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Montoro ofrece 10.000 millones a las autonomías antes del nuevo modelo

EL PAÍS EL PAÍS 02/07/2015

© El País Los nuevos Gobiernos autonómicos constituidos tras las elecciones del 24-M han comprometido un importante incremento del gasto social y exigen un cambio del modelo de financiación autonómica para mejorar sus ingresos. El ministerio de Hacienda, que aplazó el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para hoy hasta que estén constituidos todos los Ejecutivos autónomos, promete para el próximo ejercicio mejorar la financiación en 10.000 millones respecto a 2015 como consecuencia del aumento de los ingresos del Estado.

El Ministerio de Hacienda calcula que las comunidades dispondrán en 2016, el primer ejercicio completo de los nuevos Gobiernos autónomos, de unos 10.000 millones de euros más que este año a cuenta del sistema de financiación vigente. Esa mejora es debida a la liquidación definitiva del ejercicio 2014, que cerró con mejores resultados de lo esperado, y a los anticipos de 2016.

No se trata por tanto de un regalo del Gobierno del PP a las autonomías en vísperas electorales sino de la estricta aplicación de la regla que fija la financiación autonómica en función de la evolución de la recaudación estatal de impuestos. En total, las autonomías dispondrán el próximo año de unos 95.000 millones de euros derivados del vigente sistema de financiación que la inmensa mayoría de los gobiernos quieren cambiar.

Las comunidades más pobladas y con mayor presupuesto, como Cataluña, Madrid o Andalucía, así como otras con múltiples dificultades de financiación, como la Comunidad Valenciana o Baleares, reivindican desde hace casi dos años una reforma a fondo del modelo de financiación.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy se negó a iniciar los trámites para cambiarlo pese a que lo reclamaban con insistencia autonomías gobernadas por el PP. Rajoy y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, argumentaron que esa medida no se podía aprobar en plena crisis económica, con los ingresos fiscales desplomados y con una imperiosa necesidad de reducir el déficit público. El ejecutivo central aplazó ese compromiso a 2016, tras las elecciones generales, porque la evolución prevista de los ingresos por recaudación de impuestos permitirá abordar entonces una reforma que mejore la financiación de todas las comunidades.

Con el modelo vigente, el aumento de los recursos del sistema en 2016 será una bombona de oxígeno para las comunidades porque tienen que reducir el déficit al 0,3% del PIB durante ese ejercicio, pero dispondrán de un presupuesto mayor como consecuencia de los ingresos estatales.

Tributos autonómicos

2016 será un ejercicio en el que los nuevos Gobiernos autonómicos prometen mejoras importantes en materia social con la contratación de miles de profesores y personal sanitario, más presupuesto para atender a dependientes o planes de emergencia social que suponen un notable incremento del gasto.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha advertido de que la reforma del sistema de financiación autonómico por la que apuesta el Gobierno del PP consistirá básicamente en un reordenamiento del sistema tributario sobre el que tienen competencia las comunidades. Montoro pretende homogeneizar el impuesto sobre sucesiones y donaciones, uno de los más complejos, revisar el de transmisiones patrimoniales y ofrecer competencias a las autonomías para establecer nuevos impuestos medioambientales en línea con lo propuesto por la comisión de expertos para la reforma fiscal.

El actual sistema de financiación fue aprobado en 2009 por el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero tras poner 11.000 millones de euros adicionales para el reparto entre las comunidades. Este modelo tenía que ser revisado en 2014, pero el Ejecutivo decidió retrasarlo por la cuestión catalana y la crisis económica.

Los expertos explican que la estructura básica del modelo, el llamado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), que distribuye el 80% de los recursos del sistema para que todas las comunidades puedan prestar de forma similar los servicios sociales, educativos y sanitarios, funciona correctamente. Además, respeta la ordinalidad [las regiones mantienen el mismo puesto en la clasificación de riqueza per cápita antes y después del reparto]. El problema surge con los otros fondos, de suficiencia y convergencia, que los académicos califican como “parches” que convierten en el sistema en un “Frankenstein”.


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