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Las caras del conflicto de Can Vies

EL PAÍS EL PAÍS 01/06/2014 Jordi Mumbrú Escofet

El desalojo del centro social okupado de Can Vies, en Barcelona, tiene muchos protagonistas: sus ocupantes; los vecinos organizados en entidades y aquellos que solamente viven en el barrio de Sants y deben soportar la tensión; los comerciantes que temen perder ventas o ver rotos sus escaparates; y los políticos del Ayuntamiento de Barcelona, que no fueron capaces de prever el conflicto que estaban a punto de desenterrar.

El desalojo policial del pasado lunes y las cuatro noches de disturbios posteriores les han situado en el ojo del huracán. Los Mossos d'Esquadra han detenido en seis días a 61 personas acusadas de desórdenes públicos, daños y resistencia a la autoridad. La inmensa mayoría tienen entre 20 y 30 años.

Ahora toca solucionar el problema cuanto antes y conseguir que cesen los altercados. El papel que juegue cada uno de ellos será vital para que, después de que pase la tormenta, se mantengan las buenas relaciones que siempre han predominado entre todos los agentes del distrito de Sants. El equilibrio histórico de este barrio obrero se tambalea a medida que se va tensando la cuerda.

Los representantes del Ayuntamiento (el alcalde de Barcelona, Xavier Trias y el concejal de Sants-Montjuïc, Jordi Martí) y los de los okupas son los actores más activos y tendrán la última palabra. Pero el resto, los comerciantes y especialmente los vecinos, no han querido quedarse como meros espectadores y han dado un paso al frente para intentar mediar, reclamar diálogo o dar su visión para solucionar un conflicto sin precedentes.

Todos ellos tienen puntos de vista diferentes; en algunos casos, hasta opuestos. Estos son sus perfiles y el papel que han desempeñado en este conflicto.

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, es el máximo responsable de la gestión de este conflicto. Trias desconocía que el desalojo de Can Vies comportaría tantos problemas, en parte porque su Gobierno tiene dificultades para medir el pulso de la calle. Tras el desalojo, al que aseguró estaba obligado, el convergente explicó que su Gobierno había tenido una “paciencia infinita” con los okupas. Tras ver la dureza de los incidentes abrió la puerta a la negociación, pero solo si cesaban los “altercados”. Lejos de rebajar la tensión, las protestas se mantuvieron y Trias tuvo que ceder otra vez: paralizó el derribo. El conflicto de Can Vies lo ha puesto contra las cuerdas a menos de un año para las elecciones. Su equipo sabe que con su Gobierno en minoría (tiene 14 de los 41 concejales) le puede salir muy caro este conflicto.

Este joven de 25 años es miembro de Can Vies y en la asamblea le tocó asumir tareas de comunicación. Es la cara visible del colectivo. Rubén (que se hace llamar Pau Guerra) está pendiente de sentencia por el asedio al Parlament en junio de 2011, pero insiste en que ese es un asunto “personal” y que él representa a todo el colectivo. Y añade: “Can Vies no es un centro cívico, es un espacio de lucha”. Como portavoz, ha evitado condenar la violencia. Responde que “los desalojos también son violencia”, como lo son “los recortes sociales del Gobierno”. Reconoce que la asamblea “no tiene capacidad para controlar la reacción de los manifestantes ante la policía” y atribuye la rabia al contexto social. Rechaza negociar con Trias porque “el Ayuntamiento no tiene nada que ofrecer”. Los okupas no quieren que les den un local; quieren ocuparlo ellos o reconstruirlo.

Los comerciantes de la barcelonesa calle de Creu Coberta llevan una semana abriendo sus negocios en medio de lo que parece un campo de batalla. Los contenedores de esta calle, donde se encuentra la sede del distrito de Sants que está en el punto de mira de los manifestantes, se han tenido que reponer ya varias veces porque los queman continuamente. “Condenamos todo tipo de violencia y apelamos al diálogo”, explica el presidente de la Asociación de Comerciantes de Creu Coberta, Lluís Llanas. Los comerciantes, que este fin de semana llenan las calles con paradas para celebrar una fiesta romana, temen el efecto de los disturbios. “Animamos a las dos partes a resolver el problema”. En un comunicado, denuncian: “No es admisible que nuestros ejes comerciales se conviertan en objetivo de los violentos”.

Centeneres de vecinos junto a la antigua casa okupada de Sants Can Vies. © Albert Garcia Centeneres de vecinos junto a la antigua casa okupada de Sants Can Vies.

Los okupas han lanzado contra Jordi Martí todo tipo de acusaciones. Dicen que ha actuado con “cinismo y arrogancia”. Antes del desalojo, se reunió tres veces con la Plataforma de Apoyo a Can Vies para buscar una salida. Pese a las acusaciones, entidades que han negociado con él le consideran uno de los concejales “más dialogantes”. Pero como concejal de Sants-Montjuïc, él era el responsable de la actuación del Consistorio y su cara se ha convertido en el blanco de todas las críticas. Le han acusado de “no entender nada” porque ni tan siquiera vive en el barrio. La tensión le ha obligado a suspender alguno de los actos previsto en Sants para evitar protestas. Hasta ahora, no había tenido demasiados problemas de gobernabilidad. Los okupas han pedido su dimisión: le acusan de ser el responsable del desalojo y del derribo.

Su papel ha sido clave. La asociación de vecinos ha mantenido desde siempre buena relación con los okupas de Can Vies. “A veces hemos tenido que llamarles la atención, pero también se trata de esto”, explica con una sonrisa. Con el conflicto encendido, este entendimiento se ha mantenido: “Nuestra relación sigue igual que antes del desalojo”. Domingo ve muy claro que el Ayuntamiento cometió “un error” al desalojar Can Vies y asegura que las protestas “eran más que previsibles”. Domingo ha intentado mediar entre los okupas y el Ayuntamiento. Logró que se diera un primer paso y sentó en la misma mesa al concejal del distrito Jordi Martí, al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, Lluís Rabell, y a los miembros del centro social. Los okupas estaban invitados, pero no acudieron. Sigue siendo una pieza clave, puesto que el movimiento okupa le tiene muy en cuenta.

Elisenda Blasco vive desde hace cinco años delante de lo que fue el Centro Social Autogestionado de Can Vies. Como vecina no tiene queja de los que han sido ocupantes durante 17 años: “Si hacían algún concierto, después salían a barrer la calle”. Para ella, la única molestia que podían provocar los okupas era que “se trata de un colectivo que se autogestiona y esto los convierte en antisistemas, algo que no gusta a los políticos”. Blasco insiste en que no justifica los actos violentos, “que han hecho aflorar la indignación de la gente”, pero reconoce que “nadie hubiera hecho caso a Can Vies si no llega a ser por la violencia, y esto es una pena”. No tiene tan claro que lo mejor sea que vuelva la tranquilidad. “¿Qué significa que vuelva la calma? Significará que se ha derribado Can Vies y ya está. A mí esta rebelión social no me parece tan mal”.

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