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El 'yo acuso' del teniente Segura

El Mundo El Mundo 16/06/2014 DANIEL J. OLLERO

Pagos por productos y servicios inexistentes, contratos a proveedores fraccionados adrede para ser adjudicados a dedo por un precio superior al original, cursos de formación abonados de forma fraudulenta y la desaparición del 25% del inventario disponible en el cuartel son algunos de los hechos denunciados por el teniente Luis Gonzalo Segura.

Ante la ausencia de resultados obtenidos siguiendo los cauces que marca la Justicia Militar, optó por contar la corrupción y los abusos militares que había presenciado en Un Paso al Frente, una novela que, en tan sólo tres meses en el mercado, ha logrado vender más de 10.500 ejemplares y ya se encuentra por su cuarta edición.

Pese a haber escogido el formato de ficción para su relato, gran parte de los hechos allí descritos se encuentran basados en las denuncias y procesos judiciales emprendidos por el propio oficial a los que EL MUNDO ha tenido acceso.

Desde que fue destinado a la Subdirección de Operaciones de Red de la Jefatura de Sistemas de Información Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejército, el teniente Segura fue testigo de numerosas irregularidades sobre las que, como se recoge en su primera denuncia ante la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, informó primero a sus superiores directos pero, ante su falta de respuesta, desembocó en una larga lista de procesos judiciales y apelaciones.

En ellos relata que «en ocasiones, para evitar concursos y mesas de contratación, se partían los contratos en otros por cuantías inferiores a 18.000 euros», cantidad a partir de la cual la ley no permite adjudicar a dedo las compras de materiales y suministros. Una práctica que, según explica a modo de ejemplo en su recurso de apelación ante el Juzgado Togado Militar Central nº 1, se realizó con la compra de 90 ordenadores portátiles que finalmente, «se fraccionó en 30 contratos menores».

Informes y memorias técnicas

El teniente apoya esta afirmación mostrando una serie de evidencias entre las que se incluyen informes y memorias técnicas favorables (con una cuantía inferior a 18.000 euros) y el pliego de la empresa proveedora. Finalmente, Segura indica que dichos portátiles fueron adquiridos por 52.126,35 euros en lugar de los 44.784 euros de la oferta inicial.

Las diversas denuncias y documentos judiciales también recogen como, después de que el teniente elaborase en su unidad un inventario «de los equipos informáticos obtenidos con factura de los que se desconocía su procedencia», se llegó a «la conclusión de que existía un desfase del 25% en el material informático» entre el que debía estar a disposición de la unidad y del que realmente estaba disponible.

© Proporcionado por elmundo.es

En otra ocasión, Segura relata cómo recibió una llamada de un comercial de una empresa proveedora de servicios informáticos en la que se le indicó que, por orden de su teniente coronel al mando, debía fragmentar un contrato de 120.000 euros en varios contratos de menos de 18.000 euros para poder llevar a cabo la transacción de manera directa, evitando así cualquier tipo de concurso público para su adjudicación.

Asimismo, Segura indica reiteradamente en su denuncia y en los posteriores procesos cómo el Ejército pagaba «algo más de 60.000 euros al año por 6.500 nodos que servían para chequear fallos e incidencias».

«De esos 6.500 nodos», prosigue, «5.000 se encontraban instalados en el Cuartel General del Ejército de Tierra de Madrid; 1.000 en el Cuartel Terrestre de Valencia y otros 500 en otra localización cuya localización no es capaz de recordar». Según pudo comprobar el teniente, los 1.000 nodos de Valencia «ni se instalaron ni fueron operativos» y «de los de Madrid, sólo estaban operativos 180 de 5.000».

Nodos 'inexistentes o no operativos'

En este caso particular, a diferencia de los otros recogidos en la denuncia, cuando estos hechos fueron puestos en conocimiento de sus superiores, su coronel al mando tomó cartas en el asunto y «redujo a cero los euros destinados a mantenimiento ese año». Aunque, precisa que «durante años se ha estado pagando por dichos nodos inexistentes o no operativos».

Por último, las denuncias de Segura también recogen otras irregularidades como «partidas presupuestarias destinadas para una finalidad se dedicaban a otras distintas». «Por ejemplo», continúa el escrito, «a una empresa dedicada al mantenimiento de hardware, se le adjudicó un contrato de entre uno y tres millones para mantenimiento, destinándose parte del mismo a inventario».

Según fuentes jurídico-militares consultadas por EL MUNDO, estos hechos denunciados por el teniente Segura podrían ser constitutivos de delitos contra la Hacienda Militar y de un delito de deslealtad, recogidos en el Código Penal Militar.

Pero, ¿cómo es posible que sólo él se percatase de estas actividades? Paralelamente a las irregularidades, su unidad, el Regimiento de Transmisiones 22 (RT 22) disponía desde abril de 2010 de una normativa interna conocida como Orden particular del RT 22, comisiones de servicio. Normas de procedimiento que autoriza las comisiones de servicios en el seno de dicha unidad «como justificación de necesidades particulares» quedando su aplicación «en el estricto ámbito de la discrecionalidad o graciable».

Una norma que, según explican fuentes jurídico-militares, va «en contra de lo establecido por el Reglamento de Destinos del Ejército ya que estas comisiones suponen una alteración de la situación normal cuya designación debe estar perfectamente motivada por excepcional».

«En este caso, las comisiones de servicio contribuyen a facilitar el cumplimiento de requisitos necesarios para los ascensos y que los militares allí destinados pudiesen prácticamente elegir dónde acudir a trabajar según sus necesidades personales, como cercanía a su lugar de residencia», indican fuentes jurídicas conocedoras de este caso.

Unos hechos que también fueron denunciados por el teniente Segura ante el Juzgado Togado Militar Territorial nº 12 que se inhibió a favor de los Juzgados Militares Centrales al estar en ellos involucrados personal de empleo superior a capitán. Por otro lado, EL MUNDO ha intentado ponerse en contacto con el Ministerio de Defensa que ha declinado hacer comentarios.

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