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Negociar desde la legalidad

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 05/10/2017 Javier Ayuso
Huelga general en Cataluña. Manifestación por el Paseo de Gracia. © Claudio Alvarez Huelga general en Cataluña. Manifestación por el Paseo de Gracia.

Nadie duda a estas alturas de que la única forma de buscar soluciones a la cuestión catalana es negociando y votando. Aunque las conversaciones y la consulta tienen que estar dentro de la legalidad constitucional. Todo lo demás son brindis al sol o propuestas tramposas como las planteadas hace dos domingos en Zaragoza por Podemos, Bildu y los independentistas. No se puede plantear un referéndum de independencia pactado por una sencilla razón: el derecho de autodeterminación no está en la Constitución. Salvo que se cambie la ley.

Tampoco es de recibo pedir, como ha hecho Pedro Sánchez, que el Gobierno de España y la Generalitat se sienten ahora a dialogar, sin que Carles Puigdemont dé marcha atrás, el Parlament declare no válidas las leyes aprobadas los días 6 y 8 de septiembre y se reconozca que el referéndum no tiene validez jurídica. Lo primero, antes de negociar, es restaurar el orden constitucional. A partir de ahí, se puede —incluso se debe— abrir una negociación amplia sobre todos los aspectos que puedan contribuir a restablecer las relaciones entre Cataluña y el resto de España.

El expresidente del Gobierno Felipe González (el político español que más tuvo que negociar en sus 13 años de mandatos consecutivos) suele contar lo que le sucedía con los sindicatos. La táctica sindical era sentarse a negociar poniendo encima de la mesa la situación, como si fuera una barra de salchichón. Antes de empezar, cortaban el salchichón por la mitad, se guardaban su parte y proponían negociar sobre la mitad del Gobierno. Así, en sucesivas conversaciones, los representantes sindicales se iban quedando con casi todo el embutido y el Gobierno con dos o tres lonchas escasas.

Esa parece que es la táctica de los independentistas menos radicales (que son minoría clara). El mensaje que están lanzando a Mariano Rajoy, a través de Soraya Sáenz de Santamaría, es: convencemos a Puigdemont para que no declare la independencia de Cataluña a cambio de sentarnos a negociar sobre la base de lo conseguido hasta ahora; es decir, sobre la parte del salchichón del Estado. Así no se llega a ninguna parte.

En lo que sí tienen razón muchos catalanes, incluidos los líderes del PSC, es en que el PP no ha dado ni un paso en los últimos años para buscar una solución negociada con el nacionalismo catalán y que esa falta de propuestas políticas ha engordado el independentismo mes a mes. Por eso, hoy es más necesario que nunca que el Gobierno y los partidos nacionales que se declaran defensores de la Constitución (PSOE y Ciudadanos) presenten una propuesta política sobre el futuro de Cataluña. O, por lo menos, que pongan encima de la mesa su voluntad de negociar con amplitud de miras.

No se puede perder de vista que el 47% de los votantes en las últimas elecciones autonómicas catalanas lo hicieron a favor de la coalición secesionista (Junts pel Sí) y sus aliados antisistema de la CUP. Los resultados del referéndum ilegal del domingo no son fidedignos por la falta de garantías pero existe un sentimiento creciente independentista en Cataluña que irá a más con la siguiente generación. Por eso, hay que tomarse en serio una negociación que modifique el marco de convivencia de todas las comunidades autónomas españolas. Y eso no se consigue sin una reforma de la Constitución.

Ya veremos hasta dónde se llega, pero 40 años es una edad razonable para que se puedan plantear cambios. Aunque no hay que perder de vista que esa reforma tiene que ser aprobada por todos los españoles, no es una locura plantear una o varias excepcionalidades para Cataluña, como de hecho existe con el País Vasco y Navarra.

Ayer, Alfredo Pérez Rubalcaba proponía en un artículo publicado en este periódico “constitucionalizar el Estatuto de Cataluña de 2006”, haciendo algunas modificaciones en la Carta Magna española. Esa y otras ideas se pueden poner sobre la mesa en una posible negociación.

Hay, sin embargo, un problema difícil de solucionar: quiénes pueden ser los interlocutores para esas conversaciones. Parece claro que aquellos que han vulnerado las leyes no puedan estar en la mesa de negociación; sobre todo, porque lo razonable es que queden inhabilitados en cuanto den el próximo paso de la declaración unilateral de independencia. Y ¿por el otro lado? Cada vez me cuesta más ver a Mariano Rajoy negociando con visión de futuro unas reformas en las que claramente no cree. O a Pedro Sánchez, que sigue moviéndose a impulsos, cada vez que los líderes de Podemos le afean la conducta.

Así que habrá que buscar políticos en los banquillos de todos los partidos. Seguro que los hay. Todo, menos caer en la broma de los mediadores internacionales o en el arbitraje del abad de Montserrat, que ha reinventado el nacionalcatolicismo en versión catalana y que prepara el palio bajo el que acudirá el futuro presidente de la república. Lo importante es diseñar un proyecto político nuevo y abierto que pueda invertir el sentido de la marcha de la mayoría de los catalanes. Sin olvidar que para que una negociación no fracase hay una palabra mágica: renuncia. Por ambas partes.

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