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Ibarra suspende a Gallardón

EL PAÍS EL PAÍS 04/06/2014 Juan Mari Gastaca
Juan Luis Ibarra y Adela Asúa, en el desayuno informativo celebrado en Bilbao. © fernando domingo-aldama Juan Luis Ibarra y Adela Asúa, en el desayuno informativo celebrado en Bilbao.

Sin levantar el tono de voz, acompañado de un lenguaje expresivo ajustado a los cánones del rigor jurídico al que acostumbra, Juan Luis Ibarra ha suspendido al ministro Alberto Ruiz Gallardón. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lo ha hecho durante una reivindicativa conferencia en el Fórum Europa Tribuna Euskadi, a la que ha precedido una exhaustiva presentación a cargo de Adela Asúa, vicepresidenta del Tribunal Constitucional.

"La modernización de la Justicia permanece en el terreno de las dinámicas ciegas". Una frase tan descriptiva resume el tono crítico que ha empleado en más de dos ocasiones Ibarra durante su discurso, seguido por numerosos representantes del ámbito político y del mundo de la justicia en el País Vasco. A nadie les ha dejado indiferentes al analizar con espíritu propositivo el desarrollo y la apuesta de futuro del Tribunal Superior de Justicia en sus primeros 25 años de existencia en una comunidad a la que trata de acercarse.

Ibarra ha partido del concepto de situar la modernización de la Justicia en España como "una cuestión de Estado" para concluir que este plan estratégico, aprobado en la anterior legislatura, "ha quedado condenado al olvido". Asistido de una identificación recurrente para entrar en valoraciones descalificadoras, el presidente del Superior vasco ha reconocido que en el análisis de las leyes aprobadas bajo el mandato del Gobierno Rajoy "no hay sólidos elementos configuradores de un horizonte de modernización de la Justicia".

La disconformidad con la política del ministro Ruiz Gallardón, a quien no ha citado intencionadamente, también se ha trasladado a la reorganización que se pretende para los Tribunales Superiores de Justicia. Así, Ibarra se ha preguntado si es "viable económicamente" el "tremendo esfuerzo en infraestructuras" que supone la transformación propuesta por el Gobierno. Con todo, la necesidad de alcanzar un pacto de Estado para sacar adelante la ley orgánica del Poder Judicial hace pensar a este curtido jurista y magistrado que "no va a ser fácil".

Ha conceptuado como "bellos edificios" a los Tribunales Superiores de Justicia

Preocupado por la esencia de los Tribunales Supremo, a quienes ha conceptuado como "bellos edificios", Ibarra ha recordado que "no se ha rematado" la organización judicial en las autonomías con las competencias transferencias de Justicia habida cuenta de que la función de casación "es muy pequeña" y su relación con las instituciones autonómicas "dependientes de las relaciones personales y de que siga haciendo un café bueno para compartirlo", ha añadido con cierta ironía.

Eso sí, peor parada ha salido la reforma del principio de la Justicia universal hasta el punto de que ha admitido sentir "vergüenza" ante el debate de los cambios "que se limitan a poner comas y puntos y comas en el texto".

En una referencia  a Euskadi, Ibarra, después de haber transitado por diferentes responsabilidades en la Administración de Justicia, ha destacado que "los jueces en el País Vasco nos hemos comprometido en convertir en derecho vivo el principio de que los derechos sociales de base constitucional no están a merced de las fuerzas del mercado". Lo ha dicho bajo una premia general que les identifica: "estamos comprometidos en no defraudar las expectativas sociales de proscripción de las discriminaciones ilicitas en cuanto al acceso a la jurisdicción por razón de condiciones económicas de las personas".

A su vez, y ya en el coloquio, ha admitido que los tribunales vascos no están dotados para hacer frente de "forma rápida" a los asuntos de corrupción  al referirse a la investigación del caso De Miguel que se sigue en Álava y cuyo fiscal, Josu Izaguirre, se encontraba presente. Ibarra, además, se ha mostrado partidario de abrir el debate a la posibilidad de que el fiscal pueda instruir procesos judiciales. Incluso ha adelantado que el consejo fiscal lo podría abordar en una reunión prevista para el próximo mes de septiembre, en Bilbao.

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