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El puerto seco de Vigo sigue inservible tras 100 millones de inversión

EL PAÍS EL PAÍS 06/06/2014 Víctor Honorato

Tras 14 años de trámite infernal, lo que iba a ser la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan) es un descampado de 419 hectáreas donde antes había un monte. El puerto seco de Vigo, infraestructura vital, segundo polígono-industrial de España por extensión de entre los de su género y comunicado con el resto del mundo por una autovía fantasma sigue dormitando. La Xunta no sabe cuándo estará operativo ni tampoco cuando se acabará de pagar a los propietarios originales. Entre expropiaciones, movimientos de tierra y accesos se han gastado ya más de 90 millones de euros, que podrán superar los 100 cuando se completen las liquidaciones.

“Yo no voy a dar fechas”, se despachó el pasado miércoles Teresa Gutiérrez, directora general del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en la Comisión de Industria del Parlamento. El instituto depende de la Xunta, una de las tres instituciones que promovieron la infraestructura junto a la Autoridad Portuaria de Vigo y la Zona Franca, que depende del Ministerio de Economía. Lejos quedan los tiempos de la campaña de Feijóo en 2009 y el inicio de legislatura, cuando el PP insistía en que el área iba a ser el destino de Mitsubishi y su fábrica de baterías de litio. Un proyecto ingente que parece haberse fundido como el reactor de Fukushima.

El proceso coqueteó con la chapuza desde el inicio. La expropiación de los terrenos contó sobre plano y mal las fincas afectadas y desdeñó que parte del terreno era suelo de especial protección forestal, como constató el Tribunal Supremo hace cuatro años. 100 de las 400 hectáreas quedaron inutilizadas para el desarrollo industrial tras esa sentencia, con el añadido de que el sector, denominado MI (multifuncional industrial), era justamente la parte que correspondía a la Zona Franca. Las tres administraciones se avinieron a deshacer la segregación y regresar a un condominio, pero llevan un año de trámites para acordarlo. “Esperemos que se haga en breve”, lanzó Gutiérrez. La Xunta asegura que se trata de un “proyecto” estratégico pero que su relanzamiento depende de Zona Franca y el puerto de Vigo.

El centenar de hectáreas que quedó inutilizado debía restituirse a los propietarios iniciales, pero estos no quieren recuperar un terreno que era monte arbolado y ahora es, como describieron sucesivamente en el Parlamento los diputados Carme Adán (BNG) y Abel Losada (PSdeG), un “horizonte lunar” o un “paisaje de catástrofe nuclear con estética 'Mad-Max”, incluida una laguna en el medio de más de 20 metros de profundidad. Los vecinos quieren una indemnización y confían en la doctrina del Supremo en casos similares, que suele acarrear un icremento del 25% sobre el justiprecio abonado.

A ello se suma el homérico asunto de los derechos mineros, que los vecinos llevan más de una década peleando por ver reconocidos. Las negociaciones con el bipartito dejaron un acuerdo para abonar 7,7 millones de euros que quedó frustrado con el cambio de Gobierno. Fueron literalmente miles los procedimientos judiciales que se suscitaron, casi tantos como fincas en el área. Todavía no se han pagado, aunque el acuerdo parece próximo, según señala Alejandro Rodríguez, portavoz de los afectados.

Mientras tanto, la vida sigue. Con el suelo sin uso, la Zona Franca se plantea comprar 120.000 metros cuadrados en Mos o Porriño para un centro logístico. Preguntada por la cuestión por la nacionalista Carme Adán, la directora del IGVS empleó el poderosos argumento de que un parque de Xestur en Mos está a 24 kilómetros del puerto y la Plisan a 33. “Estamos en los proyectos de urbanización, que empezarán por la zona sur", acertó a decir sobre el futuro. Queda pendiente del Supremo la enésima causa, esta vez porque en el modificado del proyecto inicial para reestructurar el polígono tras el recorte en superficie no se incluyó la evaluación ambiental. “Se sometió a consulta y el órgano competente estimó la no necesidad. No tengo más que decir”, despachó la directora del IGVS. Los vecinos discrepan. Otra vez.

Descampado millonario

V. H.

Según el cálculo de la plataforma vecinal, el metro cuadrado de terreno de la Plisan se valoró finalmente, tras múltiples vaivenes, en una media de 14 euros; es decir, 56 millones de euros en total, de los que se han abonado 48. La autovía AG-51, un vial de menos de cinco kilómetros que lleva un año en pie sin funcionar, costó otros 22 millones. A esto se le suman los 20 millones enterrados en el movimiento de tierras de 2007.

Los vecinos siguen negociando por los derechos mineros, calculados en 2009 en 7,7 millones, que pueden ser menos si prosperan las conversaciones con la Administración. Y hay que contar también con la prima sobre el justiprecio del 25% para las 100 hectáreas de terreno excluidas por el Supremo, también susceptibles de rebaja pactada pero que de apreciarse totalmente podrían suponer otros 3,5 millones.

Respecto a la urbanización, en 2011 se anunció una inversión de 14,7 millones. Meses después la concesionaria se rindió casi antes de empezar, víctima de la crisis. De modo que el coste total supondrá una factura que como mínimo roza los 100 millones de euros pero que podría acabar rondando los 125.

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