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La novela del referéndum

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 27/09/2017 Ernesto Ekaizer
Concentración frente al Palacio de Justicia de Barcelona para protestar por la operación de la Guardia Civil contra los organizadores del 1-O. © Andreu Dalmau Concentración frente al Palacio de Justicia de Barcelona para protestar por la operación de la Guardia Civil contra los organizadores del 1-O.

El 26 de febrero de 1936, 10 días después de la victoria del Frente Popular en las elecciones, Manuel Chaves Nogales, director del periódico Ahora, escribió, bajo el titular ¿Qué pasa en Cataluña?: “Mi encuesta es, hasta ahora, bastante satisfactoria. En Cataluña no pasará nada. Es decir, no pasará nada de lo que el español no catalán recela”. ¿De qué recelaba, según las palabras del periodista sevillano, el español no catalán? De la revolución.

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Ahora, a pocos días del 1-O, la pregunta de Chaves Nogales es pertinente, pero quizá formulada de otra manera: ¿Qué pasará en Cataluña que no haya ocurrido ya en estas semanas, meses y años?
La posibilidad de celebrar un referéndum con toda la parafernalia legalmente reconocida, nunca fue una posibilidad realista, porque no tenía cabida en la Constitución Española. Sin embargo, el Govern de la Generalitat decidió la estrategia del “como si”. La ley de referéndum, complementada con la de transitoriedad jurídica, base del nuevo Estado catalán, proyectarían el “como si” Cataluña fuera un Estado dentro del Estado español.

El 9-N, mira por dónde, se convertiría en el punto de referencia: el laboratorio del futuro 1-O. Merece la pena retrotraerse al anochecer de aquel agitado 9 de noviembre de 2014. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, declaró: “El proceso se ha llevado a cabo al margen de cualquier marco jurídico preexistente; no tiene amparo ni en las leyes catalanas ni en decreto de convocatoria alguno. Sus promotores han renunciado a cualquier apariencia de neutralidad, convertidos en juez y parte del proceso y ni siquiera se ha garantizado la igualdad de todos los catalanes ante el simulacro de consulta. Artur Mas quiere ocultar su fracaso personal al no haber podido convocar la consulta ilegal el pasado 12 de diciembre”.

El 9-N fue, en efecto, el sucedáneo que convocó Artur Mas tras acatar la orden del Tribunal Constitucional de suspender el referéndum en regla. Por tanto, se requería una puesta en escena: la coalición de Junts pel Sí, por un lado, y la CUP, por el otro, se sentían en la obligación de promover / vender un referéndum en regla —con todas las de la ley, como suele decirse— porque la experiencia de un referéndum irregular, o un acto de participación ciudadana, ya se había vivido.
Ahora bien, hace bastantes meses advertí de que el referéndum así formulado, con todas las apariencias, podía ser un recurso, o para ser más precisos, un McGuffin, como denominaba Alfred Hitchcock a aquellos trucos de los que se servía para hacer avanzar la trama de suspense en sus películas, sin que en rigor fuesen una pista para resolver el enigma.

Las fuerzas del independentismo necesitaban tejer las apariencias legales para superar el 9-N, sin ignorar, claro está, que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible (Talleyrand).
Pero también para el Gobierno, según explicó el ministro Catalá el pasado 13 de septiembre, el 9-N era un “referente” porque a diferencia de 2014, cuando gozaba de la mayoría absolutísima de 186 escaños, ahora, con una posición más frágil, no podía tolerar una reedición de la consulta. Era, y es, una cuestión de supervivencia política. Pero esta vez Rajoy tenía, y tiene, una doble tarea: desarticular formalmente —con el Tribunal Constitucional, las fiscalías, la Policía y la Guardia Civil— el referéndum formal y, acto seguido, también impedir un 9-N; o la sombra de un 9-N.

Hay quien piensa que el Govern de Puigdemont, pues, se dedicó a construir el edificio del referéndum desde la idea de que sería posible materializarlo. Y hay quien no se resiste a creer que se dedicó a construir una ficción, eso sí, desde la convicción de que debía llevarse hasta sus últimas consecuencias: la novela del referéndum o el referéndum como novela. La ficción del referéndum ha quedado al desnudo como tal cuando el Constitucional decidió aplicar el pasado 21 de septiembre multas “coercitivas” a los miembros de las Sindicaturas Electoral y Territorial, lo que provocó que estos renunciaran a sus cargos. La amenaza de ruina económica que los embargos proyectaban sobre los síndicos ayudó a exponer la ficción del referéndum “perfectamente” organizado. El Govern no se resistió: el “como si” había llegado hasta donde había podido.

El protagonismo del Constitucional ha sido motivo de competencia torpe por parte del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Primero, con su citación a 700 alcaldes para inducir a su “reflexión” sobre el 1-O, cuando ya se había abierto un procedimiento judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, segundo, tras la apuntada desarticulación de la junta electoral del referéndum, el pasado 25 , Maza amenazó: “La opción de pedir prisión para Puigdemont está abierta”.

Maza no parece ser muy consciente de que es el Fiscal General del Estado. ¿Por qué? Porque al bravuconear con la prisión de Puigdemont ha afirmado algo que deja boquiabiertos a los miembros de la carrera fiscal: “Nos esforzamos —razonó— por no ir más allá de la ley”.
En las próximas horas se escribirá un nuevo capítulo de la novela del referéndum. No será el capítulo final. Porque se trata de la novela río por excelencia. Los partidos de Junts pel Sí y la CUP ya saben que desarticuladas las apariencias legales, la tarea consiste en convertir el 1-O en acto de participación ciudadana. Es, en verdad, de lo que iba, desde el comienzo, la novela de referéndum: colas interminables de gentes deseosas de votar aun cuando las fuerzas de seguridad cierren con siete llaves los colegios.

Rajoy ha cantado victoria con el vaticinio de que “se ha impedido el referéndum”. Pero todavía está pendiente el desenlace: la movilización. Quizá no estaría de más superar la página de sucesos del referéndum y pensar en lo que el historiador Pierre Vilar, en su Cataluña en la España moderna (Crítica, 1962) llamó recular. Es decir, tomar distancia. “Está claro—escribió Vilar— que recular no significa indiferencia y es dudoso que alguna vez haya significado objetividad”. Recular significa aquí y ahora examinar lo que ha pasado entre el Gobierno de España y el de Cataluña en los últimos años. Significa reflexionar sobre la historia de las escaramuzas dentro del Tribunal Constitucional en los años 2006-2010, la sentencia de inconstitucionalidad promovida por el Partido Popular, las campañas contra Cataluña y la hábil explotación hecha de ellas por el nacionalismo.
Y volver a empezar.

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