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Priapismo separatista con fecha de caducidad

Logotipo de El Confidencial El Confidencial 02/10/2017 Antonio Casado
Un grupo de personas votan en el instituto Moisés Broggi de Barcelona. (EFE) © EFE Un grupo de personas votan en el instituto Moisés Broggi de Barcelona. (EFE)

Superando la aversión que me produce el toque pedante de la frase, admito que el 'procés' ha ganado la batalla del relato. Lógico. La revuelta independentista tiene corazón y el Estado no. Puigdemont ha jugado con las emociones de su gente en irresponsable malversación de voluntades, mientras que Rajoy, incapaz de moverse en ese terreno, se ha limitado a poner en marcha la fría maquinaria del Estado, cuyos servidores tiran de protocolo, se guían por la previsibilidad de la ley y dejan el corazoncito en casa cuando hacen su trabajo.

Pero el priapismo independentista tiene fecha de caducidad, pues todo lo que sube, baja. Y después de la movilización viene la desmovilización en una sociedad catalana con aversión al caos y la inseguridad jurídica. Así que la huelga general, el papel de vírgenes ofendidas, el llanto de Piqué, las pruebas gráficas de la España opresora, la resurrección de Franco, el Barça a puerta cerrada, la confiscación de las urnas-basura, la “guerra de Cataluña” en las portadas de la prensa extranjera y los heridos de la jornada se irán perdiendo en los nuevos escenarios que se avecinan tras el fallido referéndum.

Los heridos de la jornada. Esa es otra. Ya que no puede contar los votos de una jornada electoral caótica, absurda, sin garantías, al independentismo le compensa contar los heridos. Cuantos más, mejor. Es lo más rentable ante el mundo que nos mira. Poner la violencia estatal por delante de cualquier argumento es un insolente modo de esconder el ridículo que han hecho los agitadores del 1-O.

La imagen de una carga policial vale más que mil palabras sobre la chapuza electoral de este domingo y, peor aún, sobre la responsabilidad histórica contraída por quienes han querido chantajear al Estado haciendo creer a sus seguidores que el Estado bajaría los brazos y no se defendería. Pero eso tenía las patas muy cortas frente a la fuerza de la democracia y el principio de autoridad. No ejercerlo hubiera supuesto dejar a los ciudadanos expuestos al chantaje de unos aventureros de la política.

Desactivar una aberrante hoja de ruta, incubada al margen de la razón, la ley y el sentido común, era un deber de Estado, aunque con ello se ganase el reproche de haberse excedido en la desactivación del reto. Es la parte del relato que, a los ojos del mundo, hoy cae del lado independentista. En todo caso, más alto hubiera sido el coste de la debilidad o la impotencia frente al chantaje de una determinada facción política.

Y después del 1-O vino el 2-O. Ya está aquí, abierto a un tiempo con cuatro dinámicas inevitables. Una, la frustración de miles de catalanes que se creyeron lo prometido por Puigdemont y sus costaleros. Dos, el victimismo que los independentistas no dejarán de utilizar como palanca de nuevos intentos. Tres, reactivación de la maquinaria judicial contra los responsables de los presuntos delitos cometidos. Y cuatro, reactivación de las vías políticas, con probable convocatoria de elecciones formalmente autonómicas que rehagan la orografía parlamentaria de Cataluña e impliquen a sus principales actores en una negociación a varias bandas para resolver, o al menos encauzar, el llamado conflicto catalán. Es la promesa del presidente del Gobierno en su comparecencia de anoche. Seguramente en el marco de una revisión del Estado de las autonomías, como se espera de la comisión parlamentaria propuesta por el PSOE y aceptada tanto por el PP como por Podemos.

La esperanza habita en la cuarta de esas dinámicas. Aunque las cuatro van a tejer la actualidad política catalana en el tiempo que comienza hoy, cuando los cuatro principales lideres nacionales ya tratan de sobrevolar lo ocurrido para recolocarse en la lucha por La Moncloa. Algunos, por desgracia, ya lo han venido haciendo en pleno desafío de la Generalitat al Estado, olvidando que el desafiado no era Rajoy sino lo que representa.

¿Unidad de España, autogobierno, integridad territorial, pacto fiscal, separatismo, Constitución…? Era y es la democracia, estúpido. Lo que ha interpelado a la gente de mi generación en las tres únicas ocasiones en las que el abajo firmante ha subordinado su condición de periodista a una causa superior: la recuperación de las libertades en 1978, la intentona golpista del 23-F de 1981 y el 1 de octubre de 2017.

No sé si me explico.

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