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La mayoría de los aforados encausados acaban condenados o fuera de la política

EL PAÍS EL PAÍS 09/06/2014 José Manuel Romero

España es uno de los países con más personas aforadas —jueces, fiscales y políticos fundamentalmente— que sólo pueden ser encausadas por tribunales superiores de justicia o por el Tribunal Supremo. El Gobierno de Mariano Rajoy prepara ahora una ley para ampliar esa protección jurídica al Rey Juan Carlos cuando, como consecuencia de su abdicación, pierda su inviolabilidad. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió ayer que el “aforamiento” del Rey “en absoluto es un privilegio”. Argumenta que el beneficiado no puede recurrir su posible condena ante una segunda instancia, como sí ocurre en el resto de los tribunales.

Los magistrados del Supremo que instruyen estas causas lograron su plaza por una decisión del Consejo del Poder Judicial, cuyos vocales son propuestos en su inmensa mayoría por los dos grandes partidos (PSOE y PP). Sólo un porcentaje mínimo de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia (los presidentes de Sala y el presidente del órgano) son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial.

En los últimos años, las principales causas abiertas a políticos aforados terminaron en condena o con dimisión de los implicados. Éstos son algunos ejemplos:

» ‘Caso Filesa’. La financiación ilegal del PSOE —7,2 millones de euros— a través de Filesa y otras dos empresas salpicó al senador Josep Maria Sala y al diputado Carlos Navarro, ambos aforados. Sala fue condenado por el Supremo a tres años y Navarro a 11.

» ‘Caso GAL’. El exministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera fueron condenados por el Supremo a diez años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey en Francia.

» ‘Caso Gürtel’. Baltasar Garzón desarticuló, en febrero de 2009, la red corrupta que dirigía Francisco Correa, donde había implicados tres diputados autonómicos, un presidente regional —Francisco Camps— y dos parlamentarios nacionales —el senador Luis Bárcenas, entonces tesorero del partido, y el diputado Jesús Merino—. El PP denunció que Garzón no era el juez competente para instruir la causa, ya que en ella había aforados implicados. El magistrado se inhibió y derivó el caso, troceado, a los órganos competentes (Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Madrid y Comunidad Valenciana). Los tres diputados autonómicos madrileños fueron expulsados del PP y siguen imputados cinco años después con indicios más graves de los que se conocieron inicialmente. Bárcenas y Merino dejaron sus escaños, siguen imputados y el extesorero lleva un año preso.

» ‘Caso Camps’. El expresidente valenciano Francisco Camps fue investigado por el Tribunal Superior valenciano. El instructor de su causa, José Flors, le imputó cohecho, pero Camps recurrió a la sala de lo Penal de ese tribunal, presidida por un magistrado que logró el cargo gracias al PP. Camps logró que se archivara su imputación, pero el recurso del fiscal ante el Supremo reabrió la causa, que acabó en un juicio con jurado en el que Camps resultó absuelto por cinco votos a cuatro. Antes, dimitió.

» ‘Caso Nóos’. El juez José Castro encontró indicios de delito en la actuación de Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la adjudicación de contratos a la empresa de Iñaki Urdangarin. Como ambos eran diputados, derivó una parte de su investigación al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que en septiembre pasado devolvió el caso al juez Castro al no ver indicios de delito en la actuación de Camps y Barberá.

» ‘Caso Campeón’. El exministro socialista José Blanco fue investigado durante más de un año cuando un empresario imputado por corrupción denunció que le había pagado 200.000 euros a cambio de favores del Gobierno central. El juez del Supremo, tras investigar sus cuentas del exministro y las de su mujer, le imputó por tráfico de influencias. La Sala Segunda del Tribunal decidió archivar la causa por no encontrar indicios suficientes del delito.

» ‘Caso Fitur Valencia’. La exconsejera valenciana de Turismo fue encausada por el Tribunal Superior por contratos adjudicados a la red Gürtel. El fiscal pidió 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por malversación, cohecho y prevaricación. Cuando estaba a punto de señalarse la fecha del juicio, Martínez dejó su escaño, con lo que perdió su aforamiento y el caso dejó de ser competencia del Tribunal Superior, lo que provocó que la vista se aplace.

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