generar mayor conflicto con los estudiantes".

Con esta convocatoria se pone fin al largo camino de la regulación del acceso a la profesión en España, pero también supone un alivio para los aspirantes que ya habían finalizado su formación de postgrado y no podían colegiarse porque la primera prueba aún no había sido convocada. La plataforma Abogados sin toga recoge las reivindicaciones de este colectivo, que se definen como "ni-nis por obligación", ya que no son "ni estudiantes ni abogados".

Las correcciones de esta primera convocatoria correrán a cargo de una Comisión evaluadora formada por Abogados del Estado, letrados en ejercicio y catedráticos universitarios. Las respuestas correctas serán publicadas en la página web del Ministerio de Justicia cinco días después de la celebración del examen.

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