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Paisaje después de la batalla

Logotipo de El Mundo El Mundo 04/10/2017 ELISA DE LA NUEZ

Transcurrida la jornada del 1-O que pone el sello definitivo a la Transición iniciada con la Constitución de 1978 urge realizar una primera evaluación de los daños, que son cuantiosos. Como suele ocurrir, para que este enorme fracaso político tenga alguna utilidad es preciso que, como ciudadanos, saquemos lecciones para el futuro. El principal legado del 1-O es una enorme fractura -especialmente emocional- dentro de la sociedad catalana, pero también mucha confusión e incertidumbre para el resto de los españoles. ¿Es el Estado español todavía viable? ¿Cómo compaginar la vigencia del Estado de derecho con los necesarios acuerdos políticos para recuperar la convivencia? ¿Cómo conseguir que una clase política demasiado acomodada y cortoplacista reaccione con la altura de miras y la necesaria serenidad? ¿Cómo integrar en el discurso político una reflexión intelectual rigurosa sobre el futuro de los españoles? ¿Cuál debe de ser el papel de la sociedad civil, muy en especial de la catalana? Son muchas y muy complicadas cuestiones que no se van a resolver en un día y menos bajo los efectos traumáticos del 1-O. Por eso conviene reflexionar con serenidad.

Lo primero que conviene recordar es que esta escalada ha empezado con el desafío del Gobierno autonómico independentista con una muy precaria mayoría nacida de las elecciones del año 2015 que ha ido escalando su apuesta a partir sobre todo de la convocatoria del referéndum y del golpe al Estado de derecho que supuso la aprobación los días 6 y 7 de septiembre de sendas leyes que finiquitaban tanto la vigencia de la Constitución como del Estatuto de autonomía en Cataluña. A partir de ahí, ya todo era posible puesto que el propio Govern y la mayoría del Parlament catalán se situaban al margen del Estado de derecho y del ordenamiento jurídico vigente. Por tanto, la imprevisibilidad de su actuación desde un punto de vista jurídico es absoluta, porque la ley y el procedimiento ha sido sustituida por la voluntad política y la vía de hecho. Sin embargo, el impulso logrado el 1-O les permite -veremos por cuanto tiempo- mantener la única condición capaz de unir a la frágil mayoría independentista: empujar a la democracia española en general y al Gobierno del PP en particular a una reacción lo más agresiva posible. De esta forma se consigue el fortalecimiento de la imagen del enemigo exterior que es indispensable para todo nacionalismo, muy especialmente para los que no cuentan con una mayoría social clara y no disponen de elementos objetivos suficientemente diferenciadores (étnicos, religiosos, culturales, etc.) de suficiente entidad para generar la cohesión interna. La Historia está llena de ejemplos.

En este sentido, el independentismo ha logrado su objetivo con creces, aunque haya utilizado mensajes demagógicos equiparando urnas a "democracia" o fuerzas y cuerpos de seguridad actuando como policía judicial a "franquismo". Es cierto que puede resultar imprescindible el uso de la fuerza en determinadas ocasiones para mantener el imperio de la ley cuando las normas se incumplen, pero la pregunta obvia es la de si no había otros instrumentos en el Estado de derecho para evitar lo ocurrido el 1-O. En todo caso, la lección que debemos aprender es la de que lo que finalmente garantiza el cumplimiento del derecho no es otra cosa que el monopolio legítimo de la fuerza que detenta el Estado en un territorio. Es una realidad incómoda que a veces preferimos olvidar en nuestras modernas sociedades pero que las imágenes del 1-O nos han trasmitido con claridad.

En segundo lugar, la reacción del Gobierno del PP ha sido -una vez más- la de refugiarse en la vía judicial y la Fiscalía y no utilizar otras herramientas jurídicas que tenía a su alcance para evitar el indudable coste político que su utilización le podía suponer. Lo que puede ser comprensible con un Gobierno en minoría y sobre todo con un presidente cuya legitimidad está lastrada desde años por los escándalos de corrupción de su partido en la época en que él lo dirigía y que incluso le han llevado a tener que declarar como testigo en un caso de corrupción. Pero el que sea comprensible no quiere decir que no haya sido un enorme error político. Seguramente Rajoy confiaba excesivamente en su capacidad de desmontar la logística de un referéndum que, realizado con una mínima seriedad, resulta bastante compleja. Pero una vez que el Govern se sitúa voluntariamente al margen de la ley el recurso a la vía judicial se convierte en una carrera imposible de ganar, por la sencilla razón de que las ilegalidades se multiplican y siempre se reacciona después. Los tiempos judiciales y los tiempos políticos son distintos y judicializar los problemas políticos equivale a renunciar a la previsión y al manejo de los tiempos que son la esencia de la política. Por tanto, política y Estado de derecho tienen que ir siempre de la mano porque se necesitan mutuamente, la primera para dotarse de legitimidad democrática y el segundo para dotarse de la necesaria estrategia.

