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La Generalitat asesoró el 25-M la colocación de urnas ilegales

El Mundo El Mundo 10/06/2014 FERNANDO LÁZARO

«Difusión reservada». «A todos los voluntarios de las mesas». Era un comunicado de urgencia con un claro afán, calmar a aquellos voluntarios que iban a participar en convocado en Cataluña para la misma . Fue remitido por la «Coordinació Tècnica Multirreferèndum».

Y lo que subyace de estas instrucciones es una negociación previa entre los organizadores de esta iniciativa y la Consejería de Interior del Gobierno de . Y la carta electrónica se remitió en la víspera de la convocatoria para tranquilizar a aquellos que se prestaran a esta iniciativa, para convencerles de que su participación no tendría consecuencias ni sanciones. «No habrá identificaciones por parte de la Policía. El consenso es no generar tensión por ninguna parte», apuntaba el texto.

© Proporcionado por elmundo.es

Arrancaba el escrito explicando que se había producido un «acuerdo» con el Departamento de Interior catalán. «Escribimos este comunicado de urgencia para tranquilizar a todo el voluntariado», indicaba.

«Sólo se procederá a identificaciones si un apoderado/interventor de algún partido político presenta denuncia contra una de nuestras mesas por considerar que interfiere en el proceso de los comicios europeos», indicaba el correo.

Aseguraba que el compromiso inicial era que los Mossos no llevarían a cabo «una retirada forzosa de urnas y mesas». Finalmente, tras la decisión de la Junta Electoral, comunicada el mismo día de los comicios, la policía autonómica sí retiró las urnas, aunque no se registraron incidentes. Los organizadores tranquilizaban a sus voluntarios: «Los Mossos, posiblemente levanten acta para informar a la Junta Electoral, pero esto no implica que después se tenga que transformar en denuncia. Eso dependerá de la Junta Electoral. Con las consultas de la Deuda en 2000, muy pocas actas derivaron en denuncia y prácticamente ninguna de ellas en sanción».

Sólo 'delito electoral'

Y los organizadores siguen explicando sus acuerdos con la Generalitat: «Con este escenario, conseguimos librarnos de denuncias y juicios por desobediencia a la autoridad. En todo caso se nos podría denunciar por delito electoral, cosa poco probable, difícil de demostrar y de la que nuestros abogados están seguros de podernos defender», tranquilizaba el correo.

En cualquier caso, fijaban ya algunas pautas para intentar tratar de evitar posibles consecuencias: «Es aconsejable estar a una distancia prudencial de los colegios electorales. Se puede seguir como recomendación el acuerdo de la Junta Provincial de Girona de 100 metros. Ahora bien, hay experiencias previas que demuestran que es posible situarse más cerca si no se interviene en las elecciones. En esto seremos flexibles y consideraremos las recomendaciones de los agentes».

El escrito, compuesto de ocho puntos, añadía: «En los municipios que hayáis visto denegado el permiso por parte de vuestro Ayuntamiento, especialmente aquellos que dispongan de Guardia Urbana, hace falta que nos lo hagáis saber respondiendo a este mismo correo. Pediremos al Departamento de Interior que informe a los ayuntamientos de cuáles son sus directrices para el caso y así desactivar posibles problemas».

La misiva electrónica finalizaba con una advertencia para todos: «Discreción. Estas informaciones son de carácter interno y no se tienen que hacer públicas puesto que podrían modificar el escenario y provocar efectos no deseados perjudiciales para nuestros intereses».

Aunque ni la orden de la Junta Electoral Central hizo que los organizadores del multireferéndum suspendieran esta consulta, no se pusieron muchas de las 250 mesas previstas para el 25 de mayo. Se pudo votar en urnas de cartón -similares a para la del 9 de noviembre- durante buena parte de la mañana. La mayoría de las mesas estaban en la calle, aunque algunas entidades privadas también acogieron las votaciones. Hasta las dos de la tarde, los Mossos d'Esquadra permitieron estas urnas populares sin levantar acta y simplemente informaban a los voluntarios que estaban en la mesas de que no podían seguir allí, por lo que éstos se iban a otro lado. Fuentes sindicales explicaron que los agentes recibieron la consigna de hacer cumplir la ley ya que se trataba de una consulta ilegal.

La situación cambió a primera hora de la tarde, cuando la Junta Electoral Central recibió numerosas quejas de varios partidos como , , o Vox, por lo que se instó al Departamento de Interior a actuar con más contundencia. Los agentes empezaron a requisar urnas con votos dentro, según los organizadores, y se levantaron numerosas actas en varias poblaciones como Barcelona, Reus, Lloret, Igualada, Olot o Figueres, entre otras. El único incidente destacado se registró en Vic, donde 10 participantes en una de estas mesas se negaron a quitarla y los agentes, tras identificarlos, los acusaron de una falta por la que serán juzgados el 19 de junio.

El Departamento de Interior de la Generalitat no quiso hacer comentarios tras ser consultado por este diario, aunque recordaron que los agentes actuaron en algunas localidades levantando actas.

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