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Familiares de ancianos tutelados por la Comunidad denuncian irregularidades en la gestión de sus cuentas

Logotipo de Cadena SER Cadena SER 02/10/2017 Teresa Rubio

La madre de Julita vivió con ella desde 2004 hasta agosto de 2012, cuando la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA) comienza a tutelarla y se convierte en administradora de todos sus bienes. Pese a que Julita quería mantenerla en su domicilio, y que en el acta en el que se la declara incapaz su madre declara que quiere vivir con ella, la AMTA decide mandarla con otra de sus hijas que lo primero que hace es contratar a dos cuidadoras 24 horas al día con el dinero de la pensión. Julita denuncia a la agencia en la Guardia Civil y en el juzgado. No sirve de nada. Durante esos últimos años, su madre fallece el 22 de julio de 2016, solo puede verla dos horas cada quince días. Allí comprueba como las cuidadoras se dedicaban a limpiar y a trabajar en el chalé. Cuidadoras que le reconocen que su madre solo sale de casa en verano, que ni siquiera la sacan al jardín a tomar el aire.

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Poco antes de que la madre de Julita falleciera le llegó una notificación del juzgado. La citaban por un procedimiento de enajenación de bienes. La AMTA quería vender una casa que su madre tiene en Ávila porque había contraído con ellos una deuda de 40.000 euros. Julita, que tenía en su poder la rendición de cuentas de la Agencia del último año, comprueba que en ésta sólo consta un desfase de 1.500 euros y se niega a firmar la venta del inmueble. Pese a que sus hermanos dieron el consentimiento, el juez dictaminó que la casa no se vendía. Desde la Consejería de Políticas sociales aseguran que la deuda la habían contraído los hermanos de Julita que habían gastado mucho dinero en el cuidado de la madre y querían vender la casa para que el AMTA les devolviera ese dinero. La Agencia de la Comunidad de Madrid les dio el visto bueno; el Juez no.

Julio tiene 89 años y vive en su piso de Carabanchel. Su hija Raquel se trasladó allí porque él no quiere ir a vivir a una residencia. Por un conflicto entre hermanos, y mientras el juzgado no toma una decisión sobre la posible incapacitación de Julio, la AMTA tiene la administración provisional de sus bienes. Por eso, su hija Raquel tiene que acudir una vez al mes a las oficinas de la Agencia para justificar los gastos de su padre y pedir que se los abonen, con la pensión de 636 euros que gestiona la AMTA. El invierno pasado pidió dinero para comprarle un abrigo. Había engordado un poco y el que tenía le quedaba pequeño. La trabajadora social se lo negó y le dijo: "para lo que sale tu padre le tapas con una manta y ya está, que no le hace falta nada más". En febrero se estropeó la caldera y estuvieron dos semanas sin calefacción y agua caliente. Al ver lo que estaban tardando en solucionar la avería, Raquel pidió un presupuesto por su cuenta. Le calcularon un máximo de 400 euros. Lo llevó a la AMTA para que le dieran el visto bueno, pero le dijeron que no, que ellos lo harían más barato. Finalmente ha pagado más de 500 euros. Desde la Consejería de Políticas Sociales aseguran que es porque los operarios tuvieron que realizar más arreglos en unos radiadores, pero cuando Raquel les pidió las facturas le dijeron que las habían perdido. Otra irregularidad, nos dice Raquel, es que la AMTA en ningún momento le pidió a su padre que diera el visto bueno al presupuesto para la reparación, algo que deberían de haber hecho porque no está incapacitado judicialmente.

Para Pilar Palao, Presidenta de la Asociación por los Derechos y la Dignidad de los Adultos Tutelados, es necesario que se elabore una ley integral sobre la tutela de adultos. Ahora se deja al libre albedrío de los trabajadores sociales la interpretación del código civil. Es necesaria una normativa para evitar casos como estos. Debemos de ir al cuidado centrado en la persona. La AMTA no puede ser solo un ejemplo de gestión económica, se tiene que ocupar del bienestar de sus tutelados.

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