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La caja b de Gürtel: facturas falsas, cobros en negro y despidos ficticios

EL PAÍS EL PAÍS 13/06/2014 EFE
Francisco Correa, tras declarar en Valencia en mayo de 2013. © Tania Castro Francisco Correa, tras declarar en Valencia en mayo de 2013.

La contabilidad fraudulenta que llevaba la trama liderada por Francisco Correa se nutría de tres conceptos: facturas falsas, cobros en efectivo de servicios sin factura y pagos ficticios por supuestas indemnizaciones de despido que no eran tales. Son datos de la Agencia Tributaria en un informe remitido este viernes a las partes del caso Gürtel elaborado por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF). En el se analiza la llamada caja b de Gürtel, también calificada por la propia trama como "caja b actual" o "caja pagos b", y concretamente de dónde procedían las cantidades que en ella se ingresaron entre 2003 y 2006.

Ese dinero, indica el informe, luego se destinaba a pagar comisiones a políticos como los exalcaldes del PP de Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda; el exedil del primer municipio José Luis Peñas (que fue quien destapó la Gürtel) y el exeurodiputado Gerardo Galeote, entre otros.

En sus conclusiones, la ONIF afirma que esta caja b se alimentaba de facturas que no respondían a ningún servicio, en las que se simulaba el pago a un proveedor, de manera que se retiraban los fondos de cuentas bancarias de empresas de la red Gürtel y se ingresada en esa contabilidad paralela. También se contabilizaban allí cobros en efectivo por servicios prestados por la organización sin que se emitiera factura, es decir, pagos en dinero negro a la trama, así como pagos ficticios de indemnizaciones de despido, entre ellas una al presunto contable de la red, José Luis Izquierdo, a quien precisamente se le incautó el pendrive que contenía toda esta contabilidad paralela.

En cuanto a la entrada de fondos por el pago simulado de facturas, el informe explica que las emitían personas a las que no les afectaban apenas en su declaración tributaria, mientras que las empresas de Correa a las que iban destinadas sí podían deducir el importe en el IVA, por lo que tenían que pagar menos a Hacienda por unos servicios que nunca se abonaban y que en realidad iban a engrosar la contabilidad b.

En la mayoría de los casos, los empresarios que emitían las facturas, que en la jerga fiscal reciben el nombre de "moduleros" o "factureros", no llegan nunca a recibir el dinero, salvo cuando eran personas de confianza, cuando se llegaba incluso a hacer transferencias a sus cuentas con las cantidades, que luego ellos devolvían en efectivo a la trama total o parcialmente (descontando su comisión). La "masiva" utilización de facturas falsas queda patente, según Hacienda, en los años 2003 y 2004, con facturas contabilizadas por sociedades de la trama Gürtel años antes, por lo que no se simulaba el pago en el ejercicio en que se emitía la factura, sino cuando, posteriormente, las empresas de la red querían hacer uso de los fondos.

En 2005 y 2006, la "grandísima mayoría" de las facturas falsas las emitieron las empresas "factureras" Elvinde Europea, Lobirel, Klober Aster y Clasica Capital, indica el documento. Por otro lado, mediante el sistema de indemnizaciones de despido ficticias se ingresaron en 2006 en la caja b de las empresas de Correa 64.888 euros.

Concretamente se trató de cuatro indemnizaciones, una de ellas a Izquierdo, abonada por la agencia de viajes de Gürtel, Pasadena. Las indemnizaciones que las empresas dijeron haber pagado coincidieron con la cantidad ingresada en la caja B en todos los casos salvo en el de Izquierdo, a quien la empresa declaró haber abonado 45.367 euros de los cuales tan solo 40.000 se metieron en la contabilidad paralela.

Por último, el informe dedica un epígrafe a los fondos "opacos" que se ingresaron en la caja b procedentes de Valencia, en concreto 242.000 euros en 2005 y 1,4 millones en 2006 tanto de la empresa Orange Market como de la visita del Papa, pero no entra a analizarlos porque forman parte de la investigación de Gürtel que lleva el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Según cálculos de la Policía en otro informe aportado a la causa, la organización manejó 25 millones de euros en dinero negro de 1996 a 2009.

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