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La juez imputa al alcalde de Alicante por un presunto fraccionamiento de contratos

Logotipo de El Mundo El Mundo 29/09/2017 SERGIO SAMPEDRO
© Proporcionado por elmundo.es

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, tendrá que declarar como investigado (la figura anteriormente conocida como imputado, con presencia de su abogado) el próximo viernes 6 de octubre por el presunto fraccionamiento de contratos en el área de Comercio. La magistrada que instruye el caso ha citado al primer edil y a dos de sus asesores, el jefe de gabinete Lalo Díez y el responsable de Comercio, Pedro de Gea, por un presunto delito de prevaricación.

La decisión se produce después de que tanto el portavoz del PP, Luis Barcala, como la líder de Cs, Yaneth Giraldo, hayan ratificado su denuncia esta mañana por la presunta contratación irregular de 190.000 euros en contratos de Comercio para la campaña de Navidad de 2016. La juez les ha preguntado si conocían alguna motivación que pudieran haber tenido los tres implicados para realizar el supuesto fraccionamiento de contratos y éstos le han respondido que "no, más allá de lso que se derive en la instrucción del caso", pero que "la prevaricación es evidente".

Es decir, que el juzgado no solo ha admitido a trámite, sino que también ha iniciado ya las diligencias citando al primer edil y a sus dos cargos de confianza. También ha llamado a tres testigos: el interventor municipal, el anterior técnico de Comercio que destapó el presunto fraccionamiento, Diego Agulló, y el edil de Contratación, Natxo Bellido (Compromís, socio de Gobierno de Echávarri y su portavoz). Éste último, al parecer, en función de la última denuncia presentada por Cs.

El portavoz del PP, Luis Barcala, ha pedido "respeto por la justicia" y ha celebrado la "celeridad con la que está actuando en este caso". También ha dicho que no exigirá la dimisión del alcalde hasta que no sea procesado (apertura de juicio oral), pero que políticamente "debería ser coherente y aplicarse a sí mismo lo que dijo que haría en el caso de ser imputado y lo que les dijo a otros que hiciesen, es decir, dimitir". No obstante Barcala considera que serán los propios socios de Echávarri, Guanyar y Compromís, quienes se lo exigirán.

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