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Empresarios y fotovoltaicos protestarán en defensa de las energías renovables

La Vanguardia La Vanguardia 17/06/2014 Antonio Cerrillo

Un hecho histórico, sin precedentes. Empresarios y promotores de las energías renovables se manifestarán en Madrid. Han dicho basta. Tras las campañas para demonizar las energías renovables en España, las últimas decisiones del Gobierno (y en concreto la nueva retribución con carácter retroactivo) les han hecho estallar.

Alegan que al reducirse las primas establecidas para la energía verde que conectan a la red, miles de promotores (unos 62.000) están abocados a la ruina, pues no podrán devolver sus créditos o serán incapaces de refinanciarlos.

El próximo sábado, día 21 de junio, miles de productores fotovoltaicos, procedentes de todas las comunidades autónomas se manifestarán en Madrid, en contra del nuevo marco regulatorio impuesto y retroactivo que, a su juicio, “arruina al colectivo y destruye al sector renovable”. La manifestació ha sido conovada por la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier).

La marcha se iniciará a las 12:30 horas y discurrirá por el paseo de de la Castellana, entre las plazas de Lima y Cuzco, de manera qe los asistentes se concentrarán frente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La manifestación cuenta con el apoyo de numerosos colectivos sociales, sectoriales, partidos políticos y empresas: PSOE, IU, EQUO, Compromis, ICV, Ciutadans, PSC, ERC, BNG, AGE, ATEVAL, IU-IVC, Chunta Aragonesista, Greenpeace, UNEF, APPA Fotovoltaica, Plataforma Nuevo Modelo Energético, COAG, Unió de Pagesos. Están previstas nuevas adhesiones en las próximas horas.

“El nuevo marco normativo para las renovables altera de manera retroactiva las condiciones que el Estado propuso para que los ciudadanos colaboraran con sus ahorros a la construcción de un nuevo modelo energético sostenible y socialmente responsable”, dicen los portavoces de Anpier. Una vez puestas en marcha las plantas de generación de electricidad verde, y con los patrimonios de estas familias hipotecados, el Gobierno ha derogado el anterior sistema de ayudas para imponer un mecanismo de “rentabilidad razonable” que, en la práctica, supone recortes del hasta el 50% de los retornos que garantizaba el Estado, con lo que resultan inviables la mayor parte de las instalaciones, dicen los portavoces de Anpier.

Anpier estima que la nueva normativa culmina “el acoso que sufren las renovables y las familias productoras”; y que esta situación “solo se puede comprender si analizamos las motivaciones últimas y los intereses que presiden el nuevo escenario energético”, en el que se favorecen las tecnologías fósiles y la generación nuclear, “peligrosas, contaminantes y controladas por un reducido grupo de empresas”.

Anpier denuncia que se quiere expulsar del sistema energético a las fuentes renovables, por la competencia que han supuesto a las fuentes tradicionales. “Y todo a pesar de que las renovables democratizan el acceso a la energía y de que sus bondades medioambientales, geopolíticas y económicas son evidentes para todo aquel que no se conforme con escuchar el sesgado discurso oficial, que afirma que son gravosas para la sociedad”.

“Si se hace un cálculo honesto y se computan –añaden- todos los costes y los ahorros que aportan, las energías renovables son absolutamente entables para el conjunto de la sociedad española en el plano meramente económico”, ya que, según explican hacen bajar el precio de la luz en el mercado mayorista de la energía.

En España un entorno absolutamente privilegiado para la generación de energía solar, 62.000 familias producen energía fotovoltaica, con 4.300 Mw limpios instalados y a disposición de la sociedad española, sin contrapartidas peligrosas. El sector considera que el desarrollo de esta tecnología ha sido cercenada por la nueva normativa estatal que, además de entorpecer el desarrollo de estas modalidades productivas, “defenestra la viabilidad de las instalaciones que ya estaban en funcionamiento”.

Para el Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, “Lo más sorprendente es, que una normativa trascendental como la energética, que condiciona competitividad y bienestar, se haya impuesto sin ningún tipo de consenso sectorial, social, político ni territorial, ni siquiera hay acuerdo dentro del propio Partido Popular, puesto que dos comunidades autónomas gobernadas por este partido -Murcia y Extremadura- han presentado sendos recursos de inconstitucionalidad.

Frente a este nuevo dislate normativo, que no va a solucionar ninguno de los males del sistema, más bien al contrario, será una oportunidad perdida de reactivar la senda del crecimiento económico sobre la base esencial de un sistema energético de futuro, que deje de favorecer a unos pocos para aportar prosperidad, sin riesgo, al conjunto de la sociedad”.

Martínez-Aroca ha asegurado que “El día 21 de junio, miles de españoles exigiremos responsabilidad a las personas que toman estas decisiones, porque, a la vuelta de unos años, ellos estarán en otros lugares y las consecuencias tendrán que soportarlas los ciudadanos, puesto que una política energética errónea no se corrige de la noche a la mañana y España se ha puesto a circular en sentido contrario de la marcha que llevan los países de referencia, como EEUU o Alemania”.

La aprobación del Real Decreto 413 que regula a las renovables se enfrentará a las miles de demandas del colectivo, formado por 62.000 familias que no han hecho otra cosa que aceptar una propuesta del Estado, que les impulsó al desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica y ahora no quiere asumir los compromisos adquiridos con sus ciudadanos.

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