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La razón frente a las mentiras

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 28/09/2017 Juan Pablo Cardenal
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras. © Quique García El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras.

Uno de los aspectos más insólitos de la actual crisis política en Cataluña es la renuncia del bloque constitucionalista a desmontar las mentiras del independentismo. Ante el desafío separatista, la estrategia del Gobierno es utilizar los resortes que la ley pone a su disposición. Puede argumentarse que tiene otras opciones más expeditivas dentro de la legalidad, o que debió actuar mucho antes, pero aferrarse a la ortodoxia de la ley confiere a su defensa una legitimidad inexpugnable. De ahí el unánime respaldo internacional al Ejecutivo español.

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Ahora bien, es poco probable que esta estrategia sea suficiente para convencer a muchos independentistas de última hora, o a esos otros catalanes que dudan o que, siendo contrarios a la secesión, son bombardeados a diario institucional, mediática y socialmente. Es urgente, por tanto, que más allá de la resistencia numantina de unos pocos periodistas, intelectuales o políticos, sea el Estado quien lidere en Cataluña una estrategia para desmontar las falacias sobre las que se asienta el discurso independentista. Es inaudito que a estas alturas los medios de comunicación públicos del Estado sigan sin contrarrestarlo.

De lo contrario, nuestra derrota está servida. Porque la cruzada independentista continuará después del 1-O. Y será en la próxima ofensiva, quizá cuando el independentismo sea una clara mayoría, cuando logren al fin su propósito. Por ello, mucho antes de pensar en reformas constitucionales que acomoden o den privilegios a quienes nunca tendrán suficiente, es inaplazable ofrecer a la opinión pública un relato real e indiscutible de la realidad que desnude y deslegitime la grotesca propaganda nacionalista. Es obligación del Gobierno y de los partidos constitucionalistas librar esa batalla.

Recordemos que la Generalidad llamó a votar en clave plebiscitaria en 2015, plebiscito que perdió

Lo reclamamos muchos catalanes que nos sentimos españoles. También una mayoría de ciudadanos del resto de España para quienes Cataluña no es algo ajeno sino propio. Ello serviría además para llenarse de razón frente a una prensa extranjera mucho más expuesta al discurso independentista, como demuestran los tendenciosos editoriales publicados. En realidad, armar un argumentario no debería ser tan difícil; véase por ejemplo el rapapolvo intelectual que Josep Borrell infligió a Oriol Junqueras en una cara a cara en 8TV el año pasado.

En dicho debate el ex ministro desmontó con argumentos inapelables dos de las mentiras más ofensivas que impulsaron el procés: el ‘España nos roba’ y que Cataluña seguirá formando parte de la UE después de la hipotética secesión. Vean en Youtube a Junqueras noqueado por las evidencias. Muchas otras verdades universales del independentismo son pura fantasía. Por ejemplo, la cantinela de que son mayoría, mantra que apoyan en unas desorbitadas cifras de movilización de las últimas Diadas que no resisten el escrutinio más elemental. La consulta sin garantías del 9-N, las elecciones autonómicas de 2015 y los sondeos más recientes lo desmienten.

Recordemos que la Generalidad llamó a votar en clave plebiscitaria en 2015, plebiscito que perdieron. Pero por una ley electoral que prima el voto rural-nacionalista dominan el Parlamento autonómico, que utilizan como ariete del secesionismo pese a no llegar al 50% del voto. Conviene no olvidar tampoco que en la famosa cita de 2012, Mas exigió a Rajoy un pacto fiscal “o atenerse a las consecuencias”, esto es, amenazó con prender la hoguera de la independencia cuando más débil estaba España por la crisis. Esto es un chantaje, no inmovilismo.

Los independentistas tratan de disfrazar el golpe de Estado con un imaginario derecho a decidir

Los supuestos agravios en infraestructuras tienen poco recorrido después de Barcelona’92, o del porcentaje de la inversión en obras desviado a corrupción en los últimos 30 años. El rol del TC en el Estatuto también se tergiversó: no fue tumbado sino recortado en sus preceptos inconstitucionales. Ahora tratan de disfrazar el golpe de Estado con un imaginario derecho a decidir. Y quienes violentan la Constitución, las leyes y la convivencia aseguran que esto no va de independencia, sino de democracia. Mientras, Mas acusa a España en el Parlamento británico, cuna del rule of law, de ser un Estado opresor por frenar un referéndum ilegal. Todo ello es desmontable argumentalmente.

A sensucontrario hay también todo un relato que es imperativo impulsar: la persecución lingüística contra el español en Cataluña, el adoctrinamiento en las escuelas, las falsedades históricas, el victimismo fariseo o el agitprop antiespañol de sus medios de comunicación, tanto públicos como los privados subvencionados. El tercio largo de catalanes que, mentira tras mentira, han comprado la mercancía independentista, es la prueba evidente de que hay que desenmascarar esta farsa cuanto antes. Hay munición de sobra: la fuerza de la razón y los hechos frente a las mentiras.

Juan Pablo Cardenal es periodista.

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