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Los derechos históricos, sin encaje soberanista

EL PAÍS EL PAÍS 07/06/2014 Juan Mari Gastaca

Un marco soberanista en Euskadi comprometería hasta el límite la vigencia del actual sistema foral, que tiene principalmente en la capacidad de las Diputaciones y en el Concierto Económico sus guías referentes. Esta es la conclusión dominante de las consultas realizadas entre expertos universitarios a propósito de la formulación realizada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, tras la abdicación del Rey Juan Carlos de plantear a la Corona un pacto que mantenga la defensa de los “derechos históricos del pueblo vasco” dentro de su aspiración de un nuevo modelo de Estado.

De entrada, la apelación de Urkullu induce a pensar en una superación del actual marco jurídico, que sería una consecuencia lógica del proyecto de nuevo estatus político sobre el que pivota su aspiración de autogobierno. No obstante, al ser preguntados sobre el proceso a seguir para acercarse a este anhelo, desde Lehendakaritza precisan que la idea central del lehendakari se fundamenta en asegurar, sobre todo, el “blindaje” del Estatuto, “o del acuerdo final” que resulte de la ponencia sobre el autogobierno que ha empezado a desbrozar su camino en el Parlamento vasco. A su vez, según estas mismas fuentes, la aspiración nacionalista se encaminaría a disponer de una presencia más propia en Europa para la defensa de los “asuntos que son de materia exclusiva”.

Con todo, el Gobierno vasco cede en este asunto todo el protagonismo a la propuesta que realice en su momento el PNV dentro de las sesiones de la ponencia parlamentaria, aunque no se esperan líneas más gruesas de las expuestas por Urkullu, siempre encaminadas al apuntalamiento de la esencia de los derechos históricos.

Es Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU, quien intuye la intencionalidad de alcance del lehendakari después de aseverar rotundo que “son asincrónicos” el reconocimiento de los derechos históricos en un pacto con la Corona, habida cuenta de que no se pueden producir “al mismo tiempo”. Álvarez quiere ver una razón de “prudencia “subliminal” en el planteamiento de Urkullu de hablar de “la Corona” y no de apuesta, sin citar, por la República, a pesar de que el lehendakari admitió públicamente antes de la abdicación del Rey Juan Carlos que no compartía la Monarquía como modelo de Estado. “Su reflexión le ha llevado a pensar que la continuidad del sistema puede venir mejor a Euskadi por da tiempo a una evolución mientras entiende que quizá el vaivén electoral a nivel del Estado le puede ir peor”, apunta Álvarez convencido de que el encaje de los derechos históricos en un pacto de la Corona “abre dos melones a la vez”.

“La foralidad está embutida en la Constitución, que le da su legitimidad”, dice Múgica

En opinión de Ramón Múgica, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Deusto, la seguridad del reconocimiento a los derechos históricos “está recogida en la actual Constitución”. Pero advierte de que no se puede garantizar el mismo trato en otro marco diferente. “Ahí tendría que volverse a dar una negociación, pero siempre dentro de un marco constitucional”, advierte. Álvarez lo suscribe. “Una nueva organización estatal sin cambiar la legitimidad de los derechos históricos es como colocar una doble tarta el mismo piso”, dice de modo expresivo. Para Múgica, “no hay dos caminos posibles en el reconocimiento de los derechos históricos”.

Emilio Guevara, abogado y partícipe del Estatuto de Gernika y de la Ley de Territorios Históricos (LTH), reduce la aspiración de Urkullu a “la misma historia de siempre”. Para este socialista que fue expulsado del PNV por sus críticas a la línea de este partido del que fue diputado general en Álava, se asiste a la “táctica del salchichón” mediante “tajos sucesivos” para ir sacando más partido. “¿Qué más se puede pedir?”, se cuestiona Guevara. “¿Acaso la transferencia de una Seguridad Social ahora que está fatal?”, avanza en el mismo tono crítico.

La pesadilla de Ibarretxe

En plena ofensiva de Juan José Ibarretxe con su propuesta de Estatuto Político, aprobada mayoritariamente en el Parlamento vasco, Emilio Guevara pronunció una conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid que no dejó indiferente a nadie. El exdiputado general de Álava, reconocido inspirador de la Ley de Territorios Históricos y hastiado luego de las pretensiones soberanistas del PNV, recurrió intencionadamente a un escenario imaginario para ridiculizar la esencia del denominado plan Ibarretxe. Fue entonces cuando contó a la audiencia que había tenido una “pesadilla”. Había ocurrido, dijo, durante un sueño en el que recreaba al acto de adhesión de Euskadi como miembro de la Unión Europea (UE). La firma correspondía al entonces lehendakari, quien afirmó, según la pesadilla de Guevara: “La firma de este tratado no supone renuncia alguna a los derechos que le puedan comprometer al pueblo vasco en virtud de su historia y de su voluntad de autogobierno”. Las risas del escogido auditorio se contagiaron.

