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La Audiencia Nacional imputa sedición a Trapero por los incidentes de Barcelona

Logotipo de El Correo El Correo 04/10/2017 Mateo Balín
Carles Puigdemont estrecha la mano de Josep Lluis Trapero. © Afp Carles Puigdemont estrecha la mano de Josep Lluis Trapero.

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha resuelto a petición de la Fiscalía citar a declarar este viernes en calidad de investigado al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, a la intendente de la policía catalana, Teresa Laplana, y a los presidentes de la plataformas independentistas ANC y Ònmium Cultutal, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por un delito de sedición en relación a los incidentes contra la comisión judicial de la 'operación Anubis', que tuvieron lugar los pasados días 20 y 21 de septiembre a las puertas de la Consejería de Economía en Barcelona y otras dos sedes.

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A petición del teniente fiscal Miguel Ángel Carballo, la titular del Juzgado Central de Instrucción número tres ha acordado estas diligencias una semana después de admitir a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía, en la que pedía informes a la Guardia Civil para identificar a las personas que pudieron promover estas concentraciones tumultuarias destinadas a entorpecer el mandato del juez de Barcelona que autorizó los registros contra el supuesto núcleo organizador del referéndum del pasado domingo (20 investigados y 14 detenidos).

En su auto, la juez expuso que estos actos podrían ser constitutivos de delito de sedición al ir "dirigidos a romper la organización territorial del Estado" y declaraba a la Audiencia Nacional competente para su investigación, ya que estos hechos podrían atentar además contra los bienes jurídicamente protegidos y la actual forma de gobierno.

Dichas concentraciones, que se saldaron con varios coches de la Guardia Civil destrozados y la imposibilidad de la comisión judicial de abandonar la consejería durante varias horas, buscarían "tratar de cambiar ilegalmente la organización territorial del Estrado y declarar la independencia de una parte del territorio" quebrantando "el principio de la unidad de la Nación española", según expuso la juez en su auto.

En esa resolución ya apuntaba a la posible responsabilidad en los hechos de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, quienes alentaron a las masas a continuar con la concentración frente a la consejería de Economía, donde se agolparon miles de personas. “Que nadie se vaya a casa. Será una noche larga e intensa”, dijo Jordi Sánchez subido al coche destrozado de la Guardia Civil, quien llamó a la “movilización permanente” junto a Jordi Cuixart.

Un delito penado con hasta 15 años de prisión

El delito de sedición, recogido en el artículo 544 del Código Penal, se enmarca dentro del Título XXII (delitos contra el orden público) del texto penal vigente mediante Ley Orgánica de 1995. Su definición está contenida en el primero de los dos artículos que comprende el capítulo I, dedicado a este delito. “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o de cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

El delito de sedición exige por tanto una conducta colectiva caracterizada como alzamiento tumultuario, que se define como “abierto, exteriorizado, anárquico, inorgánico y desordenado o en tropel”. Que vaya dirigido a impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. El bien jurídico que se protege con este delito es pues el del orden público y el principio de autoridad, y su elemento subjetivo es impedir la aplicación de la leyes o ejercer sus funciones al cargo público o funcionario. La pena oscila entre los ocho y los 15 año de prisión.

En el caso de Trapero y su intendente Planas, fuentes judiciales explicaron que la motivación de su declaración por un delito de sedición tiene que ver con que no pusieron los medios necesarios para garantizar la seguridad a la comisión judicial de la 'operación Anubis'. Tampoco impidieron la concentración tumultuaria frente a la consejería.

Además de las peticiones por escrito, los agentes de la Guardia Civil reclamaron en varias ocasiones ayuda a la intendente jefa de los Mossos en la comisaría del Eixample de Barcelona, Teresa Laplana, desplazada al lugar desde primera hora de la mañana, pero hasta las 14.30 horas del 20 de septiembre no se presentó un responsable de la Unidad de Control de Masas, casi cinco horas después.

Cumplir la orden

El mayor de los Mossos, en cambio, alegará ante la juez que la policía catalana ha cumplido "estrictamente" las órdenes judiciales. En una serie de mensajes en Twitter y en una carta que la cúpula de los Mossos ha remitido a todos los agentes asegura que en la comparecencia aportará toda la información sobre las actuaciones que la policía autonómica llevó a cabo en el dispositivo del 20 de septiembre.

Trapero también alegará ante la juez que en todas las intervenciones de las últimas semanas relativas al referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional, los Mossos han cumplido "estrictamente" las órdenes judiciales y de la Fiscalía, "con el máximo rigor y profesionalidad".

"Pedimos que los Mossos mantengan la confianza en su trabajo diario de servicio a la ciudadanía y continúe ejerciendo con normalidad sus funciones con la misma dedicación y profesionalidad, como lo ha venido haciendo hasta el momento", sostiene la misiva.

Los mandos de los Mossos agradecen el apoyo público y reconocimiento que han recibido en los últimos meses, pero subrayan que la "normalidad" que invocan para poder seguir trabajando como hasta ahora es "la mejor muestra de apoyo que en estos momentos se puede recibir".

De hecho, los Mossos han pedido que se les deje al margen de los actos de apoyo que se puedan convocar para arropar a los líderes de la ANC y de Omnium tras su imputación, para dejar claro que no mantienen ninguna vinculación política con los responsables del proceso soberanista y que su labor es profesional e independiente.

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