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La Comisión Europea exige medidas a España para detener el fraude del atún rojo

Logotipo de Cadena SER Cadena SER 27/09/2017 Sonia Gómez

La Guardia Civil investiga a siete personas por la intoxicación alimentaria con atún rojo de 105 personas en ocho comunidades autónomas y varios países europeos el pasado mes de mayo. Según informa Radio Jaén, la Benemérita ha comprobado que la empresa había manipulado el pescado y no tenía ningún tipo de control en el etiquetado de los lotes.

Pero parece que la inspección no ha dado resultado. La Comisión Europea ha exigido a España medidas "urgentes" para detener el fraude por el que, según informa el diario 'El País' afectaría a unas 25.000 toneladas de atún cada año y supondría unas ganancias de 200 millones de euros. (Datos recogidos por la Comisión Europea a los que ha tenido acceso el periódico).

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La inyección de vegetales está prohibida

Al parecer, el atún afectado estaba destinado para la industria conservera, pero era modificado con inyecciones de remolacha y otros vegetales para presentarlo como un producto fresco. Esto hace que el color se intensifique mucho más, de un tono marrón a uno rojo. Los expertos advierten que los síntomas no suelen ser graves y que entre los afectados no hubo ningún hospitalizado.

Lo que sí deja claro la ley es que el uso de extractos vegetales y/o aromas no está autorizado. "Su empleo supone el uso encubierto de un aditivo alimentario no autorizado, cuyo objetivo principal es mejorar el aspecto del producto (p.e. dar color rojo al atún) y prolongar su vida útil, lo que podría inducir a error a los consumidores y también podría suponer un riesgo para la salud por la presencia de altos niveles de histamina a la vez que supondría un fraude comercial", advierte la Comisión Institucional.

Práctica fraudulenta que engaña al consumidor

Bruselas ha destacado que el atún se vende a precios desorbitados, por lo que supone una "práctica fraudulenta" que "engaña" al consumidor y que puede provocar casos "serios" de "intoxicación alimentaria".

España tiene un mes para tomar medidas, debido a que el Ejecutivo comunitario llevará a cabo en octubre una serie de inspecciones para detener la comercialización del atún fresco, que incluso podrían prohibir su distribución procedente de las empresas en las que se confirmó el fraude.

La agencia española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición (aecosan) recuerda la legislación aplicable europea sobre la comercialización del atún descongelado. La institución permite a la industria tratar el alimento con "aditivos autorizados", pero es importante seguir la cadena de congelación del producto que va a determinar el destino final del producto.

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