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Irlanda, ante la justicia europea por no reclamar a Apple los 13.000 millones que le debe

Logotipo de El Mundo El Mundo 04/10/2017 PABLO R. SUANZES

La Comisión Europea ha anunciado hoy que llevará a Irlanda ante la Justicia Europea por la negativa de Dublín a exigir a Apple los 13.000 millones de euros que, según Bruselas, no pagó gracias a ayudas ilegales de Estado.

El 30 de agosto de 2016, Bruselas concluyó que las ayudas fiscales concedidas por Irlanda a Apple no eran legales. "Una cuestión de principios según las reglas europeas es que la ayuda de estado legal sea recuperada para restaurar la distorsión creada a la competencia.

"Irlanda debe recuperar los 13.000 millones de euros de Apple. Sin embargo, más de un año después de que adoptáramos esa decisión, Irlanda no lo ha hecho, ni siquiera una parte. Entendemos desde luego que en algunos casos recuperar dinero puede ser más complicado que en otros, y estamos siempre dispuestos a ayudar. Para los Estados Miembros deben hacer progresos suficientes para restaurar la competencia. Por eso hemos decidido denunciar a Irlanda ante la Corte Europea de Justicia por no aplicar nuestra decisión", ha explicado la comisaria Margrethe Vestager.

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El plazo para que Dublín cumpliera expiró en enero de 2017, según los procedimientos habituales, cuatro meses después de la notificación. Bruselas lamenta que hasta que el dinero no sea ingresado en las arcas públicas, Apple se seguirá beneficiando de una posición injusta respecto a otras empresas. Y a pesar de que hay constancia de que el Gobierno irlandés "ha hecho progresos en el cálculo exacto de las ayudas ilegales concedidas, no planea terminar los trabajos antes de marzo de 2018 como pronto". Algo inaceptable para Vestager.

Irlanda, que defiende su Sistema fiscal y no quiere ingresar ese dinero, ha recurrido ante la Justicia Europea la decisión de Bruselas. Pero las normas comunitarias indican que aunque haya un recurso en marcha, el dinero ha de ser recuperado. Y se puede depositar temporalmente en una cuenta bloqueada.

La UE no puede imponer multas por el retraso del cumplimiento hasta que haya una sentencia del Tribunal al respecto, algo que suele llevar cerca de dos años desde que arranca el proceso.

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