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Europa tras el nuevo Parlamento

EL PAÍS EL PAÍS 01/06/2014 Carmen Alcaide

La intensa relación e interdependencia de la economía y la política hace necesario reflexionar sobre los posibles efectos de los resultados obtenidos en las recientes elecciones en la política económica europea. La fragmentación experimentada en la composición del nuevo Parlamento Europeo, la pérdida de escaños de las dos grandes agrupaciones: Socialistas y Demócratas (S&D) y Partido Popular Europeo (EPP) y la aparición con fuerza de nuevos parlamentarios por la derecha, por la izquierda e incluso algunos sin definir, van a hacer más difícil la gestión parlamentaria en los próximos años. Aunque es de esperar que la elección por el nuevo método del presidente de la Comisión Europea se consiga sin contratiempos, otra cosa será el tratamiento que se dé a los grandes problemas presentes en la Unión Europea, en cuya gestión siempre han estado presentes los intereses de cada una de las naciones y a los que ahora se sumarán los intereses contrapuestos de los diferentes partidos políticos.

La primera cuestión, básica para el resto de las políticas a decidir, es hacia dónde se dirigirá el desarrollo de la UE en los próximos años. Si antes era difícil adivinar si por fin se iría hacia una verdadera unión política y económica, ahora permítanme que sea más escéptica. A las dificultades existentes para rematar la Unión Bancaria, avanzar en la armonización fiscal y aunar criterios de políticas sectoriales concretas, ahora se sumarán las dificultades provenientes del euroescepticismo si no las posiciones claramente antieuropeas que han cogido fuerza en las últimas elecciones. El éxito obtenido por el partido de Le Pen, en Francia, y el UKIP británico dificultan seriamente el avance hacia una verdadera UE.

Pero yendo al terreno de la economía, pensemos en los efectos que esta nueva situación parlamentaria puede tener en las próximas directrices de política económica europea. Para ello debemos analizar los tres pilares que componen el conjunto de la política económica: la política monetaria, la política fiscal y la política de reformas estructurales que afectarán a los diversos sectores productivos.

La primera cuestión es hacia dónde se dirigirá el desarrollo de la UE en los próximos años

En la política monetaria debemos distinguir la de los países dentro de la zona euro que tiene una política monetaria común y el resto de países que gestionan su propia política monetaria de acuerdo o no con la practicada por el Banco Central Europeo. El BCE continúa en su papel dirigido básicamente al control de la inflación y con instrumentos bastante más limitados que los utilizados por la Reserva Federal estadounidense para poder impulsar el crecimiento. Su política está bastante definida en el corto y medio plazo, y probablemente no se va a ver afectada por los resultados electorales. Continuaremos con tipos de interés de referencia muy bajos y con algunas facilidades de financiación para las instituciones financieras. Sí será más novedosa la implementación de la Unión Bancaria recayendo en el BCE las funciones de regulador e inspección de algunas (no todas) las entidades financieras de la zona euro. Seguramente en esta materia todo seguirá igual y únicamente se oirán críticas hacia la actuación de las entidades financieras en la crisis y a las enormes ayudas percibidas sin que todavía hayan retornado fondos en forma de créditos a las empresas y ciudadanos.

En cuanto a la política fiscal, en opinión de algunos, si se quiere conseguir una verdadera unión económica, la tendencia debería ser hacia la armonización de al menos los impuestos fundamentales como los directos a las empresas y a las personas y el IVA como impuesto indirecto básico sobre el consumo. Pero no parece que esta armonización esté entre las últimas propuestas europeas. A pesar de que en el Pacto por el Euro la Comisión Europea se comprometía a marcar unas directrices para la coordinación de la política tributaria de los países, partía de la base de que la imposición directa sigue siendo de competencia nacional aunque sí consideraba la conveniencia del desarrollo de una base común para el impuesto de sociedades con el objetivo de evitar competencias desleales. La realidad, según los informes realizados por la CE, es que durante estos años de crisis no sólo no ha habido convergencia en los impuestos sino que, por el contrario, los Estados han actuado subiendo o bajando tipos según sus propias conveniencias. La tendencia media ha sido de un mayor aumento de tipos en los impuestos indirectos (IVA) y directos, pero cierta contención en las contribuciones sociales, probablemente como consecuencia del aumento del desempleo en la mayoría de los países.

El elevado desempleo debería plantear políticas que realmente incentiven la producción y el crecimiento

Hasta ahora, el énfasis de la política fiscal europea se ha puesto en el cumplimiento del llamado Pacto de Estabilidad y el procedimiento del déficit excesivo, a través de uno de los famosos indicadores de convergencia que limita el déficit público al 3% del PIB. Como cualquier medida tan concreta y estricta es difícil de cumplir, al no tener en cuenta los diferentes momentos en la evolución cíclica del denominador (PIB) que, en momentos de crisis como la padecida, impide el aumento de la recaudación de impuestos y obliga a recortes del gasto a veces abusivos e ineficientes. Con el nuevo Parlamento todo lo referente a la política fiscal será muy discutido al haberse puesto de manifiesto que gran parte de los ciudadanos europeos está en contra de esta receta exigida por Europa a la vez que se considera que no ha sido eficaz para la salida de la crisis y por el contrario si ha provocado muchas pérdidas de empleos. Necesariamente habrá discusiones sobre la aplicación de la política de austeridad impuesta hasta ahora y surgirán nuevas propuestas sobre los impuestos a las rentas más altas y a las transacciones financieras y de capital.

Por último, están todas las políticas sectoriales y de reformas estructurales. La Comisión Europea no se cansa de recomendar reformas estructurales a los países miembros de la Unión: reforma laboral, reformas de las Administraciones públicas y reformas sectoriales, pero ¿quién reforma la Comisión? Acaso no sería necesario reducir el exceso de burocracia y los costes que eso conlleva. Aspectos como la política energética necesitan de una mayor coordinación. El elevado desempleo en el conjunto de Europa, y especialmente en España, debería plantear políticas que realmente incentiven la producción y el crecimiento, y dentro del tema de los servicios sociales no se puede admitir que haya políticas laborales y de emigración tan diversas entre ciudadanos de la propia Unión Europea donde en teoría hay libertad de movimientos de los ciudadanos europeos.

Queda mucho por hacer para conseguir una verdadera Unión Europea, y aunque en el nuevo Parlamento habrá diputados dispuestos a dinamitar su futuro y el del euro como futura moneda única, todavía hay una mayoría importante de parlamentarios que puede impulsar las reformas en la buena dirección. Hace falta que en el seno del Parlamento se discutan seriamente las directrices a seguir para resolver los problemas sin pensar en los intereses particulares de los países ni de los partidos. Quizás al aceptar y asumir el descontento de los ciudadanos europeos mostrado en estas últimas elecciones puedan conseguirlo.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del INE.

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