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El Parlamento insiste a la UE en que le entregue el informe secreto de Deloitte sobre el Popular

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 30/09/2017 Íñigo de Barrón
Elke Konig, presidenta del Mecanismo Único de Resolución de bancos, durante la entrevista. © DELMI ÁLVAREZ Elke Konig, presidenta del Mecanismo Único de Resolución de bancos, durante la entrevista.

El informe secreto que Deloitte elaboró para facilitar la venta urgente del Popular por un euro al Santander, el pasado 7 de julio, se ha convertido en un asunto institucional entre el Parlamento español y la Junta Única de Supervisión (JUR), englobada en el BCE.

Antes del verano, la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera del Congreso pidió el informe o bien conocer sus términos de forma verbal. El 4 de septiembre, la JUR, presidida por Elke König, se lo negó y ahora, con el apoyo de todos los partidos, la Comisión ha decidido volver a reclamarlo, según su presidenta, la diputada Ana Oramas. Incluso, Jaime Ponce, presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que compareció en la Comisión de Economía el pasado 27 de septiembre, admitió su discrepancia con la JUR, el organismo al que rinde cuentas, y pidió "más transparencia" sobre el informe: "Podría ser publicado".

Ana Oramas tiene claro que "es un asunto que afecta a la defensa de los intereses de todos los ciudadanos. Ese informe es clave para conocer los detalles y las razones por las que se vendió esta entidad y debe existir un rendimiento de cuentas democrático de las actuaciones de estos organismos supervisores". Todos los portavoces de los grupos acordaron pedir otra vez el informe y los letrados de la Comisión preparan estos días la argumentación legal para responder al escrito de la JUR en el que se negó a hacer público.

Al mismo tiempo, todos los partidos han reclamado la comparecencia de König en la Comisión de Investigación para tratar este asunto. Hasta el momento, solo ha mostrado "su disposición a comparecer, acompañada de un representante del FROB". Sin embargo, según el escrito de los letrados de la Comisión, "están pendientes de concreción los aspectos de fecha, formato, etc. de la comparecencia". En cualquier caso, Oramas considera que la posible presencia de König en el Parlamento, "no sustituye el envío del documento a los diputados".

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1.300 millones de valor positivo del Popular

El informe de Deloitte valoró el Popular en 2.000 millones negativos en el escenario central, y 8.200 millones negativos “en el escenario más estresado” un con 1.300 millones positivos en una tercera valoración optimista, que el FROB no tuvo en cuenta ni tampoco recogió en sus documentos. Según comprobó EL PAÍS se llegó a esta valoración “optimista” del Popular por el menor el impacto del negocio del ladrillo, que el Santander ya ha vendido.

La JUR argumentó su negativa en que está "sometida a obligaciones de confidencialidad" y que "la divulgación del informe podría tener efectos sobre los mercados financieros, socavaría la protección del interés público en lo que respecta a la estabilidad del sistema financiero. El informe contiene información detallada sobre los datos financieros del Banco Popular, cuya divulgación socavaría sus intereses comerciales (...) y también se socavaría la protección del interés público en lo referente a la confidencialidad de la información".

No obstante, la Comisión cree que esta negativa "se basa en el aspecto subjetivo del deber de secreto profesional que afecta a los miembros de la institución". También se apunta que, al no conocer el informe, "es prácticamente imposible discutir acerca de los eventuales efectos perniciosos para el interés público o los legítimos intereses comerciales de personas físicas o jurídicas a que se refiere dicho precepto". Los letrados recuerdan que en el artículo 88, apartado 6, del Reglamento de la UE, admite que "la JUR, el Consejo Europeo, la Comisión o las autoridades competentes, intercambien información entre sí y con ministerios competentes...". La Comisión cree que es una "autoridad competente", aunque admite que el término es ambiguo.

El sentir de los portavoces de todos los partidos coincide con las palabras de Ponce que afirmó que "el FROB simpatiza con la transparencia del documento de valoración porque usamos facultades públicas de una enorme severidad. Sustituyendo esos derechos de los accionistas de forma expeditiva porque la ley nos faculta pero entendemos que las armas son potentísimas".

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