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El Parlament busca resquicios legales que eviten la ley de aborto de Gallardón

La Vanguardia La Vanguardia 28/05/2014 Ana Macpherson

Treinta y cuatro sociedades científicas y la mayoría de los grupos parlamentarios han puesto en marcha, de momento, por separado, un frente catalán contra el proyecto de ley de aborto de Gallardón. Una ponencia conjunta de casi todos los grupos intenta encontrar resquicios legales para que no cambie la actual norma sobre el aborto y que, aunque el proyecto de ley de Gallardón acabara aprobándose, no se volviera realmente a la situación de los años ochenta, con la despenalización de los tres supuestos (malformación del feto, peligro para la salud de la madre y violación), una norma que creaba una gran inseguridad jurídica entre pacientes y profesionales sanitarios.

El Parlament ya se pronunció hace un año en defensa de la actual ley de salud reproductiva, que establece la decisión libre sobre la maternidad antes de la semana 14 de embarazo, y contra la revisión de esta, que "podría comportar un retroceso en la libertad de decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos". Apoyaron este decisión todos los grupos, salvo el PP, que la rechazó, y Unió que se abstuvo.

¿Se puede hacer algo desde un parlamento autonómico para no aplicar una posible ley orgánica que incluye el Código Penal? "Estamos buscando resquicios legales en varias direcciones, entre ellas, estudiar si es posible que los profesionales se acojan a la objeción de conciencia inversa", explica la exconsellera de Salut y diputada del PSC Marina Geli. "En Catalunya se utiliza cada vez más la interrupción farmacológica, que se realiza en la asistencia primaria y antes de la séptima semana de embarazo. Si la reforma de Gallardón se convirtiera en ley, podría ser considerada como una norma que obliga a los médicos a no prescribir este medicamento y, por lo tanto, a la omisión de una práctica clínica, cuya consecuencia sería el empeoramiento de la salud de la mujer", apunta Geli.

Ese argumento, que la supresión de la actual ley a cambio de una norma que penaliza el aborto salvo en determinadas excepciones, tendría consecuencias negativas sobre la salud de las mujeres es el que esgrimen las treinta y cuatro sociedades científicas que han suscrito un manifiesto en la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Según este texto, la ley vigente ha permitido normalizar el acceso a los servicios de interrupción del embarazo "en condiciones de justicia, equidad y seguridad", y también ha favorecido la prevención del aborto y la aceptación de los profesionales. "La implementación de la nueva ley supondría un incremento de las desigualdades sociales y de atención en salud", defiende la academia. Y denuncia que, en los casos de "malformaciones o enfermedades graves incompatibles con la vida, según la nueva ley, sólo se podrían acoger a la interrupción voluntaria del embarazo el 0,09% de las malformaciones". También creen que "el redactado cuestiona el papel ético y científico de los profesionales de la salud mental y los coloca frente a unas determinaciones que no le corresponden".

La ponencia conjunta del Parlament se plantea también apelar a los organismos europeos, así como hacer valer la inscripción expresa en el Estatut del derecho a que "la libre decisión de la mujer sea determinante en todos los casos que puedan afectar a su dignidad, integridad y bienestar físico y mental, en particular en lo que concierne al propio cuerpo y a su salud reproductiva y sexual".

Entre las 34 sociedades científicas que han suscrito el documento se encuentran pediatras, patólogos, ginecólogos, obstetras, endocrinólogos, psiquiatras, sexólogos o radiólogos. También la asociación Salut i Progrés ha elaborado un manifiesto en el mismo sentido, haciendo hincapié en los múltiples obstáculos que pone el proyecto de ley -desde los dos médicos de otro centro diferente al de la paciente que lo dictaminen al consejo no médico que deberá recibir la mujer para reflexionar- que impiden que los casos despenalizados puedan realmente ser atendidos.

Otros organismos internacionales como Médicos del Mundo y Amnistía Internacional han emprendido su propia campaña para que se retire la ley: "Las Naciones Unidas y el Consejo de Europa han recordado que las leyes restrictivas no reducen su número, sino que incrementan los ilegales e inseguros".

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