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El rostro de los presos políticos en Venezuela

La Vanguardia La Vanguardia 11/06/2014 Melissa Silva Franco | Caracas

De las universidades a los calabozos. Esta se ha convertido en la única ruta para más de 2.000 estudiantes que han sido detenidos desde el pasado 12 de febrero, cuando comenzaron las protestas contra las políticas del gobierno venezolano. Los centros de estudiantes y las organizaciones de Derechos Humanos aseguran que esta cifra asciende a 3.200 detenciones durante el mandato de Hugo Chávez y la gestión actual del presidente Nicolás Maduro.

“En el gobierno de Chávez ya se mostraron signos de represión contra cualquier muestra de oposición. Pero durante el mandato de Maduro, la represión se ha convertido en una clarísima política de Estado. Cualquier ciudadano que participe en una manifestación pacífica en contra del Gobierno puede terminar en la cárcel. Incluso se modificaron las leyes para que así se certifique”, denuncia Marino Alvarado, director del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

El Foro Penal Venezolano asegura que 1.931 estudiantes detenidos por participar en las manifestaciones han logrado salir en libertad bajo el régimen de presentación en los tribunales penales, con previa presentación de fiadores y la firma de compromisos para no volver a participar en protestas públicas, además de la prohibición de salir del país.

“La mayoría de los detenidos debe permanecer más de dos días encarcelados antes de tener acceso a una audiencia. Por ahora unos 510 detenidos no han sido presentados en tribunales o se desconoce su estatus legal”, explica el director del Foro Penal, Alfredo Romero.

Los representantes del Estado venezolano niegan que en el país existan presos políticos. La Fiscal General Luisa Ortega ha sido categórica: no existen presos políticos. Los presos políticos están presos por sus ideas. En el caso de los detenidos durante los últimos meses podemos decir que han estado involucrados en acciones violetas. Ninguna persona ha sido aprehendida sin haber cometido algún delito.

La ola de detenciones durante las protestas en las calles venezolanas ha llevado a un grupo de ciudadanos de distintas regiones del país a crear el Frente Nacional por la Liberación de los Presos Políticos, que tiene como objetivo emprender acciones legales y pacíficas para frenar la represión, así como también el lograr que los estudiantes detenidos salgan en libertad plena; sin ningún tipo de medida cautelar “porque la protesta pacífica está contemplada en la Constitución”.

El apoyo ciudadano y las campañas masivas de los últimos meses han visibilizado el  rostro de los presos políticos más emblemáticos del país:

  El comisario y 5 policías

El comisario Iván Simonovis es uno de los nueve presos políticos que se reportaron durante la gestión del ex presidente Chávez. El funcionario fue sentenciado a 30 años de cárcel tras ser acusado de no detener las protestas en Caracas durante el 11 de abril de 2002. Simonovis ejercía como Secretario de Seguridad Ciudadana de la policía metropolitana, por lo que la fiscalía lo responsabilizó de los 19 muertos y 25 heridos que dejó la jornada.

El caso de este ex funcionario ha estado lleno de irregularidades judiciales. Su comité de defensa asegura que el juicio ha sido “el más largo de la historia, con  una duración de tres años  y tres meses, con más de 200 declaraciones, postergado con más de 70 audiencias y sin pruebas reales”.

Durante los nueve años de detención, el Tribunal de Ejecución no sólo le ha negado a Simonovis todos los beneficios como el destacamento de trabajo, sino además las medidas humanitarias que su defensa ha solicitado en múltiples ocasiones. Simonovis padece de 19 enfermedades, entre las que se encuentran osteoporosis, esofaguitis, arritmia cardiaca y problemas renales. El comisario, condenado por los hechos de abril de 2002, tiene 53 años de edad.

Los cinco policías metropolitanos Erasmo Bolívar, Marco Hurtado, Luis Molina, Arube Pérez y Héctor Rovain viven la misma historia que el comisario. Los funcionarios están presos desde el 21 de abril de 2003, y hasta hoy les han negado las medidas alternativas aunque han cumplido con todos los requisitos.

