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Las víctimas: “España no merece un representante con tan baja calidad moral como Trillo”

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 03/01/2017

Las asociaciones de víctimas del Yak-42 han acogido con “esperanza” el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa del accidente del avión en el que murieron 62 soldados españoles que regresaban de Afganistán en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003. “Siempre hemos perseguido la verdad y la justicia y por fin tenemos la verdad.

Hubo negligencia, y hubo responsabilidad del Ministerio de Defensa, ni el Yak fue un buen avión, ni su contrato fue claro y trasparente, y nuestros militares no tuvieron derecho a un forense y una identificación”, ha señalado Miguel Ángel Sencianes, presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42.

Tras conocer el dictamen que les da la razón en su lucha por que se esclarezcan las causas del siniestro, Sencianes ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al Consejo de Ministros que destituyan al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, de su puesto como embajador de España en el Reino Unido. “Ha quedado tan evidenciado el señor Trillo que lo primero que tenía que pasar es que fuera expulsado de esa embajada, no merecemos un representante de España con tan baja calidad moral como él”, ha afirmado el representante de los familiares. Las asociaciones pedirán en los próximos días entrevistarse con la actual titular de Defensa, Dolores de Cospedal.

“Queremos explicarle de viva voz lo que hemos vivido y que nos expongan la reacción que van a tener”, anuncia Sencianes. Los familiares quieren que el Ejecutivo les explique por qué se indultó en 2012 a los dos únicos condenados por el caso Yak-42 aún vivos, los comandantes sanitarios José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García. Ambos fueron condenados a 18 meses de prisión, un año de inhabilitación especial y una multa de 900 euros por falsear la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo.

“Queremos saber qué ofrecieron a los generales que ultrajaron los cuerpos de sus compañeros, qué van a hacer para asegurar que nunca más abandonará a un militar o a un funcionario y qué van a hacer para dar transparencia a los contratos”, ha dicho Sencianes. “Si nos van a dar la callada por respuesta no nos vamos a callar, ha advertido”. Este periódico ha tratado de contactar con el Ministerio de Defensa para recabar su reacción ante el dictamen. El departamento de Dolores de Cospedal, de momento, guarda silencio. Respecto al exministro Trillo, el presidente de la asociación, le ha pedido que deje la Embajada de Londres y “asuma su conducta contra los militares”.

“Los dejó abandonados en vuelos ilegales de repúblicas exsoviéticas y negó que existiera un acta para las pruebas de ADN”, ha recordado Sencianes. “No puede seguir moralmente ni un día en esa embajada. Ahora bien, viendo su historia nada nos dice que lo vaya a irse voluntariamente. El presidente del Gobierno, la ministra Cospedal y el Consejo de Ministros algo tendrán que hacer: a los muertos se les tiene que honrar con la verdad, y a las familias con la justicia”. Leopoldo Gay, abogado que representa a la asociación de familiares, ha recordado, en declaraciones a la Cadena SER, que la vía penal que se abrió en su día en la Audiencia Nacional sobre las presuntas irregularidades en la contratación del Yak-42 ha quedado cerrada por sobreseimiento libre.

No obstante, el letrado considera que el dictamen del Consejo de Estado supone un “espaldarazo moral y jurídico para las familias”. Gay espera que el Ministerio de Defensa asuma el contenido del informe del máximo órgano consultivo del Estado, que entiende que existe responsabilidad patrimonial de la Administración, aunque da por suficientes las indemnizaciones pagadas a las familias hasta ahora.

El abogado ha dejado la puerta abierta a pedir nuevas indemnizaciones, aunque sean simbólicas, y ha afirmado que si el Gobierno no asume el dictamen pueden recurrir ante la Audiencia Nacional por la vía contencioso-administrativa o por anormal funcionamiento de la administración.

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