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La CNMC recurre la norma que blinda a los taxistas ante Uber

El Confidencial El Confidencial 07/04/2016 Teknautas

La Comisión Nacional de la Competencia ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra determinadas restricciones a la competencia establecidas en la normativa que regula los vehículos de alquiler con conductor. Considera que reducen la competencia en este mercado y afectan negativamente a los precios, la calidad, la innovación y "en definitiva al bienestar general". 

El recurso se interpone para pedir la modificación del Real Decreto 1057/2015 y la Orden FOM 2799/2015. Después de pedir al Consejo de Ministros que anulase varios artículos de ambas normas, requerimientos que no han recibido por el momento ninguna respuesta, la Comisión ha decidido interponer este recurso con el objetivo de mejorar ambos reglamentos y eliminar las "restricciones injustificadas a la competencia que perjudican a los consumidores, las empresas, los autónomos y al propio sector público". 

© Externa

Una de esas restricciones, argumenta la CNMC en su comunicado, es la imposición de un límite en el número de licencias VTC y la obligación de una contratación previa del servicio, prohibiendo competir de forma directa en la vía pública. Otra es la restricción geográfica que se impone a la hora de prestar servicio y que fragmenta el mercado nacional. Por último, pide eliminar que sea necesario un número mínimo de vehículos para operar, así como la imposición de medidas innecesarias y discriminatorias para los nuevos actores en el mercado, relacionadas con la antigüedad de los vehículos. 

Estas barreras, "carecen de justificación social, obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio, afectan negativamente a la innovación y, por todo ello, reducen el bienestar general". 

Hace ya semanas que existe una guerra abierta entre el Gobierno y la CNMC a cuenta de la economía colaborativa: desde la aparente discreción, Competencia se ha convertido en el mayor opositor a las políticas del Ejecutivo en torno a la economía colaborativa, un sector tan amplio como complejo que requiere ser abordado desde el punto de vista legal lo antes posible. 

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