Leopoldo López, líder opositor

Como uno de los líderes de la oposición, Leopoldo López fue detenido tras convocar las protestas del pasado 12 de febrero contra las políticas de gobierno del presidente Nicolás Maduro. La fiscalía acusa a López de cometer delitos como asociación ilícita, instigación al delito en calidad de autor intelectual, incendio y daños en calidad de determinador. El pasado jueves, la jueza Adriana López determinó que el acusado deberá afrontar un juicio que podría sentenciarlo a más de 10 años de prisión.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez explicó que "nuevamente las pruebas de la defensa de López fueron negadas y entonces vamos a ir a un juicio completamente amarrados, completamente silentes en cuanto a la capacidad de probar. Eso nos pone en una situación bastante lesiva a la verdad y a los derechos"

López, de 43 años de edad, está preso desde el 18 de febrero en una prisión militar ubicada a las afueras de Caracas, después de haberse entregado en medio de una manifestación de apoyo.

Los alcaldes

Dos alcaldes, integrantes de partidos de la oposición, fueron detenidos tras negarse a cumplir las órdenes del Gobierno de deshacer las barricadas en las principales avenidas de la ciudad que habían diseñado los manifestantes como una nueva herramienta de protesta. Se trata de  Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, la capital del Táchira, que se convirtió en epicentro de las protestas antigubernamentales; y el alcalde del municipio de San Diego (Carabobo), Enzo Scarano, quien fue condenado a 10 meses y 15 días de cárcel por el delito de desacato. Las detenciones ocurrieron el pasado 19 de marzo.

El jefe del cuerpo de policía de San Diego, Salvatore Lucchesse, también fue destituido de su cargo y luego fue enviado a prisión. Dos meses después de las privativas de libertad, el Consejo Nacional Electoral convocó elecciones en estos municipios para elegir a los nuevos representantes. Los ciudadanos decidieron que las esposas de ambos políticos debían asumir el cargo de alcaldesas.

Es así como Patricia de Ceballos, esposa del ex alcalde de San Cristóbal ganó el cargo con el 73,62% de los votos, la esposa del ex alcalde Enzo Scarano, Rosa, recibió un apoyo contundente con el 87,68% de los votos. El presidente Nicolás Maduro dijo que las ganadores serán reconocidos por su Gobierno, pero advirtió que de continuar los desórdenes serán también sometidas a las leyes.

Jóvenes y presos

El grueso de los detenidos se centra en el sector universitario. A la lista se suma la detención de 11 líderes estudiantiles que enfrentan cargos de asociación ilícita para delinquir, incitación a la desobediencia de las leyes, uso de adolescentes para delinquir, obstrucción de la vía pública, daños violentos a la propiedad y detentación de sustancias incendiarias.

Sairam Rivas, de 20 años, presidenta del centro de estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV) es una de ellas. Su caso ha provocado una campaña por las redes sociales y se ha convertido en uno de los casos más representativos para pedir Amnistía para los presos políticos.

El pasado 8 de abril, la líder estudiantil pernoctaba en el campamento de protestas en Caracas. En la madrugada, una comisión militar llegó al lugar para realizar una redada en la que todos los estudiantes resultaron detenidos.

El Foro Penal Venezolano explica que Sairam no estaba cometiendo delito alguno al momento de su detención. Los hechos por los cuales se le imputaron los delitos de instigación pública y que la mantienen a la fecha detenida son producto de reportes de inteligencia que no se pueden concebir como elementos probatorios, todo ello en violación a su derecho a la libertad personal, expresión y debido proceso, según denuncia el Foro.

Los familiares de la joven denuncian qu,e al igual que el resto de detenidos, Sairam está en un espacio sin luz y con poca ventilación, debe llevar la misma ropa durante días y sólo le permiten ver a su familias durante 10 minutos.

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