En su análisis, ante la exigencia de un nuevo modelo por parte del lehendakari Urkullu, Guevara lo reduce drásticamente. “Solo hay dos sistemas: o la autonomía o la independencia” y “todo lo que se dice sobre una posible reforma constitucional es palabrería”, subraya. Y, lógicamente, advierte de que la consecución de un Estado independiente en Euskadi conllevaría un reconocimiento de Europa “que no se produciría”, asegura. Ahí ya se dejaría de hablar de los derechos históricos.

Entre los expertos hay una llamada permanente al “factor riesgo” que conllevaría “dar la vuelta al calcetín” de la actual configuración del marco jurídico. “Habría que sopesar”, reconoce Álvarez cuando se le plantea cómo se abordaría el “reconocimiento” de los derechos históricos en un nuevo modelo de Estado. “No cabe duda de que se necesitaría llegar a un pacto porque habría que renovar el que se dispone ahora”, reconoce.

En previsión siempre del miedo a lo desconocido ante una necesaria negociación de los derechos históricos para su encaje en un nuevo modelo de Estado, Álvarez apela al “paso comedido para no ir hacia atrás”. De una manera expresiva, este catedrático guipuzcoano proclama que “este tipo de pacto per se al que estarías obligado te lo tienes que currar”. Aquí tomaría cuerpo la idea central de Múgica de que “todo encaje pasa por un marco constitucional”. Consecuentemente por eso, Álvarez admite que habría que retomar el espíritu que se mantuvo en 1977 para el reconocimiento constitucional de los derechos históricos vascos.

Más aún, al abordar una posible salida hacia el modelo federal también se cruzaría en el debate una posible oposición al derecho de singularidad de los derechos históricos. Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la UPV/EHU ya advirtió de que en la apuesta federalista se plantearía un difícil escollo para el encaje de los derechos históricos y de manera especial del Concierto Económico, aunque admitía la posibilidad de una excepcionalidad. En todo caso, no quedaría exenta de una negociación. Para Ramón Múgica, en un Estado confederal “se rompe la idea de la foralidad”, asegura.

“La foralidad está embutida en la Constitución, que le da su legitimidad”, proclama Múgica al recordar con espíritu pedagógico los fundamentos de su análisis que sitúan en este punto de partida toda proyección que se haga sobre el encaje de los derechos históricos del pueblo vasco en un modelo de Estado. Además, ante cualquier alteración del marco actual siempre incorpora un “margen de incertidumbre a pesar de la capacidad de adaptación”, que se la presupone.

En este escenario de cambio de modelo, ante una República, Euskadi debería plantear el reconocimiento de su singularidad y obligar así a un ejercicio de tratamiento específico en contexto del resto del Estado. “Habría una nueva regla de juego y habría que ponerse a negociar para que fuera admitida”, recuerda Juanjo Álvarez. Para López Basaguren, un proceso diferente del actual generaría, de entrada, una cierta inquietud habida cuenta de los recelos que los derechos históricos generan en el resto del Estado español y de manera especial el Concierto Económico. Por eso, este catedrático aventura que la capacidad negociadora “ya no será la misma” por las actitudes preventivas de otras comunidades en cuanto a la solidaridad y, además, de la Unión Europea.

Múgica recuerda que la idea de Urkullu de un pacto con la Corona actualiza “una vieja idea medieval” históricamente “no contrastada” y quizá mitificada. No obstante, admite que viene a reflejar, en cualquier caso, “un trato de igual a igual entre los territorios históricos y la Corona” con un expreso reconocimiento de la singularidad y de una manera en particular el concepto de la fiscalidad y la potestad de las Diputaciones.

Asentados, por tanto, bajo esta capacidad de gestión, Múgica no comparte la ambición de un proyecto político que “desborde” el marco actual reconocido. Si lo hiciera, dice, generaría, de inmediato, un nuevo estilo de relaciones. Por eso, cuando se le plantea directamente sobre el encaje de los derechos históricos en un marco de soberanía, este profesor bilbaíno se apresura a contestar que “es incompatible” con el reconocimiento de la foralidad. Múgica, además, valora como “proteica y variada” la identificación del pueblo vasco con la foralidad “porque es una peculiaridad muy nuestra”.

“¿Qué necesidad tenemos?”, se pregunta un curtido dirigente del PP alavés, acérrimo defensor de los derechos singulares desde una óptica de foralidad previa a la autonomista. “¿Qué más podemos llegar a pedir si tenemos la gran herramienta económica de establecer nuestros tributos, de regularnos con un Estatuto, de ver una televisión propia y de que nos protega una policía por los que peleamos tantos años?”, reflexiona lógicamente desde el rechazo a cualquier otro modelo distinto del actual. Entre los socialistas, el debate es otro y lo zanjan con rapidez: “No queremos detenernos en estas cuestiones cuando hay muchas otras cosas que interesan más al ciudadano de la calle”, admitían en el seno del grupo parlamentario.

Con todo, Álvarez se aferra a la capacidad posibilista de la acción política para allanar el camino a un entendimiento sobre el encaje de los derechos históricos en un nuevo modelo de Estado. “Hay que reconocer que políticamente es posible y que constitucionalmente es posible, lo que ocurre es que hay que trabajarlo”.

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