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España ignora la agenda global para el desarrollo sostenible

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 25/09/2017 Alejandra Agudo
Ilustración: DAUD. © Proporcionado por ElPais Ilustración: DAUD.

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La noticia, en cuanto a la elaboración de un plan para que España se encamine hacia la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible –la agenda que debe guiar la acción internacional hacia un mundo más justo y próspero en 2030–, es que no hay noticia. No hay plan. Este 25 de septiembre se cumplen dos años de su aprobación en la sede las Naciones Unidas en Nueva York y España estaba allí para comprometerse. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Qué se plantea hacer para lograr los retos que afectan al país como reducir la desigualdad, alcanzar la igualdad de género o garantizar una alimentación "sana, nutritiva y suficiente" a todos los ciudadanos? ¿Qué institución del Estado se encargará de hacer el seguimiento de los progresos?

Estas preguntas deberán tener una respuesta para julio de 2018, cuando a España le tocará presentar en el Foro Político de Alto Nivel los avances en la implementación de la agenda, como ya han hecho medio centenar de países en las ediciones de 2016 y 2017. El calendario apremia. "No se podrá rendir cuentas de nada", vaticina Teresa Ribera, presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). "El año pasado, por la situación política con un Gobierno en funciones, estuvimos un poco paralizados, lo que explica el retardo", explica Juan Francisco Montalbán, embajador de España para la Agenda 2030 desde el pasado mes de mayo.  

El grupo de trabajo para la preparación de ese examen voluntario ante la ONU todavía no está formado, confirma Montalbán. "Espero que lo podamos anunciar pronto", dice. Solo entonces se sabrá si estarán implicados todos los ministerios, unos pocos o si el peso de "la acción internacional de información de lo que está haciendo en las políticas nacionales", en palabras del embajador, sigue recayendo exclusivamente en Exteriores. Otra cuestión es qué se va a presentar.

"Ni siquiera disponemos de una foto fija de cómo está el país respecto a los Objetivos", critica Ribera. Sin ella, no se sabe el punto de partida respecto a los 244 indicadores a medir, para ver en cuáles se tiene que mejorar, cuánto y cómo. Un ejemplo: la Agenda 2030 establece la necesidad de conocer cuánto tiempo emplean los ciudadanos en trabajos no remunerados de cuidados y en el hogar, desagregados por sexo, edad y territorio. Un dato necesario para conseguir la meta de "reconocer y valorar las labores no compensadas mediante la prestación de servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección y promoción de la responsabilidad compartida dentro del hogar y la familia". Es decir, tomar decisiones políticas para conseguir el Objetivo número cinco de lograr la igualdad de género.

Todavía está pendiente que se forme el grupo de trabajo para preparar el examen ante la ONU, en julio de 2018, sobre los progresos de España en la implementación de la Agenda 2030

El INE, asegura Montalbán, está preparado para hacer las mediciones. "Ya está haciendo la traslación de los indicadores que ya funcionan en España, estudiando los que habrá que ajustar y, en otros casos, tendrán que innovar", indica. No hay, sin embargo, quién le de la orden de comenzar la labor. A falta de datos oficiales, algunas ONG, así como la REDS, han elaborado sus propios estudios e incluso han alineado sus programas en países en desarrollo con los Objetivos. De esta manera, la acción exterior de España en este apartado, el de la cooperación, está encaminada a lograr los retos comprometidos ante la ONU, no solo por convencimiento de las organizaciones del ramo, sino también porque los Gobiernos de los territorios en los que trabajan así se lo exigen.

Todo apunta a que este será uno de los puntos que se incluirán como progreso en el examen voluntario. En el plano doméstico, el país se encuentra en el estadio de las promesas. Expertos en la materia han sugerido, pedido y en algunos casos urgido al Gobierno a que, entre otras medidas, diseñe un Plan Nacional para el Desarrollo Sostenible, que se cree una institución al más alto nivel para coordinar la implementación de la Agenda 2030 y que todos los ministerios elaboren estrategias anuales para que sus acciones estén encaminadas a lograr los retos que les competen.

Ribera no tiene esperanza en que estas propuestas sean atendidas en el corto plazo. "No ha habido una toma en consideración seria de lo que significa la Agenda. Es verdad que es un proyecto de sociedad, de distintas organizaciones de la sociedad civil y las empresas, pero quien tiene cierta capacidad de cambiar las cosas es el Gobierno y no se detecta ningún interés en él", considera Ribera. No ocurre lo mismo en otros países del entorno, añade la presidenta de la REDS, quien habla con evidente envidia del grado de convicción y progreso en Alemania o Francia. Otros nombres de la larga lista de países aventajados que ya se han puesto en marcha hacia el desarrollo sostenible son Finlandia, Uganda o Colombia. "En España hay un panorama sorprendente, desolador, y estamos perdiendo tiempo", añade Ribera.

La responsabilidad de la inacción que subraya Ribera no es, en su opinión, responsabilidad exclusiva del Gobierno. No hay una fuerte demanda ciudadana en la calle, ni un debate político de altura para que se cumpla lo acordado. "Hay que ser más exigentes", reclama la presidenta de la REDS.

