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Rebelión contra el impuesto al sol: las CCAA que plantan cara al Gobierno

El Confidencial El Confidencial 19/08/2016 R. Pérez

Hace ya más de 8 meses que el Real Decreto 900/2015 que regula el autoconsumo eléctrico en España instauró el llamado impuesto al sol y de momento nadie lo está pagando, porque no saben cómo. El texto impulsado por el Ministerio de Industria aplazaba a desarrollos posteriores la explicación de cuál sería esa nueva tasa y cómo debería abonarse. Entre la polémica creada tras el RD y la parálisis política, esos desarrollos aun no han llegado.

Mientras tanto, algunas comunidades autónomas han continuado con la oposición a la norma que mostraron antes de su aprobación, llevándola ante los tribunales u oponiéndose a ella por la vía legislativa. De una u otra forma, Aragón, Cataluña y Murcia están peleando contra el impopular decreto.

Aragón ante el Supremo

Aragón fue la primera. Apenas unos días después de que la norma fuese aprobada por el Consejo de Ministros, representantes de la CCAA, gobernada por Javier Lambán, del PSOE, anunciaban que la recurrirían ante el Tribunal Supremo, que admitió a trámite el recurso. 

Javier Lamban, presidente de Aragón, y Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, durante la inauguración del embalse de San Salvador, en Albalate de Cinca (Huesca).- EFE/Javier Cebollada © Proporcionado por El Confidencial Javier Lamban, presidente de Aragón, y Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, durante la inauguración del embalse de San Salvador, en Albalate de Cinca (Huesca).- EFE/Javier Cebollada

El gobierno de Aragón basó ese recurso en que la nueva norma suponía un conflicto de competencias, al impedir que la CCAA estableciese su propia política energética y que vulneraba la seguridad jurídica de los ciudadanos ya que no establecía cómo se iban a calcular las nuevas tasas, que además se imponían con carácter retroactivo. 

Cataluña ante el Constitucional

Cataluña tomó otra vía. En febrero, el ejecutivo presidido por Carles Puigdemont recurría el RD del gobierno ante el Tribunal Constitucional “por invasión de competencias”. 

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante la sesión de control en el Parlament de Cataluña (Foto: EFE) © Proporcionado por El Confidencial El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante la sesión de control en el Parlament de Cataluña (Foto: EFE)

“El 'Govern' considera que la actual redacción de este RD, con el pretexto de ser una regulación vinculada al régimen económico del sector eléctrico, invade competencias de desarrollo normativo de este sector reservadas a la Generalitat, y reserva para el Estado algunas competencias ejecutivas que ya han sido asumidas por la Generalitat, tales como la creación y gestión de un registro de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica”, informaba el gobierno catalán. 

Pero no es solo la Generalitat la que se opone en Cataluña a esta norma. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha expresado en más de una ocasión su intención de impulsar el autoconsumo en la ciudad. Entre otras cosas, creará su propio registro de instalaciones, dispondrá de presupuesto para fomentar la colocación de placas solares en las comunidades de vecinos y creará una empresa pública municipal dedicada a la compraventa de la energía excedente producida por los barceloneses. En total, dedicará a este fin unos 130 millones de euros de aquí hasta 2019, según informa Vozpópuli

Murcia con su propia norma

El tercer frente abierto en esta batalla se encuentra en Murcia, donde el gobierno central mantiene un pulso judicial con el gobierno autonómico (también del Partido Popular) a cuenta de una norma de carácter autonómico, anterior al RD y que lo contradice en algunas de sus disposiciones. El asunto se encuentra en manos del Tribunal Constitucional.

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sanchez Lopez (Foto: EFE) © Proporcionado por El Confidencial El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sanchez Lopez (Foto: EFE)

La comunidad presidida por Pedro Antonio Sánchez López puso en marcha su propia ley de autoconsumo en abril de 2015 con el objetivo de impulsar esta opción en una de las CCAA con más horas de sol al año. En octubre, el Gobierno aprobó la suya, de rango superior y más restrictiva, pero Murcia mantuvo la suya en vigor, lo que desembocó en el conflicto judicial: el Gobierno pidió la derogación de la norma murciana ante el Tc por considerarla inconstitucional, y el TC lo admitió a trámite, imponiendo una suspensión cautelar de seis meses.

Pasados los seis meses, en mayo de 2016, terminaba la suspensión y, a pesar de que el gobierno central pidió que esa suspensión se mantuviese, el TC lo desestimó y volvió a dar vigor a ley de Murcia. A la espera de que el Constitucional tome su decisión final, algo que puede tardar un par de años, la ley de autoconsumo murciana se mantiene.

Vía para reclamar indemnizaciones

Esta decisión ha abierto una vía preocupante para el gobierno central, más allá del desafío legal: en un informe aportado por el Ministerio de Industria para justificar su petición, avisa de que los proyectos de autoconsumo nacidos bajo la ley murciana, más favorable, podrían reclamar indemnizaciones por “riesgos patrimoniales” si luego esa ley desaparece, abriendo a su vez la puerta a todos los autoconsumidores españoles que pusieran en marcha sus proyectos bajo condiciones legislativas más favorables. 

De hecho, ya existe un movimiento para animar a los autoconsumidores que tuviesen sus instalaciones en marcha y en regla antes de la aprobación del RD a reclamar indemnizaciones ante el Ministerio de Industria por los gastos derivados del cumplimiento de el decreto. "En el caso de las instalaciones existentes con anterioridad al Real Decreto, este derecho es aún más evidente, ya que construyeron en baso a una norma no recurrida y en un escenario en el que no había RD aún. Por tanto, no podía prever que serían obligados a 'reautorizar' sus instalaciones. Por ello, consideramos que es recomendable emprender una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Ministerio, solicitando una indemnización equivalente a los costes incurridos para la adaptación al RD", explica Holtrop, bufete de abogados especializados en energías renovables. 

Todo esto durante un año en el que el Gobierno no ha continuado con el desarrollo de RD, y con la promesa de las demás fuerzas políticas de derogarlo en cuanto tengan la ocasión de hacerlo. Esto sumado a los recursos interpuestos por distintas organizaciones a favor de las energías renovables y la rebelión de las Comunidades Autónomas pinta un futuro muy negro para una norma muy polémica. 

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