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La ambigüedad de Trapero deja en vilo al Gobierno

Logotipo de El Mundo El Mundo 27/09/2017 elmundo.es
Josep Lluís Trapero / EFE © EFE Josep Lluís Trapero / EFE

El Gobierno alberga una sombra de desconfianza respecto a la actuación que finalmente desempeñarán los Mossos, bajo el mando del mayor Josep Lluís Trapero, en cumplimiento de las órdenes recibidas de la Fiscalía, y ahora también del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para que precinten todos los locales que pretendan utilizarse como centros de votación el próximo domingo. «Ponen demasiadas reservas», apuntan fuentes del Ejecutivo, que preferirían un control claro y directo de todas las operaciones a desplegar antes, durante y después del 1-O por parte de los mandos de las fuerzas de seguridad del Estado.

El Gobierno está dispuesto a mantener el margen de confianza con los Mossos hasta el último momento e insiste en que cualquier decisión que suponga incrementar el grado de implicación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional queda en manos de la Justicia. El Ejecutivo intenta evitar que puedan atribuirse las decisiones más polémicas a la arbitrariedad política y se muestra decidido a dejar vía libre a jueces y fiscales descartando por ahora caminos taxativos como la activación de la Ley de Seguridad Nacional. Es esta filosofía la que subyace en la aceptación por parte del Ministerio del Interior de acudir hoy a la reunión de la Junta de Seguridad pese a que fue unilateralmente convocada por Carles Puigdemont.

En cualquier caso, el Gobierno mantiene activadas todas las alertas para reaccionar de inmediato en el caso de que fuera necesario. Así, como recalca el propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el refuerzo de policías y guardias civiles en Cataluña se mantendrá «mientras sea necesario» y se adoptarán «todas las medidas legales» para impedir «cualquier ataque a la dignidad» de estos efectivos. Por el momento, el Gobierno insiste en que las unidades de la Policía y de la Guardia Civil desplegadas en Cataluña tienen como objetivo «apoyar y colaborar con los Mossos» en el mantenimiento del orden público, y «garantizar que se cumple la ley y se respetan los derechos y las libertades». Y eso, puntualizan, «no es una medida de excepción ni implica sustraerles ninguna de sus funciones y competencias».

Las dudas en relación con la actitud de la cúpula de los Mossos trasciende, no obstante, el círculo del Gobierno. Ciudadanos llegó a explicitarlas abiertamente criticando por boca del secretario de su grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez, «la falta de lealtad» de los mandos de los Mossos, en referencia a Trapero.

La ambigüedad de los Mossos se pudo comprobar este miércoles en la reunión en la Fiscalía Superior de Cataluña entre todos los cuerpos policiales que están dentro del operativo contra la celebración del referéndum ilegal del 1-O suspendido por el Constitucional. En el encuentro, Trapero aseguró que acatarían las órdenes de control de los colegios electorales pese a que expresó su preocupación ante los problemas de orden público que significaría vigilar más de 2.200 puntos de votación en toda Cataluña. Para el mayor de los Mossos algunos de ellos son centros sanitarios, colegios o residencias sociales que ofrecen un servicio «esencial» y aplicar la orden significaría que deberían desalojarse.

La reunión, que fue «correcta» según algunos asistentes, también sirvió para establecer el dispositivo policial necesario para este control. Sin embargo, por las redes sociales los Mossos trasladaron que en el encuentro se habló sobre la «situación de tensión que se está generando en relación con los actos del próximo 1-O» y que hacen referencia a las consecuencias en seguridad ciudadana y al «más que previsible riesgo de alteraciones del orden público que se pueda derivar». Además, la policía autonómica detalló que el «cumplimiento de las instrucciones no excluye la responsabilidad profesional de contemplar que aplicarlas puede comportar consecuencias no deseadas», pese a que no se negaron a acatarlas, sino que serán «especialmente cuidadosos con los principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia».

En esa misma reunión, los Mossos pidieron que el control de la investigación sobre la organización del 1-O pasara al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en lugar de continuar en manos de la Fiscalía. Por la tarde, la juez instructora del procedimiento contra los miembros del Govern por prevaricación, desobediencia y malversación en la convocatoria del referéndum instó a la Fiscalía a cesar en su investigación y ordenó a la Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y Policía Nacional que impidan hasta el 1 de octubre la utilización de locales o edificios públicos para la preparación de las votaciones. La magistrada asumió así el control de las actuaciones y pidió a todas las fuerzas policiales -y no sólo a Mossos como había indicado la Fiscalía- que no permitan la apertura de los colegios electorales «procediendo en su caso al cierre de todos aquéllos que hubieran llegado a abrirse» para las votaciones.

La magistrada también insta a los agentes a requisar todo el material relacionado con el referéndum, como urnas y papeletas e incluso ordenadores. Asímismo, recuerda que no se puede destinar ningún establecimiento público para la logística del 1-O, como el procesamiento, recepción, recuento o gestión de votos. El TSJC detalla que las policías locales pueden auxiliar en estas tareas.

La decisión de la juez refuerza el control judicial sobre la policía catalana ya que no acatar las órdenes del tribunal significaría un delito de desobediencia.

A la resistencia de los Mossos se suman las vías abiertas por el Govern para frenar la que considera sumisión de la policía de la Generalitat. Una de ellas se escenificará este jueves en el Palau de Pedralbes, donde Carles Puigdemont convocó de forma unilateral la Junta de Seguridad de Cataluña, el principal órgano político de coordinación policial entre Govern y Estado. Aunque no hubo ningún aviso previo, el Ministerio del Interior acudirá a la cita «en aras de la responsabilidad», pese a que lamenta unas formas atribuibles a la actual tensión por el 1-O y al intento del Govern de frenar la tutela a la que Interior somete a los Mossos. A la cumbre acudirán Puigdemont junto con el conseller d'Interior, Joaquim Forn y el mayor Trapero. Forn acusó a los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional desplazados a Cataluña de llegar para «alterar el orden» y generar disturbios.

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