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La sentencia del Supremo que esgrime la Fiscalía condenó por sedición el bloqueo de un desahucio

Logotipo de El Mundo El Mundo 24/09/2017 MANUEL MARRACO

La sentencia del

Supremo

en la que la Fiscalía apoya su

denuncia por sedición

endureció la condena por ese delito a media docena de personas que impidieron un desahucio previsto para las 16 horas del 10 de marzo de 1976 en la ciudad de Huesca.

El Ministerio Público extrae de esa sentencia dictada por el Supremo el 10 de octubre de 1980 siete requisitos que deben concurrir para considerar que se ha cometido un acto de sedición [

lea en PDF la denuncia de la Fiscalía

]. Pero, al margen de ese crucial desarrollo doctrinal,

los hechos que han tenido lugar esta semana

en Barcelona dista mucho de lo que sucedió hace 41 años en el barrio del Perpetuo Socorro de la capital oscense.

Frente a las 40.000 personas que llegaron a manifestarse frente a la Consejería de Economía en Barcelona, en la ciudad aragonesa los sediciosos fueron «una treintena» de vecinos. Su intención era impedir que echaran a una familia de la casa de protección oficial en la que llevaban alquilados seis años y medio. Los inquilinos lo había intentado todo en el juzgado para evitar el desahucio, o al menos aplazarlo, «habida cuenta de la escasez de viviendas existentes en la ciudad de Huesca».

La noche anterior al desahucio, la Asociación de Vecinos y Domiciliados del barrio mantuvo una reunión, «acordando convocar a los oscenses» a que acudieran al día siguiente a la vivienda «para impedir el desahucio». Los reunidos, «que por lo visto eran bastantes», llegaron a mandar una nota «a la radio Huesca, al periódico local Nueva España y al Heraldo de Aragón» bajo el encabezamiento «SOS, Al pueblo oscense. Una familia con tres hijos, desahuciada de un piso sindical».

Denunciaban que el dueño ya disponía de otra vivienda que también tenía alquilada y que él mismo vivía en una tercera finca «en la que trabajaba de portero». «¡Oh paradoja!», proseguía el escrito-denuncia, «la Justicia apoya al titular del contrato. Ante esto, oscenses no permitamos que esta familia sea desahuciada, acudamos el viernes día 10, a las cuatro de la tarde, para impedir el desahucio».

Y, efectivamente, éste no se produjo. Ante el riesgo de altercados, el juzgado decidió suspender el lanzamiento. La investigación abierta inmediatamente por la Fiscalía concluyó con seis personas condenadas a tres meses de arresto mayor «como autores responsables de un delito de sedición en grado de tentativa». La pena fue reducida porque se les aplicó la atenuante muy cualificada de «obrar por motivos morales y altruistas». También quedaban inhabilitados durante el mismo tiempo, lo que afectaba en particular a dos de ellos, que eran concejales de Huesca y Grañén.

La sentencia fue recurrida tanto por los condenados como por el fiscal, que pedía retirar la atenuante muy cualificada. Esto último es lo que hizo el Supremo. La sentencia apreció que «el indudable altruismo de los procesados se entreveró o combinó con motivaciones políticas en las que se mezcla el partidismo egoísta con impulsos, indudablemente benéficos, pero no tan diáfanamente puros y desinteresados como se requeriría». Por entonces, el futuro de las llamadas viviendas de la Obra Sindical del Hogar era incierto y los políticos estaban tomando posiciones.

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Así que el Supremo ordenó a la Audiencia de Huesca que retirara la atenuante muy cualificada y recalculase la condena por sedición, delito que el Alto Tribunal describe como «rebelión en pequeño, según frase decimonónica».

Esta expresión también la volcó el viernes el fiscal de la

Audiencia Nacional

en su denuncia. Tenía a su disposición otras que igualmente recoge la sentencia del Supremo como definiciones históricas. Desde el «tumultus» del derecho romano hasta la usada en Las Partidas de Alfonso X el Sabio: «Ayuntamiento que hacen las gentes unas contra otras para hacerse mal».

Ese mismo 1980 el Supremo dictó otra sentencia sobre sedición, si bien aún más alejada que la primera de lo sucedido en Barcelona. En este caso, el Supremo desestimó el recurso de unos rateros que pretendían que sus hurtos se consideraran sedición para poder así beneficiarse de la Ley de Amnistía.

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