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Podemos quiere que la Cámara de Cuentas pueda imponer multas de hasta 60.000 €

Logotipo de Cadena SER Cadena SER 03/10/2017 Javier Bañuelos

Desde hace 18 años nadie tocaba la Ley madrileña que diseñó las funciones de la Cámara de Cuentas. Desde 1999, este organismo dependiente de la Asamblea de Madrid se dedica a fiscalizar a las entidades públicas madrileñas, pero la Cámara de Cuentas se ha quedado “obsoleta”, según el diagnóstico político que hace Podemos.

La formación morada ha diseñado una Proposición de Ley para “modernizar” la Cámara de Cuentas, concederle más herramientas para “mejorar su fiscalización” y “garantizar la pluralidad e independencia de sus consejeros”. Esos son los ejes centrales de la norma que la Asamblea de Madrid tendrá que estudiar este jueves, será el Pleno el que decida si la someten o no la toma en consideración – por ahora, el único grupo que anuncia su voto en contra es el Partido Popular-.

Podemos lleva tiempo denunciando que la Cámara de Cuentas no funciona como debe. Y menos, dicen, con el actual presidente, Arturo Canalda al que han intentado cesar sin éxito, por su implicación en la expansión del Canal de Isabel II por América Latina, y porque su control sobre el Canal falló, tal y como insinuó el propio Canalda.

© Proporcionado por Cadena SER

La gran novedad que contempla esta Proposición de Ley es la opción de castigar la falta de colaboración por parte de las personas físicas o jurídicas que entorpezcan el trabajo de la Cámara de Cuentas. Según se recoge en esta norma “la falta de colaboración reiterada u obstrucción de acceso a datos” podrá ser sancionada con “multas coercitivas”, que irán desde los 6.000 hasta los 60.000 euros.

Hay quienes tienen dudas de la legalidad de esa atribución sancionadora que Podemos quiere dar a la Cámara de Cuentas. La Inspección General del Estado – dependiente del Ministerio de Hacienda - de "oficio", según la Comunidad de Madrid ha emitido un informe desfavorable. En ese informe fechado el pasado 2 de junio, al que ha tenido acceso la SER, la Inspección General dice que es “llamativa la incorporación de facultades sancionadoras a la Cámara de Cuentas”, pero sorprende que su único argumento para oponerse es que se otorga una función sancionadora de la que “carece el Tribunal de Cuentas" – de ámbito estatal-.

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Para Podemos ese informe de la Insepección General del Estado no tiene ningún tipo de credibilidad, "el informe es antirreglamentario e ilegitimo, ni siquiera tiene firma ni sello de salida. Es una abominación democrática que el poder ejecutivo central trate condicionar al poder legislativo autonómico, otra muestra de cómo el PP pone a las instituciones al servicio de su partido", ha criticado el diputado de Podemos, Miguel Ongil.

Vigilar el patrimonio de los altos cargos públicos

En la nueva norma que ha diseñado Podemos se recoge un artículo específico para la “prevención de la corrupción”, con ese objetivo proponen ampliar el rango de actuación del Cámara de Cuentas, por ejemplo con la fiscalización de la “evolución de los bienes patrimoniales de las personas que ocupan altos cargos en el sector público autonómico”. Podemos también quiere ampliar el ámbito de actuación de este organismo a todas las empresas pública "que tengan a su cargo o manejo de fondos públicos del sector público de la Comunidad de Madrid". El objetivo de la formación morada es evitar que se repitan situaciones, como ocurrió por ejemplo, con las filiales del Canal de Isabel II que no pudieron ser auditadas, de hecho, la propia Cámara de Cuentas recomendó ampliar las inspecciones a las empresas con fondos públicos madrileños que tengan su domicilio social fuera de la Comunidad de Madrid.

En ese capítulo, Podemos quiere incluir inspecciones para auditar las cuentas de las formaciones políticas y de sus fundaciones “porque reciben subvenciones”. Este capítulo también genera dudas a la Inspección General del Estado porque podría generar “duplicidades de controles”, por ejemplo, en el caso de las fundaciones de partidos políticos que reciban subvenciones, que en teoría ya son fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas.

Podemos también quiere reducir el número de consejeros y cambiar el sistema de designación del Presidente – además de los motivos para poder acodar su cese-. Los consejeros se elegirán por “mayoría cualificada” y “habrá un máximo de dos vetos por Grupo parlamentario”. La intención de Podemos es generar un organigrama “plural e independiente”. Sin embargo, la Inspección General del Estado hace otra lectura, “ese mecanismo de selección de consejeros puede contribuir a disminuir la independencia de los elegidos”, y también entienden que “afecta a la profesionalidad” porque “no se exige ningún requisito que supongan conocimientos adecuados para el desempeño de los cargos”.

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