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La Xunta pide al Supremo una indemnización de 2.433 millones por los daños del 'Prestige'

El Mundo El Mundo 07/06/2014 NATALIA PUGA

La Xunta de Galicia ha recurrido ante el Tribunal Supremo la por la reclamando que, frente al fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña que no contempla su derecho a indemnizaciones, le reconozca como Administración perjudicada daños por importe de 2.433 millones de euros.

En el recurso de casación presentado, los servicios jurídicos de la Xunta consideran que procede que el Supremo le reconozca, en concreto, una indemnización por los daños medioambientales a medio plazo producidos como consecuencia del accidente, por considerar debidamente acreditados tales daños y cifrarlos en los 2.433 millones de euros.

Además, la Administración autonómica reclama 1,3 millones de euros por el coste estimado correspondiente al reciclado y eliminación del chapapote que llegó a la costa gallega en los días y semanas posteriores al hundimiento del petrolero. Se trata de 10.000 toneladas de residuos de fuel mezclado con arena, agua, plásticos, y otros elementos.

El recurso planteado por la Xunta mantiene que deben ser declarados responsables civiles de los daños producidos el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras; la compañía aseguradora del barco, The London Steampship Owners Mutual Insurance Associatión LTD (The London P&I); y la naviera armadora del buque Universe Maritime LTD como responsable civil subsidiario.

En el caso la compañía aseguradora, solicita que se le declare responsable civil directa y solidaria hasta el límite cubierto por la póliza suscrita en el momento del hundimiento, 1.000 millones de dólares.

A la hora de formalizar el recurso de casación contra la sentencia dada a conocer el pasado 13 de noviembre (undécimo aniversario del accidente en 2002), los servicios jurídicos argumentan que la sentencia de la Audiencia Provincial debe ser anulada por infracción de derechos fundamentales y por infracción de Ley.

Al respecto, entienden que el Supremo debe aplicar el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños debidos a la contaminación por hidrocarburos de 1992, y del Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de daños debidos la contaminación por hidrocarburos (FIDAC) de 1992, en relación a la responsabilidad civil derivada de los delitos que ven tras el accidente.

Condena para Mangouras

La sentencia absolvió a los tres acusados por la catástrofe del Prestige de los delitos contra el medio ambiente, daños en espacios naturales protegidos y daños provocados por el hundimiento del petrolero en noviembre de 2002 y condenó tan sólo al capitán, Apostolos Mangouras, a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad.

Frente a esta resolución, recurre la Xunta que Apostolos Mangouras incurrió en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, un delito por daños por imprudencia grave y un grave delito de desobediencia a la Autoridad marítima española y como tal tiene que ser condenado.

Además, el recurso argumenta que el capitán incurrió en graves negligencias como el sobrecalado que presentaba el barco y haber hecho una maniobra de adrizamento del petrolero después del accidente, una acción con la que "anuló toda alternativa de salvamento, empeorando gravemente su situación".

El documento judicial, cuyos detalles fueron dados a conocer este sábado, pone de manifiesto el estado deficiente de dispositivos de seguridad que presentaba el Prestige, lo que el gobierno gallego considera "graves desatenciones de las obligaciones básicas del capitán" sobre el control de los elementos de seguridad del barco, tanto de su navegabilidad, como de los medios de respuesta frente a una avería o situación de emergencia.

17 recursos

El Tribunal Supremo deberá resolver contra la polémica. Además de la Xunta, han mostrado su desacuerdo con la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña los tres imputados. Mangouras y el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, a través de sus abogados y el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, a través de la Administración General del Estado español, que ha llevado su defensa en todo el procedimiento.

Además, ha recurrido la Fiscalía, el colectivo social Nunca Máis, los ecologistas de Arco Iris y las principales administraciones públicas implicadas en el procedimiento además del Gobierno español y la Xunta, esto es, el Estado francés, el Consejo General de la Vendée y el Consejo General de Bretaña.

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