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Piden imputar a altos cargos de la Junta por el ERE de Altadis

Logotipo de El Mundo El Mundo 07/06/2014 A. SALVADOR / S. TORRES

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez Mercedes Alaya que amplíe los cargos contra seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía y cite a declarar en calidad de imputados al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y a otros directivos, tanto de este sindicato como de CCOO, por irregularidades en las ayudas públicas asociadas al ERE de Altadis. Éstas han supuesto un desembolso para la Administración andaluza de 22,32 millones de euros.

En un escrito fechado el pasado día 5, los fiscales asignados al caso ERE piden a la instructora que practique diversas diligencias en relación con los expedientes de ayudas que otorgó la Consejería de Empleo con cargo al fondo de reptiles para sufragar las indemnizaciones por despido de los trabajadores afectados por el ERE. Ese apoyo se materializó tras el plan de ajuste que Altadis diseñó para sus centros de producción en Andalucía (Sevilla y Cádiz) en 2003.

Los términos del acuerdo se plasmaron en un documento que el 3 de diciembre de 2004 firmaron la representación sindical -Francisco Fernández Sevilla y Blanca Uruñuela por UGT, y Antonio Perianes y Francisco Figueroa por CCOO-, la dirección de Recursos Humanos de Altadis -José Luis Relea- y el entonces director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero.

El Ministerio Público solicita ahora que la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla llame a declarar con presencia de abogado a los firmantes del referido acuerdo de bases -Guerrero es el único imputado de los cinco- «por su presunta participación en los hechos». Éstos podrían ser constitutivos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad.

También insta a Alaya a que vuelva a citar como imputados a los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera; al ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) Miguel Ángel Serrano; al actual director de este organismo, Antonio Valverde, y a la ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa.

También reclama el fiscal que la magistrada dé traslado de las actuaciones a los sindicatos UGT y CCOO y a Altadis -adquirida por el grupo británico Imperial Tobacco en 2008- «en concepto de terceros civiles responsables».

Anticorrupción se basa en las conclusiones del informe pericial realizado a instancias de Mercedes Alaya por la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) para reclamar estas diligencias. En 24 folios, los peritos detallan hasta 22 irregularidades distintas en este expediente.

Entre las personas que Anticorrupción quiere que se les llame a declarar como imputados está Francisco Fernández Sevilla, que tuvo que dimitir como secretario general de UGT en Andalucía a finales del pasado mes de diciembre tras el escándalo de las facturas falsas. La participación de Fernández Sevilla en los acuerdos de Altadis se justifican por su entonces condición de secretario general de la Federación Agroalimentaria del sindicato en la comunidad.

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