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El PP eleva la presión para que sus gerentes no declaren por la 'caja B' de Valencia

Logotipo de El Mundo El Mundo 03/10/2017 JUAN NIETO

Las defensas de los gerentes del

Partido Popular

en la provincia de Valencia han presentado varios escritos al juzgado que instruye las diligencias derivadas de la

Operación Taula

en los que pide que no se practiquen nuevas pruebas relacionadas con la

financiación irregular del PP

en la ciudad de Valencia. Además, alega que los delitos del año 2007 que se investigan han prescrito para que se suspendan las declaraciones acordadas después de que la Guardia Civil entregara un informe en el que denuncia delitos electorales continuados en los últimos diez años.

© Proporcionado por elmundo.es

El PP dirige y costea las defensas de sus dos últimos gerentes, José Antonio Moscardó y Montserrat Tello, y ha elevado su presión en el juzgado después de que el magistrado-instructor, el juez Víctor Gómez, imputara a su actual

tesorera nacional, Carmen Navarro

.

En uno de los escritos, al que ha tenido acceso EL MUNDO, los gerentes mantienen que «no cabe acordar ni practicar más diligencias de prueba, más allá de las que ya fueron acordadas» porque los plazos de instrucción han prescrito. Además, cita la reforma penal impulsada por el ministro Rafael Catalá para que no se acuerden «la práctica de nuevas diligencias de investigación», pues a su juicio «no serán válidas ni podrán ser objeto de valoración por parte del juez instructor aquellas diligencias de investigación acordadas con posterioridad a la expiración del plazo».

Sin embargo, el juzgado ha prorrogado la investigación 11 meses más, por lo que se podrán solicitar pruebas hasta mediados de 2018.

En otro escrito, el ex gerente Moscardó, quien permanecía con la condición de imputado por las elecciones de 2011 y ahora tendrá que declarar por las de 2007, ha entregado otro recurso para evitar su comparecencia, prevista para el 6 de octubre.

Según el escrito, «es evidente que dichos hechos están ampliamente prescritos y así lo reconoce el propio auto», cuando anuncia que «en principio, las responsabilidades penales por hechos de esa naturaleza cometidos en el año 2007, sobre todo si no se aprecian vínculos de continuidad delictiva o de conexidad, estarían prescritos». Por ello, traslada el PP, «en relación con dichos hechos acuerda no recibir declaración en calidad de investigado a

Luis Bárcenas

, administrador único designado por el PP de las candidaturas en las elecciones municipales de 2007» .

Sin embargo, «consciente de que dicha prescripción debería ser igualmente extensible a la figura de mi patrocinado», cuestiona el razonamiento del juez, quien plantea «una estratagema para salvar la aplicación de dicha institución de orden público y, para ello, pretende enlazar dichos hechos con otros que habrían tenido lugar en el año 2011». Este recurso será resuelto por la Audiencia.

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