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Los padres se quedan sin poder en los centros escolares

La Vanguardia La Vanguardia 05/05/2014 Maite Gutiérrez

Los padres y las madres de alumnos dejarán de tener poder de decisión en el funcionamiento de los centros escolares. La Lomce, la nueva ley de educación aprobada en solitario por el PP, introduce cambios de calado en la participación de las familias. El consejo escolar pasará a ser un órgano consultivo sin derecho a voto. En concreto, la ley dice que los consejos escolares de los centros "evalúan, participan, informan, son informados, conocen, proponen, promueven, analizan, valoran", pero no deciden. Según la normativa actual, los consejos escolares son el máximo órgano de gobierno de los centros educativos. Su función principal es la de debatir y aprobar temas relacionados con el funcionamiento y la organización de las escuelas y los institutos, como el proyecto educativo, el plan de mejora, la carta de compromiso educativo que han de firmar todos los padres, las normas de convivencia, el presupuesto y la rendición de cuentas y la propuesta y cese del director si es necesario. Está formado por representantes de toda la comunidad educativa: la dirección del centro, profesores, alumnos, familias, personal de administración y servicios y representantes de la administración local. Estos son escogidos por un periodo de cuatro años, pero cada dos años se convocan elecciones para renovar la mitad de los miembros.

Todo esto se esfuma. La única atribución vinculante que le reserva la Lomce es la aprobación de los presupuestos de la escuela. El proyecto educativo pasa a ser responsabilidad única del director, y los padres tampoco podrán incidir como hasta ahora en las líneas maestras del centro ni promover una posible moción de censura. En el caso de los centros concertados, la ley Wert elimina además la presencia del representante municipal.

Un análisis del papel de los consejos escolares de la Fundació Jaume Bofill señala que la Lomce "los vacía de competencias decisorias" y advierte que "raya la inconstitucionalidad" en cuanto a la participación de la comunidad educativa. Los artículos 27.5 y 27.7 de la Constitución reconocen el derecho a la "participación efectiva de todos los sectores afectados" en la educación y precisan que "profesores, padres y, en su caso, alumnos intervendrán en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos". El estudio de la Fundació Jaume Bofill, dirigido por la investigadora Marta Comas, matiza que en general las decisiones más relevantes de una escuela se consensúan con las familias, pero ¿quién garantizará el derecho de estas a discrepar y a que su opinión sea efectiva cuando haya cuestiones de debate? Cuando un acuerdo no sea tan obvio, ¿quién hará de portavoz de sus opiniones?, se pregunta esta entidad. La situación actual no es idílica. "No hemos sacado todo el partido a los consejos escolares, la ley actual da más margen de maniobra a las familias del que se acaba aprovechando", señala al respecto Àlex Castillo, presidente de la principal federación de asociaciones de madres y padres de alumnos de Catalunya, Fapac. El análisis de Comas insiste en que la ley Orgánica de Educación (LOE) y la ley de Educación de Catalunya (LEC) proponen un buen modelo "ideal" de participación de la comunidad educativa, calcado de la democracia representativa de los años de la transición, "pero en la práctica su potencial no se ha desarrollado al cien por cien". El desconocimiento de las familias, la falta de tiempo o de ganas y el corporativismo de algunos equipos docentes lastran en muchas ocasiones una participación más activa de los padres en la vida del centro escolar.

En total, un 67% de las familias de la escuela pública y un 44% de las de la concertada participan en el funcionamiento del centro educativo o del consejo. En la ciudad de Barcelona, casi todos los centros aprueban el proyecto educativo, el reglamento de régimen interno o el presupuesto a través del consejo. En general, "la participación es poco dinámica, pero existente", señala la Fundació Jaume Bofill. Pero como mínimo, sigue, las leyes actuales garantizan el derecho de las familias a incidir en el sistema educativo. Las bases están ahí, otra cosa es que su participación real sea más o menos compleja. "La Lomce neutraliza esta posibilidad de participación; profesores y administración pública nos dicen que tenemos que implicarnos más en la educación de los hijos, pero luego nos niegan este derecho y cortan nuestra capacidad de decisión", lamenta Pere Farriol, presidente de la federación de ampas Fapaes -mayoritaria en la secundaria-. La familia pasaría a ser una mera consumidora de educación en lugar de actora. Los comedores escolares, las actividades extracurriculares, la acogida matinal o la reutilización de libros son tareas que han recalado en las asociaciones de padres de alumnos en la mayoría de las escuelas. "En total, se calcula que las ampas aportan 6.000 euros a los centros a través de material o actividades extraescolares", explica Farriol. Ahora bien, la Lomce "nos aparta del núcleo central de la educación", sigue este representante escolar. El nuevo escenario que dibuja la ley Wert se añade a la pérdida de apoyo institucional que han sufrido las ampas. La Generalitat ha eliminado casi por completo las ayudas a estas instituciones.

Ahora, tanto Fapac como Fapaes hacen campaña en los centros para que las familias tomen conciencia de la situación e incidan para que los equipos directivos se comprometan a mantener el peso de los consejos escolares. Castillo cree que en la mayoría de los centros educativos habrá buena predisposición.

El análisis de la Fundació Jaume Bofill también propone actuaciones para blindar el papel de los padres en las escuelas. Una de las principales vías sería la de instar al Departament d'Ensenyament a que en sus decretos e instrucciones mantenga la necesidad de que el presupuesto y el proyecto educativo sean aprobados por el consejo escolar. En todo caso, continúa, el asociacionismo deberá ser más fuerte si las familias quieren tener voz y voto en las escuelas de sus hijos.

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