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La fiscalía ve en el Popular indicios de falsedad contable y manipulación de mercado

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 25/09/2017 Antonio Maqueda
Sucursal de una oficina del Popular en la Carretera de Canillas de Madrid. © LUIS SEVILLANO ARRIBAS Sucursal de una oficina del Popular en la Carretera de Canillas de Madrid.

El informe de la fiscalía en el que valora las querellas y denuncias por el Banco Popular concluye que existen dos cuestiones con relevancia penal. En primer lugar, apunta a la ampliación de capital de 2016, en la que se recabó un importe de 2.505 millones de euros.

“Para captar el capital de los potenciales inversores, el Banco proporcionó a estos, a través de los folletos de inversión, una información de sus estados contables y financieros que no reflejaba la verdadera situación económica de la entidad de suerte que, de haber reflejado la imagen fiel, no se habría efectuado la inversión en los términos y condiciones que fue. Algunas de las diferencias contables de carácter relevante se pusieron de manifiesto meses después cuando se llevaron a cabo por la entidad diversos ajustes contables”, señala el documento. A continuación, Anticorrupción sostiene que esos hechos podrían ser constitutivos de “un delito relativo al mercado y a los consumidores”. Y afirma que las aportaciones de denunciantes y querellantes respecto a estas son suficientes para acreditar "indiciariamente" los hechos.

El escrito alega que lo ocurrido en torno a la ampliación tuvo “grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil”, debido a la elevada inversión y “los miles de accionistas potencialmente perjudicados”. Además, destaca “el descrédito y desconfianza" que supuso para el sistema financiero.

Por otro lado, el texto pone el foco sobre la presunta manipulación de mercado que acabó con la venta del Popular por un euro al Santander. “Se denuncia también lo que consideran una campaña de desprestigio del Banco a través de la publicación de noticias que contenían datos o información falsa, para hacer caer el valor de la cotización de sus acciones y obtener así importantes beneficios”, recoge el informe. La fiscalía también considera pertinentes las acciones legales emprendidas por este hecho.

Anticorrupción pide al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que admita las denuncias y querellas que se dirigen contra los gestores del Popular, la auditora PWC y el socio que firmó las cuentas. En cambio, no estima las que van contra el Banco de España, el Ministerio de Economía y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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