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Hacienda califica de ilegales los pagos de Josep Prat a Carles Manté en Innova

EL PAÍS EL PAÍS 17/06/2014 Oriol Güell, Mercè Pérez Pons
Josep Prat, en la comisión de investigación de la sanidad en el Parlament. © joan sánchez Josep Prat, en la comisión de investigación de la sanidad en el Parlament.

Las investigaciones del caso Innova debilitan a cada paso las defensas del exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Carles Manté; del ex presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat; y del ex alcalde socialista de Reus Lluís Miquel Pérez. Un demoledor informe de la Intervención Territorial de Tarragona del Ministerio de Hacienda, al que ha tenido acceso EL PAÍS, considera que los 720.000 euros (IVA excluido) que la empresa municipal de Reus Innova, dirigida por Prat bajo el mandato de Pérez,  pagó entre 2007 y 2011 a Manté constituyen un caso de “omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido” para la contratación de las Administraciones públicas.

La Intervención considera que el acuerdo firmado entre Innova y Manté el 15 de marzo de 2007 —que supuso el pago de 320.000 euros hasta diciembre de 2008 por unas supuestas labores de “asesoría estratégica”— vulneró varias disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP). En el contrato “no consta acreditada la capacidad y solvencia” de CCM Estratègies i Salut —la empresa creada por Manté para percibir los cobros solo ocho días antes de su firma— para llevar a cabo las labores encomendadas.

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La Intervención critica también que, entre otras irregularidades, el contrato fuera adjudicado a dedo: “Debería haberse publicado un anuncio en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y adjudicado por el procedimiento abierto, restringido o negociado con publicidad”. Sobre los 400.120,82 euros percibidos por Manté entre enero de 2009 y junio de 2011, la Intervención simplemente sostiene que “no tenían soporte contractual alguno”.

El informe llega a censurar que Manté utilizara CCM como una sociedad instrumental para beneficiar a cinco familiares —“mujer, cuñado y tres hijas”, quienes según un informe anterior de la Agencia Tributaria cobraron a través de CCM dinero procedente de Innova— cuando en realidad los supuestos trabajos serían realizados “de forma prácticamente exclusiva” por Carles Manté. Todas estas irregularidades, según la Intervención, justificarían la “nulidad de pleno derecho” del contrato de 2007 entre Innova y CCM, del que, además, “se derivarían las responsabilidades que puedan corresponder”.

La contundencia del informe de la Intervención, “designada en funciones de auxilio judicial” en el caso Innova, ha llevado al juez del caso —Diego Álvarez de Juan, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Reus— a adoptar nuevas medidas contra los acusados. En un auto firmado el pasado día 12, Álvarez de Juan abrió “una pieza de responsabilidad civil” que prevé imponer una fianza a Prat, Manté y Pérez —también a la ex directora financiera de Innova, Esther Ventura, y a la ex asesora jurídica, Natàlia Torrel— “para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias a las que deberían hacer frente en caso de sentencia condenatoria”. Esta medida supone que los cinco acusados responderían incluso con su patrimonio a una posible multa que les sea impuesta.

El informe de la Intervención vierte aún más sombras sobre los pagos a Manté desde Innova, ya cuestionados por el interventor y el secretario municipales, que consideran que los trabajos de asesoría estatégica nunca llegaron a realizarse. Esta tesis también es defendida por la Guardia Civil (que actúa de policía judicial en el caso), que sostiene que Prat y Manté falsearon datos para justificar unos trabajos inexistentes.

Hacienda tumba la defensa de los acusados en el 'caso Innova'

Prat y Manté —que fueron detenidos por el caso en febrero de 2013— están imputados por el juez Álvarez de Juan por los delitos de malversación, estafa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo y contra Hacienda, mientras que Lluís Miquel Pérez lo está por los de malversación, prevaricación y contratación irregular.

Las dos líneas de defensa que los acusados han mantenido hasta ahora —que los trabajos sí se realizaron y que los contratos que los justificaban eran legales— quedan ahora muy debilitadas tras el informe de la Intervención, que tumba la segunda.

Los pagos de Innova a Manté, destapados por este diario el 19 de junio de 2012, constituyen la causa principal del caso Innova, que investiga un cúmulo de contratos, pagos y adjudicaciones irregulares en ocho piezas separadas que hasta la fecha han supuesto la imputación de más de 40 personas. Entre ellas figura el presidente de la Diputación de Tarragona, el convergente Josep Poblet.

Las investigaciones también han salpicado a la ex consejera de Salud del tripartito, Marina Geli (PSC). Ella fue, según declaró ante el juez Josep Prat, quien “recomendó” que Innova contratara a Carles Manté, quien había sido cesado poco antes como director del CatSalut. La llegada de Manté a Reus se fraguó en reuniones convocadas para tratar la construcción del nuevo hospital Sant Joan de Reus, en las que según Prat participaron él mismo, Marina Geli, Lluís Miquel Pérez y el ex consejero delegado de Innova, Josep Morató.

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