En España hay un panorama sorprendente, desolador, y estamos perdiendo tiempo

Teresa Ribera, presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible

En nombre de los españoles, hace hoy dos años en Nueva York, el Rey Felipe VI, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo; el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia; el secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gonzalo Robles; y la vicepresidenta de la Comisión de Cooperación Internacional, Ana Mato, pactaron con la comunidad internacional que España se esforzaría para lograr un mundo mejor en 2030. "¿Dónde está aquello a lo que se comprometieron?", pregunta la experta. "Faltan debates sustantivos: ¿qué se hace contra la pobreza infantil o la desigualdad, y para que los jóvenes accedan a un empleo digno? Hay muchas cuestiones enormemente preocupantes", continúa. "Los ministerios ya conocen la Agenda y las implicaciones de los Objetivos en su día a día. Entiendo que ya están trabajando en base a ellos", apunta Montalbán desde Nueva York, donde asiste junto al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, y el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas, al 72º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos toman la delantera

Ante la lentitud, pasividad o inmovilidad –según quién hable– del Gobierno central, varias Comunidades Autónomas y Ayuntamientos han decidido tomar las riendas para que sus políticas contribuyan al desarrollo sostenible de sus territorios. País Vasco, Extremadura, Andalucía o Castilla-León son algunas de las regiones que ya han empezado a hacer los deberes, aunque al no existir una coordinación nacional, no hay un listado en el que se indique en qué punto se encuentra cada una de las autonomías y ciudades. Tampoco constan compilados los planes de las empresas o las ONG. Veamos, pues, los ejemplos de las pioneras y alumnas aventajadas: Comunidad Valenciana y Cataluña. Ambas han elaborado sus respectivos planes para que la Agenda 2030 guíe sus pasos hacia las metas en ella marcadas.

La estrategia de la Comunidad Valenciana contempla la creación de un Alto Consejo Consultivo para la Agenda 2030, así como una Comisión Interdepartamental para los ODS

"Fuimos los primeros en empezar", asegura Federico Buyolo, director general de cooperación y solidaridad de la Generalitat Valenciana, que el propio 25 de septiembre de 2015 se puso en marcha. Tal día se le encomendó la alineación de las políticas del Consell a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La estrategia para conseguirlo está ya elaborada y publicada; entre otras medidas –sobre todo de sensibilización y formación destaca la creación del Alto Consejo Consultivo para la Agenda 2030 de la Generalitat, así como una Comisión Interdepartamental para los ODS. "Es para impulsar en cada Conselleria que en las políticas públicas se incluyan los Objetivos y se haga seguimiento de los mismos. Este ya no es un tema de la Conselleria de Cooperación, sino de todo el Gobierno. Tiene que ser así", explica Buyolo como un padre que ve crecer a un hijo.

"Tenemos un análisis de los presupuestos relacionados con los ODS. De cada Consellería y dirección general sabemos qué partida destinan a los ODS o políticas alineadas con ellos", abunda el director general de cooperación y solidaridad valenciano. La comunidad también cuenta con una foto fija de su situación respecto a muchas de las metas a alcanzar. "De los más de 240 indicadores, 101 son aplicables a la Generalitat; los demás son retos ya están conseguidos y no los hemos incluido. De esos 101, hay unos 70 de los que ya tenemos datos. Los que faltan los iremos incluyendo", expone. "Este es el punto cero y de ahí deberíamos ir creciendo".

Por su parte, Cataluña también estaba trabajando en la implementación de los ODS "antes de su aprobación formal en la ONU", asegura Arnau Queralt, director del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Cataluña (CADS). Este organismo fue el encargado de elaborar un informe de referencia para regionalizar los ODS. Publicado en septiembre de 2016, "daba las claves para traducir las metas generales en retos concretos", detalla.

"Sabiendo que es una agenda global, es una invitación para la actuación a nivel local, doméstico, a diferencia de los Objetivos del Milenio", razona Queralt. Por eso, en febrero de 2017, se llegó a un acuerdo de Gobierno para elaborar un plan para los ODS. "Todos los países quieren aplicar la Agenda, pero no saben cómo hacerlo. Y pensamos que queríamos un plan viable; no uno bonito, pero que no lleve a nada. Los retos que tenemos son evidentes y no podemos postergar la acción", relata.

Todos los países quieren aplicar la Agenda, pero no saben cómo hacerlo. En Cataluña queríamos un plan viable; no uno bonito, pero que no lleve a nada. Los retos son evidentes y no podemos postergar la acción

Arnau Queralt, director del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Cataluña (CADS)

Por eso, optaron por asignar a cada Objetivo y sus metas, una serie de compromisos concretos para alcanzarlos. "Así, para erradicar la pobreza, recomendamos establecer una renta básica de ciudadanía. Esto es un compromiso político claro, con implicaciones presupuestarias y con impacto", ejemplifica. Como este, los autores han establecido unos 700 compromisos, explica Isidre Sala, director generalde AsuntosMultilaterales yeuropeosdel Departamentode AsuntosExteriores,RelacionesInstitucionales yTransparencia de Cataluña, durante la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible: actores para la implementación, celebrada recientemente por la Global University Network for Innovation (GUNI) en Barcelona. 

¿Cómo se llevará a la práctica este plan? Cada uno de los Objetivos, salvo el 17, están asignados un departamento que será el encargado de liderar su implementación -que se cumplen los compromisos- y seguimiento de los resultados, sin olvidar que ambas tareas dependerán también de otros departamentos debido a la interconexión entre unos ODS y otros, explica Queralt. Pese a que Cataluña tiene mucho de los deberes hechos, todavía quedan algunos por completar para que se empiecen a ver resultados. "Aún no está claro el mecanismo de seguimiento, hay que avanzar en esto y pulir los indicadores…", reconoce el director del CADS. Pero, "el plan se empezará a ejecutar en 2018", asegura Salas.

Para Ribera, los progresos realizados por ciertas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos deberían servir de ejemplo y presión al Gobierno central. Los representantes regionales temen, sin embargo, que el Gobierno tenga la tentación de apropiarse de su trabajo en el examen ante la ONU.  Por el momento, como dice la presidenta de la RED, "no hay nadie a cargo de esto, no hay un teléfono al que llamar para saber cuál es el plan".

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