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El tribunal rechaza enviar a la cárcel a Blasco y le pone 200.000 euros de fianza

EL PAÍS EL PAÍS 03/06/2014 Ignacio Zafra

Los jueces del Tribunal Superior valenciano han impuesto una fianza de 200.000 euros a Rafael Blasco, exconsejero en numerosos Gobiernos de la Generalitat, por el saqueo de los fondos de cooperación.

Blasco deberá comparecer semanalmente en el tribunal, se le prohibe salir de España y deberá hacer entrega de su pasaporte. Tiene para hacerlo 48 horas o será recluido en prisión. Los magistrados desoyen la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado para él la prisión incondicional inmediata o, en caso de que los jueces no lo aceptaran, una fianza de dos millones de euros por riesgo de fuga. La fiscalía razonaba que Blasco, hábil estratega político del PP valenciano sentenciado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación como director de la trama, podía considerar que no perdía nada intentando escapar.

Tres décadas en el poder

Rafael Blasco ha formado parte del Gobierno valenciano u ocupado altas responsabilidades políticas durante la mayor parte de los últimos 30 años, con cuatro presidentes y dos partidos. Los socialistas le expulsaron por supuesta corrupción en los ochenta. Eduardo Zaplana lo recuperó en los noventa para el proyecto del Partido Popular. Continuó con José Luis Olivas y alcanzó su cénit político con Francisco Camps.

No llegó a entrar en el Ejecutivo del actual presidente valenciano, Alberto Fabra, pero éste le mantuvo como portavoz parlamentario hasta que fue imputado en la causa. Habituado a cavar trincheras, Blasco siguió, sin embargo, en el Grupo Popular hasta que la esquizofrenia político judicial se hizo insostenible: en junio del año pasado la juez lo sentaba en el banquillo y la Abogacía de la Generalitat reclamaba 11 años de prisión para él.

Además de la sentencia ya conocida, Blasco tiene por delante otros dos juicios por la actividad que entre 2009 y 2011 desplegó una trama que se infiltró en el mundo de la cooperación a pesar de sentir un escaso aprecio por la ayuda al desarrollo. Sus miembros fueron grabados por la policía llamando 'Negrolandia' a los países de destino de las subvenciones desviadas y 'negratas' a los beneficiarios defraudados. A Blasco, que empezó su carrera en la izquierda maoísta, fue expulsado del PSPV-PSOE y 20 años después forzado a abandonar el PP, la fiscalía le investiga además por su etapa al frente de Sanidad.

Su ingreso en prisión se da por seguro, pero solo una vez que la sentencia sea firme. Por ahora cabe recurso al Supremo, que el exconsejero ha anunciado que apurará. Lo que la fiscalía quería asegurar era cumplirá la pena, adelantando su ingreso bajo la figura de la prisión provisional. Los magistrados consideran en la resolución emitida este martes, sin embargo, que la fianza "solicitada por las acusaciones resulta desproporcionada, no teniendo base alguna para pensar que llegue a tener un patrimonio suficiente para prestarla".

Ello a pesar de que los jueces resaltan que Blasco fue "el principal promotor" de la trama, "lo que no solo hace su conducta más grave aún si cabe, si no que le confiere un especial dominio del hecho, así como una serie de contactos y relaciones que pudieran facilitar una eventual elusión" de la condena. Y a pesar de que los magistrados añaden: "Puede que tuviera un profundo arraigo en nuestra comunidad por su vinculación política, pero actualmente la misma ha quedado rota tras su cese, por lo que si a ello unimos que pese a la investigación llevada a cabo no se le ha encontrado un especial patrimonio acorde a la posición que cabe presumirle, hace pensar en alguna suerte de ocultación, de la que pudiera seguirse algún intento de elusión de la acción de la justicia".

Ese "temor", prosigue, "no llega hasta el extremo de aconsejar su prisión inmediata e incondicional, pero si que justificaría la imposición de una fianza que le permitiera eludirla, pareciendo en este caso aconsejable el señalamiento de la cantidad de 200.000 euros". En el primer juicio del caso Cooperación fueron juzgadas nueve personas, todas las cuales han sido condenadas a un total de 43 años de cárcel.

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El expresidente Camps y el exconsejero y exportavoz parlamentario del PP Blasco detrás, en las Cortes Valencianas, en 2010. / carles francesc

Los sentenciados formaban parte de una red tejida desde los despachos nobles del Gobierno valenciano durante la etapa del expresidente Francisco Camps, una de las poquísimas voces que ha defendido a Blasco tras la condena. Blasco se convirtió en el hombre fuerte de Camps durante los últimos dos años de su Gobierno, mientras su relación con otra trama corrupta, la de Francisco Correa, erosionaba su posición hasta forzarle a dimitir en julio de 2011. El expresidente le concedió las carteras de Solidaridad y Ciudadanía y Justicia, así como la portavocía del Grupo Popular en las Cortes.

El exconsejero, que ya se libró de otro juicio por corrupción en 1991, defendía entonces que Camps no debería dimitir ni aún en el supuesto de ser condenado en el caso de los trajes, ya que cabían recursos ante el Tribunal Supremo, el Constitucional e incluso tribunales internacionales. Él no resistió, sin embargo, la presión de los ocho años de condena y renunció al acta de diputado el 29 de mayo, un día después de conocer la sentencia.

Una fianza 100 veces menor que la que pedía Anticorrupción

El Tribunal Superior de Justicia valenciano condenó a elevadas penas de prisión a los integrantes de la trama de cooperación. Pero ha sido más bien benévolo con las medidas cautelares que les ha impuesto, si se comparan con las que pedía la Fiscalía Anticorrupción.

Tina Sanjuán, responsable administrativa de la Consejería de Solidaridad con Rafael Blasco, condenada a siete años y medio de cárcel, deberá depositar una fianza 100 veces menor que la que había solicitado el fiscal. Ese pago era la precaución alternativa solicitada por Anticorrupción, que prefería su inmediato ingreso en prisión incondicional.

Sanjuán deberá pagar una fianza de 6.000 euros (le pedían 600.000), se le prohibe salir de España, se le retira el pasaporte y deberá comparecer semanalmente en el tribunal.

No deberán prestar fianza para seguir en la calle ninguno de los otros condenados para quien la fiscalía había reclamado severas medidas para garantizar que no escaparan. Es el caso del exsubsecretario Alexandre Català, el ex jefe del área de Cooperación Marc Llinares, el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, y su esposa, Josefa Cervera.

Todos ellos deberán entregar el pasaporte, se les prohíbe la salida de España y habrán de presentarse semanalmente en el Tribunal Superior. El exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, solo tendrá que hacerlo cada dos semanas.

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