Desmontar a base de resoluciones judiciales la logística de un referéndum ilegal sin garantías, ni censo, ni sindicatura electoral solo puede ser una victoria temporal. Permite cumplir la ley pero te deja en el mismo punto de partida porque no permite avanzar políticamente y porque las ilegalidades se van a seguir sucediendo. Pero es que además una vez que se apela al poble para llenar las calles con gente haciendo colas para votar el problema ya es básicamente de orden público. Con el agravante de que son los ciudadanos y no los dirigentes que los han invitado a rodear los colegios electorales los que sufren la fuerza que se aplica para impedírselo, con lo que eso supone.

La realidad es que la vía judicial del Gobierno de Rajoy ha cosechado un sonoro fracaso, puesto que ni ha impedido que haya algún tipo de votación, con lo que demuestra su incompetencia, y porque las cargas policiales facilitan el discurso independentista tanto dentro como fuera de España, eliminando los aspectos reaccionarios y xenófobos y poniendo el acento en la buena gente a la que se le prohíbe votar a golpes. Con el problema añadido de que el coste político lo paga la democracia española, dada la identificación del Gobierno del PP con el Estado español realizada torticeramente por los independentistas, con la colaboración de una parte de la izquierda que oscila entre ingenua y aprovechada. Todo esto perjudica gravemente la imagen de nuestro Estado democrático de derecho que si bien es mejorable no es comparable ni con el Estado franquista ni con otros Estados de la Unión Europea en plena deriva autoritaria, como el polaco o el húngaro y mucho menos con el de países de fuera de la Unión Europea, como el turco. En ese sentido, las comparaciones son odiosas y profundamente injustas.

En tercer lugar, ni el Gobierno, ni los partidos constitucionalistas tampoco han sabido desmontar el relato independentista no ya durante este último mes -lo que sí se ha hecho desde la sociedad civil y desde los medios de comunicación con la colaboración de algunos políticos ya retirados- sino durante los años anteriores. Esto llama poderosamente la atención, dado que el cúmulo de falsedades y de inexactitudes acumulado por el independentismo, además de su carácter profundamente reaccionario, es bastante impresionante y, por tanto, debería resultar tan sencillo de desmontar como las mentiras del Bréxit o las de Trump. El silencio resulta difícil de entender y quizás la única explicación sea -de nuevo- un cálculo político erróneo o electoralista sobre la conveniencia de mantener un perfil bajo frente al desafío independentista. Cierto es que la responsabilidad es compartida entre los dos grandes partidos que han tenido que contar con apoyo nacionalista para gobernar en Madrid, lo que les ha llevado a cerrar muchas veces los ojos ante realidades poco presentables como la progresiva ocupación de todas y cada una de las instituciones por los nacionalistas y la utilización de tácticas populistas de movilización social, empezando por la tradicional de la propaganda a través de los medios públicos. Quizás porque también ellos han encontrado muy interesante la ocupación y uso partidista de las instituciones durante muchos años.

Dicho lo anterior, y aunque estos días resulta un tanto difícil decirlo hay que mantener la calma y empezar a reconstruir los puentes, tarea siempre más difícil y más lenta que la de volarlos. Con serenidad, con generosidad, con empatía y con imaginación habrá que buscar soluciones y aprender de este fracaso colectivo. Fracaso político, pero también fracaso de la sociedad española que teniendo de sobra los recursos necesarios para superar esta crisis sólo ha dado un paso al frente en los últimos días ante la inminencia de una catástrofe anunciada. Han sido numerosos y acertados los análisis, reflexiones, artículos, manifiestos y convocatorias que hemos realizado estos días; pero reconozcamos que hemos tardado un poco en darnos cuenta de lo que se nos venía encima, con especial mención para los catalanes no independentistas. Todos hemos sido un poco como Mariano Rajoy; hemos preferido mirar para otro lado. Ahora ya no se puede.

© Proporcionado por elmundo.es

Toca comenzar un nuevo ciclo aprendiendo de nuestros errores, como hacen las sociedades mayores de edad y poner las bases de un futuro mejor para todos. Conviene, además, que como los ciudadanos maduros en los que nos toca convertirnos no esperemos a que nuestros problemas nos los resuelvan desde arriba los mismos que nos han traído hasta aquí. Aportemos nuestro talento, experiencia, paciencia y sensatez para construir juntos un nuevo marco de convivencia que sin llegar a ser el ideal para nadie sea suficiente para todos. Ese es el enorme reto al que nos enfrentamos.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado, coeditora de ¿Hay Derecho? y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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