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República y secesionismo

Logotipo de El Mundo El Mundo 28/09/2017 LUIS MARÍA ANSON

Luis Companys, presidente de la Generalidad, proclamó el 6 de octubre de 1934 el "Estado catalán". La República, no la dictadura ni el fascismo, reaccionó de forma fulminante, declarando el Estado de Guerra. El presidente del Gobierno, Alejandro Leroux, que había destacado a lo largo de su carrera política por un tenaz antimilitarismo y un izquierdismo radical, ordenó al general Batet que, conforme a la Constitución, interviniera militarmente en el intento de golpe de Estado. El conflicto se resolvió a cañonazos. Hubo muertos de uno y otro lado. Batet detuvo al presidente del Parlamento, al presidente de la Generalidad y a todo su Gobierno, salvo al consejero de Gobernación, Josep Dencás, que se escapó valerosamente por las alcantarillas de la plaza de San Jaime. Puestos los detenidos a disposición judicial, fueron condenados por sentencia firme de 31 de mayo de 1935 a 30 años de prisión mayor y permanente inhabilitación. Se produjo también la suspensión total de la autonomía de Cataluña.

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Así reaccionó el Gobierno de la República, presidido por un icono de la izquierda, ante la tropelía de Companys, a pesar de que no proclamó la independencia sino el Estado catalán "dentro de la República Federal española". Lerroux actuó sin medias tintas, sin veladuras ni tapujos. Con contundencia.

Alejandro Nieto, en su gran libro La rebelión militar de la Generalidad de Cataluña contra la República, explica minuciosamente todo lo que aconteció aquellos días del mes de octubre de 1934. Asegura con datos fehacientes que la mayoría de los alcaldes se habían adherido a Companys. Explica que hubo resistencia, que se produjeron varias docenas de muertos y más de un centenar de heridos, y que el general Batet ordenó a los artilleros que dispararan los cañones contra el palacio de San Jaime, sede de la Generalidad, y contra el edificio del Ayuntamiento. Vencida la resistencia a cañonazos, en menos de diez horas quedó desbaratado el golpe de Estado.

En mi opinión, y en la de varios expertos a los que he consultado, no será necesaria ahora la intervención del Ejército, prevista, por cierto, en el artículo 8 de la Constitución. Si las cosas no se complican, el referéndum quedará en una caricatura que provocará la risa de las cancillerías extranjeras. Si Puigdemont persiste en su maniobra y declara la independencia de Cataluña el 3 o el 4 o el 6 de octubre, como tiene programado, la Guardia Civil le detendrá a él y a sus consejeros, así como a la presidenta del Parlamento y, con el apoyo de los partidos constitucionalistas, suspenderá parcialmente la autonomía de Cataluña.

Salvo circunstancias extremas, Carlos Puigdemont, Oriol Junqueras y el pobre Arturo Mas tienen perdido el órdago secesionista. Pero la partida no está ganada para los constitucionalistas. Errores gravísimos acumulados durante 40 años por los Gobiernos de la nación, y de manera muy especial por los de Zapatero y Rajoy, han creado una situación que no se puede resolver en unos días ni en unos meses. Los partidos constitucionalistas, con el respaldo del pueblo español y, por lo tanto, del catalán, deben poner en marcha una operación a medio y largo plazo que devuelva las aguas desbordadas a sus cauces. Tras el 1-O habrá que dialogar y negociar, atendiendo a los independentistas para devolverles políticamente a la moderación ahora perdida.

Luis María Anson, de la Real Academia Española

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