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El PSPV permite enrocarse al alcalde de Alicante pese a estar imputado

Logotipo de El Mundo El Mundo 30/09/2017 SERGIO SAMPEDRO, HÉCTOR FERNÁNDEZ

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, no contempla «en ningún caso dimitir» después de que la juez lo haya llamado como investigado (anteriormente conocido como imputado) por

un presunto fraccionamiento de contratos en el área de Comercio

, que él mismo dirigía hasta el pasado mes de mayo.

© Proporcionado por elmundo.es

La titular del juzgado de instrucción número 9 de Alicante ha decidido llamar a declarar a Echávarri el 6 de octubre, después de que los grupos municipales de PP y Cs ratificasen este viernes su denuncia por un posible delito de prevaricación. Con Echávarri están también imputados su jefe de gabinete, Lalo Díez, y el asesor de Comercio, Pedro de Gea, dos hombres de su máxima confianza.

«Lo que no podemos olvidar es lo que hay detrás de todo esto», apuntó el primer edil. «Aquí buscan la dimisión del alcalde», apuntó. Y aseguró que, si se va, «en 15 días Luis Barcala [el portavoz del PP] será alcalde». Echávarri aseguró que «no hay delito» en la gestión de los expedientes y que, en todo caso, se trata de «una infracción administrativa». También recordó que el equipo de Gobierno inició los trámites para anular las contrataciones al elevarlas al Consell Jurídic Consultiu (CJC), por lo que mostró su «absoluta tranquilidad» sobre su gestión. Eso sí, no consta que se hayan depurado responsabilidades por el error que motivó la anulación, según informaron a EL MUNDO fuentes del tripartito.

Lo cierto es que el enroque de Echávarri choca frontalmente contra todo lo que ha defendido durante los últimos años, al menos en lo que respecta a la situación judicial de los cargos públicos. De hecho, llegó a intervenir en 2013 en el Congreso (era diputado) para alertar de que la «corrupción» manchaba la buena imagen de Alicante, y citó los casos de la ex alcaldesa Sonia Castedo (recientemente procesada por un presunto amaño del Plan General de a ciudad) y de su número 2, Andrés Llorens.

Este último estaba imputado por prevaricación, el mismo delito por el que se investiga ahora a Echávarri. Respecto a Llorens, también criticó su nombramiento en 2014 como responsable de Fiestas, al señalar:

«¿Qué broma es esta de colocar a un presunto prevaricador al frente de las fiestas alicantinas?»

Hoy Echávarri es concejal de Fiestas al no tener las competencias delegadas, y comparte con Llorens la condición de «presunto prevaricador».

La posición del primer edil alicantino no sería posible sin un respaldo formal desde el PSPV, y este viernes fuentes del partido explicaron que no se contempla adoptar ninguna medida contra su alcalde hasta que la juez decida si es oportuno procesarlo.

Estas contradicciones en el discurso político de los socialistas (existen antecedentes de solicitar dimisiones antes de que se formalice un procesamiento) sirvieron para que populares y Cs acusasen a Echávarri de falta de coherencia. Así, Barcala indicó que la «línea roja» para su grupo «es el procesamiento», pero que «por coherencia debería dimitir». En la misma línea se manifestó la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, quien indicó que va a evitar hacer una «batalla política» con este asunto pero instó al PSPV a «que recuerden lo que ellos decían y exigían al resto de partidos».

En Cs, su líder en Alicante, Yaneth Giraldo, tachó de «frivolidad» que el regidor «trate de minimizar la importancia de este tema» y afirmó que «debería ser un poco más humilde y acordarse de las diatribas que lanzó en su día contra personas investigadas».

Los socios de Echávarri en el Gobierno municipal mostraron cierta distancia. El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, recordó al alcalde lo que en su día dijo a la tránsfuga Nerea Belmonte: «En política los errores se pagan con dimisiones». Compromís, por su parte, convocó una ejecutiva para tratar el asunto. Quien solicitó de manera inmediata su dimisión fue Podemos. La formación morada exigió a Echávarri que se apartase porque «el propio código del PSPV y del pacto de Gobierno del triparto lo recoge».

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