Estás usando una versión más antigua del explorador. Usa una versión compatible para obtener la mejor experiencia en MSN.

El Tribunal de Cuentas embargará a Mas sus bienes si no deposita en 15 días 5,5 millones del 9-N

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 25/09/2017 José Antonio Hernández
Homs y Mas ante el Supremo. © Uly Martín Homs y Mas ante el Supremo.

MÁS INFORMACIÓN

  • Homs acusa al Gobierno de montar un “GAL político” contra Cataluña
  • El Supremo investigará a Homs por la consulta del 9-N

El Tribunal de Cuentas dará previsiblemente esta mañana un plazo de 15 días al expresidente Artur Mas para que deposite casi 5,5 millones de fianza (de carácter solidaria) por el dinero público que el Gobierno de la Generalitat desvió bajo su mandato para el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. Si no lo hace, el tribunal ordenará el embargo de todas sus cuentas bancarias y de los demás bienes muebles e inmuebles que posea.

La instructora ha descubierto otras partidas económicas también destinadas al 9-N que no figuran en la liquidación provisional y que serán investigadas a lo largo del proceso

La instructora designada por el órgano estatal encargado de velar porque las administraciones destinen el dinero a sus fines legales, María de los Llanos Castellanos, ha investigado en los últimos meses las cuentas del 9-N. Y ha resuelto que el dinero ilícitamente desviado con aquiescencia de  Mas asciende a 5,1 millones, a los que suma otros 400.000 en concepto de intereses. A aproximadamente 5,5 millones asciende la liquidación provisional aflorada hasta el momento por el tribunal.

Ese es el dinero que Mas y otras nueve personas (cinco altos funcionarios de la Generalitat y cuatro altos cargos de su Gobierno) tienen que afianzar en un plazo máximo de 15 días si no quieren ver embargados todos sus bienes. Es una fianza solidaria, por lo que, si alguno de los encartados no tiene dinero ni propiedades, los otros han de responder con las suyas por él. No todos se enfrentan a la misma cantidad. Responden de las cantidades en cuyo destino ilícito hubiesen participado. Hubo compras, por ejemplo, de 7.000 ordenadores, de carteles electorales, de aplicaciones informáticas... Al saber que el Tribunal de Cuentas le había citado para hoy por las cuentas del 9-N, el expresidente Mas pidió públicamente a los catalanes que le ayudaran con pequeñas cantidades para pagar lo que le iba a reclamar el órgano fiscalizador.

La instructora tiene previsto comunicar este lunes por la mañana a la representación de Mas que él es responsable de todas las compras ilegales porque entonces era el presidente de la Generalitat y dio el visto bueno a todos los gastos, o los consintió. Todos los encartados (inicialmente hubo once, si bien la instructora ha exonerado a uno de ellos, un funcionario) han sido citados esta mañana para entregarles los resultados de su investigación. Cuatro abogados y un procurador en representación del expresidente catalán Artur Mas y varios ex altos cargos del Govern han llegado cerca de las 11.00 al Tribunal de Cuentas, en medio de una gran expectación de periodistas.

Es una fianza solidaria, por lo que, si alguno de los diez encartados no tiene dinero ni propiedades, los otros han de responder con las suyas por él

La comunicación de la instructora se hará delante del fiscal y del abogado del Estado que se han personado en estas pesquisas económicas, y les ofrecerá la posibilidad de presentar alegaciones. Y salvo que la instructora advierta en sus entrevistas que alguno más debe ser exculpado porque justifique que no participó en el desvío del dinero, los que queden, con Mas a la cabeza, tendrán que afianzar en 15 días los 5,5 millones. De lo contrario, sus bienes también quedarán embargados hasta que finalice el proceso en un juicio que determinará definitivamente las responsabilidades individuales.

La instructora entiende que “hay responsabilidad contable” en 10 de los 11 denunciados por dos asociaciones jurídicas catalanas. Entre los encartados se hallan Joana Ortega Alemany (exconsejera de Gobernación con Mas), Irene Rigau Oliver (de Educación) y Francesc Homs Molist, (vicepresidente, y a quien ha habido que notificarle la cita de hoy a través del BOE del pasado 16 de septiembre puesto que las tres veces que han ido los agentes del tribunal a citarle personalmente no estaba en su casa). Seis funcionarios de la Generalitat también deben responder por haber puestos sus firmas en los libramientos de dinero para el 9-N.

La instructora les atribuye el “haber ordenado, instigado o cooperado de forma necesaria en la imputación a los Presupuestos de la Generalitat de 2014” dinero que fue destinado ilegalmente a la celebración del 9-N. Aparte de los 7.000 ordenadores para los colegios electorales, se compraron programas y aplicaciones informáticas para el seguimiento de la participación y la transmisión de los resultados; material destinado a la consulta, urnas y papeletas, instalación de un centro de prensa desde el que publicitar los resultados, y los gastos del envío masivo de papeletas a millones de hogares catalanes”. La Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes, que fueron las denunciantes de estos hechos, cifraron el desvío ilícito en 5,1 millones.

La fianza puede crecer

Sin embargo, la instructora ha descubierto otras partidas económicas también destinadas al 9-N que no figuran en la liquidación provisional que hoy comunicará a los diez implicados. Y que serán objeto de análisis durante el proceso ya en marcha, lo que puede incrementar sustancialmente los casi 5,5 millones de fianza destapados hasta el momento. Al tribunal no le ha dado tiempo a recabar de la Generalitat la documentación necesaria para verificarlo.

Con cada consejero y con el resto de intervinientes de cada departamento del Govern catalán, Mas es, según el tribunal, responsable solidario de los 5,5 millones salido de todos y cada uno de ellos. Y después de él, su exvicepresidente Homs. Por estos gastos ilegales, el expresidente (dos años de inhabilitación) y Homs (un año y cuatro meses) ya fueron condenados por el Tribunal Supremo. Ahora toca devolver el dinero.

Gestión anuncios
Gestión anuncios

Más de EL PAÍS

image beaconimage beaconimage beacon